El 30 de agosto el Congreso capitalino, un día antes de que concluyera la primera legislatura, sesionó de manera extraordinaria para aprobar cambios de uso de suelo de predios en diferentes alcaldías, y realizar modificaciones en la norma 26 de vivienda, lo que causó la alerta de activistas en materia de vivienda, ya que consideran que habrá un impacto negativo para la ciudad.
La activista Josefina McGregor, de la organización Ruta Cívica, dijo a La Silla Rota que las autorizaciones fueron hechas fast track, no se consideraron los programas de desarrollo de las alcaldías, tampoco el impacto que causarán en materia de servicios, además que algunos son riesgosos, como los de la calle Querétaro, número 214, en la Roma Norte, Cuauhtémoc y el de Minería, 145, en la Escandón, Miguel Hidalgo.
Además, no estaban sustentados con alguna consulta a los vecinos, ni por las alcaldías o la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, afirmó.
Respecto a la modificación a la Norma 26, para la construcción de vivienda de interés social, alertó que se abre la puerta para que luego se puedan vender, pasados 5 años, lo que hará que no sean para los sectores con menores recursos, como debería ser.
LOS CAMBIOS
En la última sesión extraordinaria de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad, se votó por el cambio de uso de suelo de los siguientes predios:
El ubicado en Viaducto Río Becerra número 396, colonia Escandón, II Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, el cual será habitacional mixto, de 12 niveles máximos de altura, para un máximo de construcción de 580 unidades de vivienda, así como permitir el uso del suelo de talleres de investigación y diseño en una superficie de construcción de 2 mil metros cuadrados, dentro de la superficie máxima de construcción permitida de 42 mil 042.94 metros cuadrados.
Otro en la Escandón es el de Minería, 145, colonia Escandón, Miguel Hidalgo, donde también se autorizó la construcción de 12 niveles, 120 unidades de vivienda, así como permitir los usos del suelo de talleres de investigación y diseño, en una superficie de construcción de 3 mil metros cuadrados y además un hotel en una superficie de construcción de 13 mil 898.26 metros cuadrados, dentro de la superficie máxima de construcción permitida de 62 mil 755.20 metros cuadrados.
Otros son los de Abraham González, número 45, el de Versalles 28 y el de General Prim 55, todos en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
El de Eje 2 Sur, calle Querétaro, número 214, en la Roma Norte, Cuauhtémoc y
LOS PEROS
McGregor se refirió a las aprobaciones fast track de cambio de uso de suelo, votadas por el Congreso capitalino.
“A mí me pareció una sesión donde la constante fue la falta de apego a los procedimientos legislativos. Si se presentó el dictamen a tiempo bien, y si no también, y si traía firmas o no, igual y no venían soportados por las alcaldías o la PAOT.
“Les daba lo mismo, era como un mandato, no importaba si los procesos se violentaron, y me llamó la atención que preguntaban quien estaba en contra y alzaban la mano, a favor, nadie lo hacía, nadie podía sustentar lo que estaban haciendo”, explicó sobre el desarrollo de la sesión.
Agregó que al considerar los cambios de uso de suelo, entonces se autorizarán pisos de más, sin considerar los programas delegacionales, en zonas de conservación o patrimoniales.
“Es una feria inmobiliaria, un desaseo absoluto, casi de decir ‘vengan por el uso de suelo que quieran, se los aseguramos. Una falta de conocimiento de los diputados para discutir, se ve que no entendieron el tema y tendrá un efecto negativo para toda la ciudad, porque estamos hablando de miles y miles de metros autorizados.
“Me llamó la atención algunos predios ubicados en zonas riesgosas como cuando hablamos del de Minería, el de la calle de Querétaro, en la Roma norte, en suelo peligroso, falta de infraestructura y servicio, que será de altísimo impacto, al ser hoteles, antros, viviendas nuevas, centros comerciales y hospital. Si sumas lo que se está autorizando es una agresión brutal para la zona donde están ubicados sin argumentación necesaria para autorizarla ni motivaciones reales”.
Aseguró que el beneficio económico será solo para el constructor. El habitante que vive cerca tendrá mayor dificultad en movilidad y servicios, pero además le subirá el predio. Será un beneficio en grupos especiales de constructores en términos de autorizaciones que pudieron haberse rechazado porque ni siquiera cumplieron con el mínimo para su autorización
Reprobó que no hubo consulta para los cambios de uso de suelos, se hicieron fast track en dos meses.
Recordó que la diputada panista Gabriela Salido dijo en la sesión extraordinaria que para pedir permiso para quitar una rama el trámite puede ser de 6 meses y para el cambio de uso de suelo fue en dos meses.
“El cambio de uso de suelo se los da el Congreso sin cumplir lo que debía hacer. Las alcaldías debían dar el visto bueno, no se los pidieron y la PAOT también y no lo dieron y tampoco hubo consulta vecinal”.
NORMA 26
Como parte de las reformas aprobadas por el Congreso se incluyó los artículos décimo quinto transitorio de la Constitución Política de la Ciudad y el octavo transitorio de la Ley del Sistema de Planeación de Desarrollo de la Ciudad de México, y se amplió el plazo constitucional para la entrada en vigor del Plan General de Desarrollo, que será a partir del 1 de octubre de 2022, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los Programas de Gobierno de las Alcaldías lo harán el 1 de abril de 2023, el Programa General de Ordenamiento Territorial el 1 de octubre de 2022, y los Programas de Ordenamiento Territorial de cada una de las demarcaciones el 1 de abril de 2023.
Eso incluyó la norma 26, la cual, recordó, estaba desactivada ya que hubo una parte de desarrolladores inmobiliarios que compraban predios para la construcción de vivienda social, cuyos precios elevaban al poner acabados de lujo, era un tema que diversas organizaciones habían venido denunciando desde hace 7 u 8 años y a pesar de estar suspendida, continuaba su operación, expuso.
Añadió que en 2016 se reconoció que para entonces había 5 mil 600 edificios ilegales construidos al amparo de la Norma 26.
Ahora que se volverá a reactivar solo para el Instituto de la Vivienda y la empresa paraestatal Servicios Metropolitanos, previó que con la autorización para que quienes los adquieran los puedan vender luego de un plazo de 5 años, hará que se encarezcan en ese lapso.
“Entonces su control es que no la harán en San José Insurgentes, que es muy cara, entonces en otro lado y en cinco años lo venden, si ves a quien se lo asignas, van a dar departamentos y en 5 años lo pueden vender al precio que quieran, entonces no es para promoción de vivienda social”, auguró.
CROMÁTICA POLÉMICA
Por su parte el analista en temas de seguridad, César Gutiérrez se refirió a la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, que busca la homogeneización de la cromática de las patrullas en la capital.
Gutiérrez consideró que con ello se dará fuerza a las labores de seguridad en la ciudad, ya que la delincuencia organizada aprovechaba que algunas alcaldías usaban sus propios colores para las patrullas, para clonar vehículos y cometer fechorías.
“Cada uno de los alcaldes quiere usar la seguridad para decir ‘la mía es mejor que la otra, tenemos mejor trabajo en prevención del delito’, pero no debería ser así, politizas la seguridad. Ellos pueden mencionar lo que ellos consideran son ordenadores de seguridad, pero están sujetos a la policía de la ciudad de México”, les recordó.
(SAB)