Organizaciones ciudadanas solicitaron una investigación por el conflicto de interés en el que pudo incurrir el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y su asesor Simón Neumann, ya que trabajaron juntos en la empresa Baita Promoción y son copropietarios de locales en Santa Fe.
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Tras la publicación en La Silla Rota del reportaje ‘El “cártel” inmobiliario de CDMX; sus operadores en el gobierno de Mancera’ que reveló la red de exfuncionarios de Baita Promoción incrustados en puesto claves de desarrollo urbano de la ciudad y de empresas que construyeron con irregularidades, las organizaciones demandaron la aplicación de la ley.
El reportaje deja ver la corrupción del Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Ángel Mancera. Nos da una amplia visión del teje y maneje de éste cartel inmobiliario del cual ya habíamos oído hablar pero no teníamos la información precisa de quiénes son y cómo operan al detalle en la capital”, señaló Jessica del colectivo Vecino a Vecino.
Dijo que la investigación se vuelve un instrumento de mucha utilidad para los núcleos ciudadanos que padecen la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios.
Simón Neumann continúa como constructor en el desarrollo Parque Estrella en la empresa AGRIMIN S.A. de C.V. a la par de su cargo asesor de Mancera, lo que también podría incurrir en conflicto de interés.
El artículo 47 fracción XIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que el servidor público debe "excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyugue o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte".
Susana Kanahuati, integrante de la Unión de Colonos de San Ángel, señaló que una vez más quedó evidenciado el uso indebido del servicio público, y que este caso debe investigarse.
Entonces cuándo si aplica para ciertos funcionarios y cuándo son cobijados en este tráfico de influencias, ejercicio indebido de la función pública, conflicto de interés como es el caso de Neumann y Mancera en su estrecha relación anterior de trabajo”, comentó.
Por su parte, el diputado local por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Suárez del Real aseguró que no debe postergarse la indagatoria de los vínculos Mancera y Neumann.
El legislador señaló que “escudarse en que no existe conflicto de interés es una sinvergüenzada” y que la Contraloría de la Ciudad de México no es la instancia que debe realizar la investigación.
En este caso tendría que estar haciendo la investigación no solamente la contraloría (capitalina) que la tienen cooptada, la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República, y tendría que estar actuando de manera expedita el Poder Judicial de este país a efecto de que estos tránsfugas no encuentren el fuero constitucional a través de las figuras de las candidaturas plurinominales”, indicó.
Suárez del Real dijo que es inaceptable que Simón Neumann siga como servidor público en el gobierno de la ciudad.
Que no lo había corrido por incompatibilidad en el ejercicio de su cargo cuando fue secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo es eso de que lo hace su asesor, eso es verle la cara a la gente, es el grado de impunidad que se adueño de la ciudad”, expuso el diputado.
Consideró que “después de que se exhibió está red de complicidad en el reportaje, cómo es posible que una persona que hizo de la ciudad su negocio pretenda ahora ser senador de la República, ni en las peores épocas de las dictaduras había yo escuchado semejante desatino”, consideró.
El legislador de Morena explicó que Mancera pretende colocar a un incondicional como fiscal anticorrupción de la Ciudad de México para proteger la red de complicidades en la administración local.
Se pretende hacer fiscal carnal al contralor para que entonces pueda estar vigilando y al pendiente de que estas cosas no trasciendan y se determinen improcedentes, por eso debe ser la PGR la que investigue”, afirmó.
Suárez del Real apuntó que si no se reforma la Ley de Reconstrucción y se instaura un órgano de control social con los damnificados y especialistas, se corre el riesgo de hacer del dolor humano un nicho de oportunidades para los negocios privados.
No hay reconstrucción en esta ciudad, lo que hay es un negocio provocado por la necesidad de reconstruir eso es lo dramático del tema, el movimiento telúrico de la moral pública es mucho más grave que el sismo de los últimos días y el de septiembre del año pasado. Se hizo de la reconstrucción un negocio”, concluyó.
kach