Carmen Gutiérrez Blanco es una profesora del Instituto Politécnico Nacional con 39 años de servicio. Está recluida desde el 9 de noviembre en el penal de Santa Martha Acatitla acusada de despojo agravado por el Instituto de Vivienda de la ciudad. Sin embrago, tenía varios años que ya no vivía en Sonora 9, colonia Roma, el predio en cuestión.
Para sus hermanos Rosaura y José Luis, el caso de Carmen está plagado de irregularidades y contradicciones que escala, dicen, a un presunto contubernio entre el poder judicial y ex funcionarios del INVI. Una de las inconsistencias que señalan es que de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el delito por el que está encarcelada no merece prisión preventiva oficiosa.
“El valuador que calificó a mi hermana dijo que ella tenía el perfil de que se podía fugar. Que era una persona de riesgo y se podía escapar, por eso sigue en la cárcel cuando lo que queremos es que siga su proceso en libertad”, señaló Rosaura.
Debido a ello, sus hermanos interpusieron un amparo ante el juzgado 12 de distrito que determinó que Carmen no debería estar en prisión porque el delito no merece prisión preventiva oficiosa y el viernes 21 de diciembre esperan que el juez Santiago Ávila Negrón acate esa orden.
Por ese mismo caso y delito, el juez Ávila Negrón dictó órdenes de aprehensión en contra de seis ocupantes de ese predio. Pero solo detuvieron a Carmen, porque los demás lograron ampararse. Uno de ellos, José Luis Gutiérrez Blanco, quien es su hermano y también habitante de ese edificio.
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Todo se remonta a 2004, cuando el gobierno de la Ciudad de México expropió el predio ubicado en Sonora número 9 colonia Roma, considerado “alto riesgo estructural”, a favor del INVI para “destinarlo a las acciones de mejoramiento urbano, edificación de vivienda de interés social y popular para regularización de sus actuales ocupantes”, indica el decreto publicado en la Gaceta Oficial el 19 de julio de ese año.
LOS ANTECENDENTES
Carmen llegó a vivir en 1995 a ese edificio y después se sumó a ese mismo departamento otra persona. Compartían la vivienda. Luego de que el gobierno expropiara, el Instituto comenzó a fijar las reglas de operación sobre quienes eran beneficiarios. “A mi hermana el INVI no la quiso reconocer como poseedora y desconocieron su arraigo, pero sí a la otra persona”, comentó José Luis.
Debido a ello, Carmen interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad y en 2012 este organismo le ordenó mediante una recomendación al Instituto que la reconociera como beneficiaria y se resarciera sus derechos. Para esas fechas, ella ya no vivía en Sonora 9.
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En 2011, la dueña, cuyo apoderado legal es el hermano de Carmen, interpuso un juicio de reversión en contra del INVI. Este recurso fue para pedir que se le devolviera su propiedad, toda vez que de acuerdo con la ley ya había vencido el plazo para que el gobierno capitalino realizara la obra o las acciones por las que expropió el predio en 2004.
En 2015, el INVI convocó a los beneficiarios de Sonora 9 a una junta en sus instalaciones para ver algo relacionado con el predio. También fue invitada Carmen y su hermano. Asistieron al encuentro y ya cuando regresaron la puerta del edificio tenía cadenas y piedras. Había cerca de 15 personas adentro, quienes decían ser los ocupantes y los otros los invasores. Estuvieron unas horas y se fueron.
Después, se enteraron que estas 15 personas demandaron a los beneficiarios, entre ellos a Carmen a pesar de que ella ya no vivía ahí, por despojo. En esa ocasión, declaró ante la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 7 que no participó en los hechos de los que se le acusó y así lo acreditó la autoridad, ya que pudo comprobar que luego de la reunión en el INVI fue a dar clases.
“Estas personas dijeron a las autoridades que nosotros las habíamos sacado el 18 de febrero de 2015, pero ellos nunca vivieron ahí. Por otro lado cuando ellos estaban adentro, la representante de los vecinos los cuestionó y respondieron que los había mandado el Instituto para su resguardo, que eso les ordenó el INVI y que según que cuando llegaron tocaron y como estaba vacío, entraron”, señaló José Luis.
El tiempo pasó y en abril de 2018, la Cuarta Sala Ordinaria falló en relación al juicio de reversión a favor de la dueña legítima con el argumento de que el Instituto nunca le pagó una indemnización. Con ello, la expropiación ya no tenía efecto y el INVI debía regresar el predio, lo cual aún no ha pasado.
El 18 de septiembre, meses después de esa sentencia, se ejerció acción penal en contra de Carmen y cinco personas más como consecuencia de la averiguación previa que inició en 2013 y sus acumuladas, las cuales no se enteraron de la existencia. Una de ellas fue interpuesta por el INVI.
Cuando tuvieron acceso al expediente, tiempo después, se percataron que la declaración de Carmen que dio en 2015 donde aseguraba que ella no estuvo en Sonora 9 el 18 de febrero de ese año y lo había acreditado, había desaparecido de la carpeta que el juez tomó en cuenta para la consignación. Esa fue otra de las irregulares en el caso que observaron sus familiares.
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ASÍ FUE LA DETENCIÓN
El 9 de noviembre de este 2018, Carmen fue detenida al salir de su casa por un grupo de hombres que no se identificaron en el momento. Ella incluso pensó que se trataba de un secuestro.
“Uno tipos que se dicen eran policías le cerraron el paso, pero el auto no traía placas ni nada que los identificara. Le preguntan ‘¿usted es la dueña de este auto?’ a lo que mi hermana dijo que sí y por qué, le dijeron que tenía una orden de aprensión. Sin leerle la cartilla de sus derechos la esposaron y se la llevaron directamente a Santa Martha, a la Aduana”, indicó su hermano.
Al día siguiente se iba a realizar una audiencia donde definirían su situación jurídica, pero fue hasta el 12 que le notificaron el auto por la comisión del delito de despojo agravado.
“A partir de ahí empezamos a promover dos incidentes en términos del quinto transitorio del nuevo código de procedimientos nacionales para cambiar la medida cautelar, ya que este delito ya no lo amerita y ninguno procedió porque el juez Santiago Ávila Negrón sentenció que mi hermana es una persona con un alto grado para fugarse y no valoró las pruebas”, explicó José Luis.
Carmen, a decir de su hermana Rosaura, es una mujer de 57 años dedicada a su trabajo. Ella es arquitecta y da clases de dibujo en el IPN. Está a punto de jubilarse y le dan miedo los aviones, casi no viaja y de todas formas le retuvieron su pasaporte, que ya no tiene validez. Además es inocente, no tendría porque huir, acota. Ella considera que su detención fue una “especie de venganza”.
La Silla Rota solicitó una posición oficial al INVI, sin embargo hasta el cierre de esta edición, no ha respondido.
bl