CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota)- A un día de que venza el plazo para dejar listo el dictamen de la primera Constitución de la Ciudad de México, y ya con más del 90 por ciento de sus artículos aprobados, la Asamblea Constituyente logró destrabar el tema del desarrollo urbano y las obligaciones de las empresas inmobiliarias, aunque con matices.
Y es que si bien en los numerales 4 y 7 del apartado C del artículo 21 se establece que los inmobiliarios deberán cumplir con medidas para mitigar y minimizar los impactos sociales y económicos de sus desarrollos, no quedó plasmada la obligación expresa para impedir la exclusión y expulsión de residentes afectados con sus construcciones, como lo proponía el proyecto de dictamen.
“El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el interés público. Las autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar sus impactos.
“Así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a las urbanas, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y a los bienes comunes públicos”, señala el texto aprobado este lunes en la Asamblea Constituyente.
Los constituyentes de Morena Jaime Cárdenas, Irma Sandoval y Mayela Delgadillo expresaron su inconformidad con esa redacción porque dejó fuera la disposición expresa de impedir la segregación social.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible en la Asamblea Constituyente, Enrique Provencio, reconoció que el texto aprobado no garantiza el control de los desarrollos urbanos, pero sí procura que se minimicen sus impactos.
El tema del desarrollo urbano había generado polémica desde la redacción del proyecto de Constitución enviado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera – y elaborado por su equipo de notables-, debido a que incluía el término plusvalía.
A finales del año pasado, esa propuesta generó temor en propietarios de inmuebles beneficiados con mejoras en su entorno urbano porque suponía el pago de un impuesto adicional.
A partir de la polémica, la redacción original del proyecto de Mancera tuvo que ser modificada en la comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Constituyente, donde fue eliminada la figura de plusvalía.
Sin embargo, en la propuesta de dicha comisión se mantuvo la obligación de los desarrolladores inmobiliarios a cumplir con contribuciones especiales por las mejoras urbanas.
El paquete de artículos relacionados con el capítulo de Desarrollo Sostenible fue discutido y aprobado el 13 de enero, pero el panista Roberto Gil Zuarth planteó reservas a los numerales del artículo 21 relativos al tema de las contribuciones de los desarrolladores inmobiliarios y a gravámenes a la propiedad inmobiliaria ociosa.
Desde el 13 de enero, la discusión de numerales del apartado C del artículo 21 y las reservas planteadas por Gil Zuarth, habían sido postergadas.
Fue la madrugada de este lunes cuando el asunto se enlistó en el orden del día de la sesión que inició la tarde-noche del domingo, pero de nuevo se pospuso su discusión hasta este lunes, ya que no había acuerdo respecto de cómo quedarían las obligaciones de los desarrolladores inmobiliarios.
Tras ser redactado nuevamente el texto y consensuado entre los diferentes grupos parlamentarios, se acordó incluir en el apartado C que Ley local en la materia regulará la obligación de los propietarios de desarrollos inmobiliarios a pagar una compensación monetaria para mitigar el impacto urbano y ambiental.
“(Lo anterior) a fin de contribuir al desarrollo y mejoramiento del equipamiento urbano, la infraestructura vial e hidráulica y el espacio público.
“La ley establecerá las fórmulas y criterios para la aplicación de dichos ingresos en las zonas de influencia o de afectación, en condiciones de equidad, transparencia y rendición de cuentas”, señala el numeral 7 del apartado C, del artículo 21, aprobado esta noche.
El texto final avalado por el Pleno del Constituyente ya no ameritó más debate, aunque también quedó fuera de la futura Carta Magna local la propuesta de aplicar gravámenes a la propiedad inmobiliaria ociosa.
Tras concluir con las reservas que tenían encorchetadas, los constituyentes pasarán a la aprobación de 39 artículos transitorios, donde se definirán los plazos y tiempos en que entrarán en vigor las diferentes disposiciones establecidas en la futura Constitución capitalina.
La intención de los legisladores es aprobar los transitorios en el transcurso de esta noche, para remitir de inmediato el documento a la mesa de armonización y declararlo terminado este martes 31 de enero.
mlr