La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso al Gobierno de la Cuidad de México la exención temporal del impuesto sobre nóminas para proteger a las empresas y el empleo durante la crisis económica derivada de la pandemia de la covid-19.
De acuerdo con Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex CDMX, la actual crisis provocaría que la Ciudad, termine el presente año, con aproximadamente 35 mil negocios cerrados y más de 200 mil empleos perdidos.
“La situación que viven los negocios es difícil por "el constante riesgo de regresar a semáforo rojo, lo cual como ya se ha señalado, pondría en riesgo de muerte a la mayoría de las empresas de la capital", señaló Zúñiga en una conferencia de prensa virtual.
También indicó que con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se tienen registrados más de 200 mil empleos perdidos, sin embargo, aclaró que no todas las empresas que cerraron ofrecían seguro social.
“En Ciudad de México existen un poco más de 450 mil unidades económicas, de estas, que van desde el negocio pequeño hasta las grandes empresas, calculamos que 450 mil, estarían en riesgo o estarían ya cerrando, casi 35 mil unidades económicas”, aseveró.
Por su parte la economista en jefe de la Coparmex, Mylene Cano, dijo que en el caso de Ciudad de México, el sector de preparación y servicios de alimentos y bebidas ha perdido 46 mil 870 empleos, “fue hasta octubre que empezaron a recuperarse, pero siguió perdiendo empleos en los meses anteriores”.
Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex, advirtió que si la capital regresa a semáforo rojo por el aumento de casos de Covid-19 la situación económica de las empresas será aún peor.
En general, el organismo patronal propuso al gobierno de la Ciudad de México implementar una serie de medidas no sólo para proteger a las empresas y el empleo sino para reactivar la economía del país.
Entre las propuestas de la Coparmex destaca la exención temporal del impuesto sobre nóminas; estímulos fiscales de entre 50 y 100% de diferimiento del pago de Impuesto Predial a las empresas que hayan mantenido la planta laboral; y un seguro solidario por el que se apoye a los trabajadores a conservar un salario mínimo vital.
(Ameyaltzin Salazar)