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Comunidad LGBT+ demanda que matrimonio igualitario sea una realidad en Edomex

Colectivos bloquearon por cinco horas los accesos al centro de Toluca para exigir dejar de ser vistos como “ciudadanos de segunda”

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Escrito en METRÓPOLI el

“Si no quieren legislar en favor de los derechos humanos, si no quieren hacer su trabajo, ¡que renuncien!”, fue la consigna que este jueves movilizó a distintos colectivos de la sexualidad diversa, los cuales demandan que el matrimonio igualitario sea una realidad en el Estado de México.

Tras cinco horas de protesta, en la que optaron por bloquear los accesos al centro de Toluca, en primera instancia en dos puntos y después sólo la vialidad Lerdo de Tejada en su intersección con Juárez, lograron que los diputados cedieran a dictaminar la iniciativa de Matrimonios Igualitarios el próximo jueves (19 de mayo) en sesión extraordinaria de las comisiones de Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales.

La lucha

En 2005 la primera iniciativa sobre matrimonios igualitarios fue ingresada a la Legislatura mexiquense por el finado activista Israfil Filos Real, desde entonces, cada Legislatura ha recibido la misma iniciativa y hasta ahora, todas la han guardado en la congeladora legislativa.

“Ya estamos hartas y hartos, llevamos ya más de 17 años con esta lucha y, a pesar de que hemos tenido ya la oportunidad en diferentes ocasiones de que se tome en cuenta el reconocimiento a un derecho que muestra otros derechos expresivos, como tal el matrimonio igualitario, seguimos sin recibir una respuesta de los y las legisladoras, pese a que alguna ya traen el tema”, comentó Ricardo Torres, presidente de la Asociación Civil “Fuera del Closet”.

Este jueves, las comisiones unidas sesionaron para integrar tres iniciativas en la materia y poder construir un proyecto de ley por lo que los colectivos llegaron a las puertas de Cámara de Diputados para exigir dejar de ser vistos como “ciudadano de segunda”.

(Foto: Fernanda García)

“Todavía seguimos encontrándonos con omisiones importantísimas por parte de los grupos parlamentarios mayoritarios que son Morena y PRI. La Junta de Coordinación Política no nos ha recibido, ha recibido a grupos conservadores y al Comité Interreligioso del Estado de México, pero a nosotros y nosotras, no nos pelan. Finalmente si no tienen ganas de hacer su chamba, que renuncien, que le den paso a otras personas que deseen trabajar”.

El compromiso

Tras declarar que no quitarían el bloqueo sobre Lerdo hasta que las y los diputados mexiquenses les dieran una fecha definitiva para la votación del dictamen sobre matrimonios igualitarios, fueron recibidos por las comisiones unidas en donde se les notificó que el próximo jueves será votado.

“Vamos a tener sesión de comisiones y ahí vamos a votar, ya tenemos el proyecto de dictamen. Si la respuesta es positiva, tendríamos que convocar a una sesión extraordinaria ya que que el periodo ordinario concluye este viernes, pero ahí se va a ver la voluntad política para este tema”, apuntaron los legisladores.

(Foto: Fernanda García)

En ese sentido, los activistas pro derechos LGBTTTIQ+, señalaron que si no es votada la iniciativa en Pleno este 2022, perderán la esperanza de que durante la LXI Legislatura el Edomex deje de ser uno de los seis estados de la República en los que los derechos civiles que otorga el matrimonio son exclusivos para parejas heterosexuales.

Los matrimonios igualitarios en Edomex

En el Estado de México, de acuerdo con datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obtenidos a través de Transparencia, apenas 15 parejas del mismo sexo han logrado contraer matrimonio bajo la figura de amparo, por lo que la comunidad LGBTTTIQ reclama que, pese a que el Edomex es una entidad diversa, siguen siendo ciudadanos de segunda.

(Foto: Fernanda García)

El 18 de abril de 2015, Gabriela Cejudo Sámano y Jessica Carrillo Sánchez se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo que contrajo matrimonio civil en la entidad.

En el Estado de México, alrededor del 10% de la población pertenece a la comunidad LGBTTTIQ+, según un estudio de Amnistía Internacional (AI), lo que equivale a cerca de 1.7 millones de personas que reciben actos discriminatorios.