José Ignacio fue secuestrado cuando se dirigía a un restaurante para comer con su familia. Unas cinco horas más tarde, su esposa recibió una llamada desde su teléfono celular: “soy el licenciado Arellano, escuche bien porque tengo secuestrado al señor José”.
Era el 28 de noviembre de 2017. La banda criminal que raptó al empresario capitalino opera desde hace más de una década en la parte alta de Tlalpan, al sur de CDMX.
Según la carpeta FAS/E/UI-2C/D/1523/11-2017, fueron 17 días de negociaciones infructuosas y angustia para sus familiares. Tras denunciar ante la Procuraduría, se exigieron pruebas de vida de la víctima de 53 años de edad, pero nunca hubo nada.
José Ignacio jamás volvió a casa. Fue asesinado por sus captores pese a que se acordó el pago de 700 mil pesos, unos caballos y un terreno.
El 14 de diciembre de ese año, agentes antisecuestros montaron un operativo para detener a dos integrantes del grupo delictivo. Cerca de la carretera Picacho Ajusco fueron ubicados y se desató un tiroteo. Un secuestrador fue lesionado y el otro capturado.
Desde entonces las investigaciones parecían “congeladas”, hasta que el pasado 16 de junio agentes de Investigación dieron con el “cerebro” detrás del plagio: se trata de Mario Alberto S. “El Licenciado”, dueño de la casa de seguridad donde la víctima estuvo en cautiverio. Por él pesaba una orden de arresto, pero se había escabullido por casi 18 meses.
De traje, corbata y zapatos italianos, el hombre de 54 años de edad acudió a una misa en la Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, en la colonia Vista Alegre, Tlalpan. Era en honor a sus padres fallecidos y el sospechoso se sentó hasta el frente del recinto. El padre estaba por concluir la homilía cuando los agentes irrumpieron y detuvieron a “El Licenciado”. Como tenía orden de arresto, fue llevado inmediatamente al Reclusorio Oriente, donde se abrió un proceso por secuestro agravado.
Otros dos presuntos cómplices están esperando sentencia también.
Acorde con estadísticas de la PGJ, de diciembre de 2018 a mayo de este año, se iniciaron 35 carpetas por secuestro, con 38 víctimas.
De esas 38, 31 fueron liberadas tras pago de rescate, mientras 3 fueron asesinadas y 4 aún están cautivas o sin evidencia de su paradero.