El gobierno de la Ciudad de México rehabilitará el Centro de Transferencia Modal San Lázaro (Cetram) en donde reordenará el transporte y comercio; sin embargo locatarios, que fueron desalojados de un predio que ocupaban a un lado del paradero desde hace 23 años, acusan que detrás del proyecto hay un plan inmobiliario y comercial, del que ya fueron excluidos.
Los locatarios pidieron que en lo que dura la obra sean reubicados, ya que fueron afectadas cerca de mil 500 familias y exigieron que sean incluidos, tanto en el proyecto de remodelación del Cetram como de los posibles planes para realizar un desarrollo comercial.
El pasado 2 de abril a las 23:40 horas llegaron 400 granaderos para retirar los 250 puestos que había en el Cetram San Lázaro. Minutos después, a las 00:00 horas del lunes el gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial el decreto de expropiación.
“Se expropia la poligonal para la prestación de los servicios públicos de transporte en la Ciudad de México, así como para el establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal y vehicular, ciclista y personas con capacidades diferentes, conforme a la jerarquía de movilidad y la infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de transportes de pasajeros y de carga que garantice la eficiencia en la prestación del servicio”, indica el documento publicado en la Gaceta Oficial del 3 de abril.
El polígono que expropiaron mide 3 mil 82 metros y fue el número 5, que forma parte del inmueble denominado ex polígono “San Lázaro”, ubicado en Calzada Ingeniero Eduardo Molina (Eje 3 Oriente), entre calles Artilleros y calzada General Ignacio Zaragoza, colonia Escuela de Tiro (actual 7 de Julio), delegación Venustiano Carranza, identificado registralmente como polígono denominado 6.
Denunciaron que no fueron notificados del desalojo ni del proyecto. Afirmaron que cuentan con la propiedad desde 1993, luego de la creación del Fideicomiso 421, perteneciente al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), del gobierno federal.
“No nos permitieron sacar pertenencias ni nos dejaron sacar un peso. Había gente que tenía dinero ahorrado, gente que tenía documentos para acreditar la propiedad del local. Se llevaron todo”, señaló Mario García Santos, comerciante.
Expresó que las pérdidas son incalculables, puesto que decomisaron mobiliario, puestos, mercancía, documentos. “Hubo gente que perdió hasta 3 millones. Hay dos personas hospitalizadas, luego que les diera un infarto al enterarse que perdieron todo”.
Explicó que el gobierno argumenta que la expropiación y el desalojo forman parte de una remodelación integral del Cetram, sin embargo lo que no dicen es que construirán un centro comercial en el lugar donde estaban los locatarios.
“Me da tristeza que perdimos todo”
Margarita Carrillo Rentería llegó a la plaza hace 23 años, ahí crecieron sus hijos, nietos y ahora bisnietos, de los que por el momento se encarga. Vendía frituras y dulces, y con el poco dinero que sacaba mantiene su casa, sin embargo ahora, dijo, está preocupada porque su dinero ahorrado no le durará mucho. Incluso los niños no están yendo a la escuela.
“Me da una tristeza ver a mis compañeros ancianos que ya no pueden caminar y que perdieron sus cosas o los que están hospitalizados, yo quisiera que las autoridades vean el lado humano. Había más de 250 locales, pero cada uno, tenía de más de dos empleados, y todos con familia. Somos netamente comerciantes. No sabemos hacer otra cosa”.
Señaló que en ese lugar habían hasta tres generaciones, familias enteras. Vidas e historias que tendrán que partir de cero.
Comentó que una amiga y vecina de la plaza, es madre soltera, prácticamente vivía ahí con sus hijos. Se llevaron hasta los uniformes y libros de los niños. “Son situaciones que a mi me parten el alma, no es justo que nos desecharon, nos sacaron y nos robaron, ahora nos traten como delincuentes”.
Presentaron amparos
García Soto indicó que interpusieron un amparo contra la declaratoria de utilidad que hizo el gobierno el 3 de marzo, no obstante fue declarado improcedente, puesto todavía no existía un decreto de expropiación.
“Nosotros nunca fuimos notificados de marea personal ni por otro medio de que iban a expropiar el inmueble”
Además, el 24 de abril presentaron una demanda de amparo en contra del decreto expropiatorio en el que exponen los posibles errores del gobierno y las irregularidades en que se realizó el desalojo.