Sin llegar a ser una Corte, la Ciudad de México contará con su propia sala especializada en resolver conflictos constitucionales, una vez que entre en vigor la primera Carta Magna local.
En esa Sala Constitucional serán dirimidas acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, juicios de restitución de derechos, entre otros conflictos que contravengan lo dispuesto en la futura Carta Magna capitalina.
De acuerdo con el artículo 40 del proyecto de dictamen de la Constitución local, dicha instancia dependerá del Tribunal Superior de Justicia que junto con el Consejo de la Judicatura y los juzgados, conformarán el poder judicial de la Ciudad.
Sin embargo, a diferencia del sistema judicial actual, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura ya no serán encabezados por un mismo magistrado, ahora cada uno de esos órganos tendrá su respectivo presidente.
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Respecto de la Sala Constitucional, el artículo 41 establece que dicha instancia será de carácter permanente y fungirá como la máxima autoridad local en materia de interpretación de la Constitución capitalina.
Conocerá acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y resolverá los incumplimientos por parte de los titulares de los poderes públicos, organismos autónomos y las alcaldías, cuando se nieguen a cumplir con sus obligaciones constitucionales.
"Por ejemplo, si un reglamento o una ley local vulnera la Constitución de la Ciudad, se creó un juicio que se denomina de restitución de derechos, que en primera instancia conocerán jueces tutelares de la Ciudad para defender derechos humanos y la Sala Constitucional entrará en segunda instancia, para revisar las resoluciones de esos jueces tutelares, en caso de que alguien las impugne.
"Pero las dos funciones más importantes de la Sala Constitucional será las acciones de inconstitucionalidad, que podrán ser promovidas mediante las firmas de 5 mil ciudadanos en contra de leyes, reglamentos o reformas constitucionales locales; y las controversias constitucionales, para resolver conflictos entre poderes locales, por ejemplo, entre alcaldías y gobierno central", explicó el constituyente, Jaime Cárdenas.
Originalmente, el proyecto de Constitución del Jefe de Gobierno proponía la creación de la Corte de la Ciudad de México, para que los jueces que la integraran fueran designados por el futuro Congreso de la Ciudad.
Pero en el Pleno del Constituyente, esa propuesta no logró el consenso suficiente, por lo que en lugar de una Corte se aprobó la creación de una Sala Constitucional --igual a las que ya existen en otras entidades, como Veracruz--, que estará integrada por 7 magistrados designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Ese tribunal cuenta con salas en materia civil, penal, familiar y mercantil, por lo que se determinó sumar ahora la Sala Constitucional.
"Esta Sala va a depender del Tribunal Superior de Justicia, y puede estar integrada por sus propios magistrados, en cambio una Corte hubiese tenido más poder, más influencia, con un sistema más sólido y robusto, pero se optó por uno más suave", expuso Cárdenas.
El proceso de selección de los integrantes de la Sala Constitucional, señala el artículo 41, se efectuará en sesiones abiertas, y el número de personas de un mismo género no podrá ser superior a cuatro. Durarán en su cargo ocho años.
"Va a ser una especie de minicorte, y sí, implicará más burocracia e incrementará el gasto público, pero lo importante será ver el nivel de eficacia, si realmente será una sala que resuelva derechos humanos de los capitalinos o tenga capacidad de declarar inconstitucional las leyes que sean inaplicables, que tenga fuerza para imponerse al Jefe de Gobierno y al Congreso", expresó el legislador de Morena.
Para el especialista en Derecho Constitucional, Adolfo Rivapalacio, la función de dicha Sala no tiene mayor relevancia en términos jurídicos, pues todas sus resoluciones podrán ser impugnadas ante tribunales colegiados y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son la última instancia en materia judicial en el País.
"Sin embargo, me pareció acertado que los constituyentes hayan decidido crear una Sala Constitucional y no una Corte porque el costo habría sido mayor, y en ambos casos, las resoluciones de los jueces no son inatacables, pues la última instancia es el Poder Judicial de la Federación.
"Crear una Corte para la Ciudad habría implicado un gasto innecesario, y cuya figura sólo buscaba dar una imagen importante a la Ciudad, aunque en términos jurídicos no sirviera de mucho. Lo mismo pasa con la Sala, que sólo incrementará la burocracia y alargará los procesos para interponer juicios constitucionales, pero será menos costosa para la Ciudad", compartió Rivapalacio.
En el capítulo de Poder Judicial, que ya quedó firme en el proyecto de dictamen de la Constitución, se establece que el Tribunal Superior de Justicia contará además con un órgano desconcentrado denominado Centro de Justicia Alternativa.
Dicho Centro servirá para facilitar la mediación para resolver controversias civiles, mercantiles, familiares, penales cuando se trate de delitos no graves y de justicia para adolescentes.
También mediará en problemas vinculados con el régimen de condominios, vecinales, comunitarios, y de barrios y pueblos.
Sobre el Consejo de la Judicatura, se aprobó que es un órgano dotado de autonomía, independencia técnica y de gestión. Y se destacó que sus resoluciones serán definitivas e inatacables.
En tanto, en el artículo 42 se plantea la creación del Consejo Judicial Ciudadano, el cual tendrá entre sus atribuciones la designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura, así como presentar al Congreso local la terna para elegir al titular de la Fiscalía General de Justicia.
Será un organismo temporal, cuyos integrantes no recibirán remuneración alguna, y estará integrado por 11 personas, siete de las cuales serán abogados, y serán designados por dos terceras partes del Congreso mediante convocatoria pública, a propuesta de instituciones académicas, civiles y sociales.
vva