TLALNEPANTLA.- Tras la aprobación de las reformas a diversos ordenamientos en materia de violencia política en razón de género y paridad de género, los colectivos 50+1 Estado de México, Red de Mujeres en Plural, Las Constituyentes Feministas y Nosotras tenemos otros datos, señalaron que existen varios pendientes en la materia que no se discutieron por los diputados que integran la 60 Legislatura mexiquense, entre los que se encuentra el garantizar que el Congreso y los gabinetes estatal y municipales se integren de manera paritaria.
Claudia Castello señaló que, si bien las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, al Código Electoral del Estado de México, a la Ley de Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios recientemente aprobadas, significan un avance, existen algunos pendientes que deben ser atendidos para evitar que esta entidad quede rezagada en garantizar derechos igualitarios para todos.
"Hay varios pendientes que los ponemos como desafíos y que hay oportunidad de mejorar en la reforma; por parte de estos colectivos, nos parece que hizo falta profundizar un poco más en el tema de paridad, pues la reforma constitucional nos permitía un abanico amplio para profundizar en todos los poderes del Estado de México", resaltó.
PARIDAD, NO DEBE SER PREBENDA PARA LAS MUJERES
Claudia Castello mencionó que la reforma aprobada la semana pasada señala que los presidentes municipales deben favorecer la paridad; sin embargo, consideró que esto no debe dejarse como una prebenda a favor de las féminas, sino que se debe mandatar, con la intención de que ésta no esté a la voluntad de quien gobierna sino que sea un derecho constitucional reconocido, con lo que se busca que ellas tengan más espacios en las presidencias municipales y en la conformación de los ayuntamientos.
Por otro lado, apuntó que, en las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia del Estado de México y Electoral del Estado de México, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quedó asentado el principio de paridad; no obstante, no se estableció el ordenamiento de alternancia de género entre cada periodo de ejercicio, para dar las mismas oportunidades para todos.
"Otro desafío en materia del Código Electoral del Estado de México es que la reglamentación y lineamientos para hacer aplicable la paridad de género y exigible a los partidos políticos y coaliciones, es que se exija que las listas de integración de las diputaciones de representación proporcional también tenga la alternancia de género en los primeros lugares, ya que son las más posibles de obtener una curul", apuntó.
En el último proceso electoral del Estado de México, de las 125 presidencias municipales que se disputaron, solo 39 son encabezadas por una alcaldesa, mientras que el resto son hombres, en el caso de la integración de los cabildos municipales, 756 integrantes son del sexo femenino y 726 del masculino.
BUSCAN NULIDAD POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO
Los colectivos de mujeres, encabezados por la diputada federal, Ana Lilia Herrera Anzaldo, también lamentaron que los legisladores mexiquenses no hayan contemplado como criterio de nulidad de una elección, la violencia política contra las mujeres en un proceso electoral, y tampoco que se haya integrado a las periodistas y defensoras de derechos humanos como personajes sujetos a la protección de sus derechos en estas leyes, a pesar de la condición de vulnerabilidad a la que se enfrentan por encontrarse dentro del ámbito de la esfera pública.
Sin embargo, reconocieron que la aprobación de estas reformas se haya dado dentro del periodo ordinario de sesiones y no se haya recurrido a un periodo extraordinario para discutirlas, lo que permitirá que sean aplicables para el siguiente proceso electoral de 2021.
DEUDORES ALIMENTARIOS NO SERÁN CANDIDATOS
Las reformas constitucionales en materia de violencia política y de paridad de género, aprobadas el pasado 13 de agosto, contemplan la prohibición de que los deudores alimentarios morosos en esta entidad o en otra puedan contender por cargos de elección popular y que aquellos interesados en ser candidatos a algún cargo de elección popular en el Estado de México no estén condenados o condenadas por una sentencia ejecutoria por el delito de violencia política contra las féminas en razón de género.
Asimismo, se estipula que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México estará obligada a expedirles una constancia en la que se certifique que no están involucrados en algún delito relacionado con violencia familiar o de género.
Por otro lado, se contempla la paridad de género en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y en otros organismos auxiliares, así como la integración de la Unidad Técnica para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, dentro del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), para apoyar, asistir y asesorar a las precandidatas, candidatas, aspirantes y militantes de algún partido político en caso de que sean objeto de violencia política en razón de género.
(Sharira Abundez)