CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).-El juicio en contra de la Línea 7 del Metrobús interpuesto por la Academia Mexicana del Derecho Ambiental (AMDA) se extendió debido a que las dos partes continúan en el desahogo de pruebas, por lo que no se resolverá antes de que Miguel Ángel Mancera deje la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, consideró Rolando Cañas Moreno, presidente de la AMDA.
En entrevista con La Silla Rota señaló que se aplazó la audiencia que se tenía programa para el 4 de julio y todavía no hay fecha. Los tiempos no alcanzan a octubre que es cuando el jefe de gobierno se prevé pida licencia para buscar la candidatura presidencial.
“Lo veo complicado que se revuelva en esos tiempos, cualquiera que sea el resultado de la audiencia, va a ver una segunda instancia, es decir alguna de las partes que no esté conforme interpondrá un recurso en contra de la sentencia de amparo que se sigue ante un juzgado colegiado y que también lleva sus tiempos”.
Aclaró que un juicio de amparo de este tipo, indirecto en materia administrativa, normalmente se resuelve hasta un año y medio después de que se interpuso la demanda, y la AMDA la presentó hace tres meses.
El abogado explicó que los tiempos de los amparos son bastante elásticos porque dependen de las cosas que suceden en el juicio y es difícil predeterminarlo. El juez tiene por obligación presentar una fecha tentativa para audiencia desde el inicio, en este caso fue el 4 de julio.
Sin embargo, como la audiencia en torno a la Línea 7 es constitucional se tienen que desahogar todas las pruebas de las dos partes.
“El 4 de julio era casi imposible que estuvieran deshago das todas las pruebas porque han ofrecido documentos todas las autoridades involucradas. Las audiencias constitucionales se van posponiendo en la medida que todavía no están desahogadas todas las pruebas, y este caso no es la excepción, se seguirá posponiendo por algún tiempo, ya que las partes siguen ofreciendo pruebas, y el expediente está muy movido”.
Como parte de esta fase del proceso, la AMDA amplió 80 páginas más la demanda, donde incluye, entre otras cosas, las inconsistencia de la autoridad en la información, y que públicamente el gobierno ya modificó el trazo, para eso se necesita otra autorización, comentó.
Cañas Moreno confió que la sentencia del juez octavo de distrito será a favor del amparo que interpuso la AMDA, la cuál abarcó los temas de medio ambiente, desarrollo urbano, monumentos históricos y consulta.
“No veo forma que no podemos ganar el amparo, incluso el gobierno ha confesado la ilegalidad de la obra cuando hizo un acuerdo con el INAH porque no tenía autorización general.
En relación al tema de la consulta dijo que el gobierno de la CDMX violó este derecho y aclaró que en el fallo de la suspensión definitiva el juez no lo resolvió, pero si tendrá que emitir sentencia.
“Para nosotros es muy importante el tema, tanto las consultas que prevén las leyes locales vecinales como la consulta indígena”, ésta se incluye por las procesiones que hacen los peregrinos en Misterios para llegar a la Villa de Guadalupe.
En general sobre la demanda de amparo de la AMDA, el juez tendrá que fallar sobre un medio ambiente adecuado, si hubo violación al derecho humano del disfrute y conservación en los monumentos históricos, a la ciudad, a la sustentabilidad urbana y a la consulta. “Todo está englobado en esos cuatro argumentos”.
El pasado 12 de junio, el juez Fernando Silva García ordenó al gobierno de la Ciudad de México la suspensión definitiva de la obra de la Línea 7, en lo que se resolvía la demanda de la academia en contra del Metrobús Reforma. Como respuesta la administración de Mancera Espinosa presentó un recurso de revisión y mostró la autorización general del INAH.
Debido a esto el juez realizó un ajuste. Dijo que permanecía la suspensión definitiva pero que se le hacía alguna modificaciones. El gobierno podía continuar con la obra, sin embargo con ciertas condiciones, las cuales debían ser supervisadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El presidente de la AMDA afirmó que las obras pueden continuar en cosas muy puntuales, bajo la estricta supervisión del INAH y bajo el principio de la mínima intervención.
“Eso lo deben de hacer en términos técnicos, para no violar la suspensión definitiva.Que demuestren que están haciendo las obras que les autorizaron, que demuestren que estuvieron bajo la supervisión del INAH, que no tocaron árboles ni áreas verdes y que fue la mínima intervención”.
Agregó que el juez tendrá sus medios para enterarse del cumplimiento de la suspensión que él mismo ordenó. “La AMDA haré un esfuerzo para poder vigilar eso. También debería ser el papel de la ciudadanía”.