Uriel, como han pedido las autoridades que se le identifique, es un pequeño de apenas un año y medio de edad que durante la contingencia sanitaria del covid-19 tuvo que ser rescatado e ingresado a una casa de asistencia social, para alejarlo de la negligencia extrema que enfrentaba bajo el cuidado de sus padres y que se agravó a partir del confinamiento domiciliario.
"A nosotros nos llaman los vecinos, porque se percataron del estado de salud que guardaba el bebé y al que lo tenían sometido sus padres drogadictos desde la gestación y que se agravó en este periodo del confinamiento porque no salían a la calle. Asistimos a la diligencia, nos percatamos de su circunstancia y, antes de separarlo de su entorno, verificamos si su abuela se podía quedar con él, nos comentó que no porque no tenía los ingresos suficientes para cuidarlo, por lo que tuvimos que llevarlo a una casa de asistencia, donde se encuentra bien", relató la procuradora municipal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes de Tlalnepantla, Julia Malpica Reyes.
Uriel es uno de los 370 niños, niñas y adolescentes del Estado de México que durante la presente contingencia sanitaria han sido víctimas de la violencia que ha aquejado a este sector de la población durante la pandemia en la entidad, orquestada principalmente por los padres o tutores de los menores de edad.
La subprocuradora de Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Estado de México (DIFEM), Cristel Yunuén Pozas Serrano, indicó que, entre el 20 de marzo y el 08 de mayo de 2020, la violencia contra los niños aumentó 20 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior, especialmente, en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca; sin embargo, a partir de dicho periodo, este fenómeno comenzó a descender, aunque esto no garantiza que existan menos agresiones físicas, psicológicas o sexuales contra los menores de edad, sino que éstas no se están detectado a tiempo.
En Tlalnepantla, por ejemplo, las denuncias presentadas ante la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, aumentaron en 140 por ciento durante el mes de marzo, con respecto a las que se venían presentando durante enero y febrero, donde se reportaron 15 casos por mes, aunque entre abril y mayo disminuyeron nuevamente y para este mes se vislumbra un nuevo incremento por los 12 casos que ya se reportan en los primeros 16 días de junio.
No más optimistas son las cifras que maneja la activista Frida Guerrera, quien señala que, de acuerdo con informes periodísticos, durante el periodo de confinamiento, entre 70 y 75 niños y niñas menores de 10 años de edad han sido asesinados en todo el país, de los cuales 20 pertenecerían al Estado de México, mientras que la violencia contra este sector de la población se duplicaría en el territorio mexiquense con respecto a lo reportado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), quien consideró que tres de cada 10 niños son violentados.
Se quedan sin aliados
Israel y Jonathan tienen algo en común, ambos se encuentran recluídos en el Penal de Tlalnepantla, por haber asesinado a golpes a un o una menor en el municipio de Atizapán durante esta cuarentena.
En el caso de Israel, el pasado 04 de mayo acudió a la casa de su pareja sentimental en la colonia México Nuevo y, tras discutir con ella, tomó un palo y golpeó en varias ocasiones a la hija de ésta, de tan solo cuatro años de edad, y posteriormente huyó del lugar. Aunque sus familiares la trasladaron a un hospital de la zona, la menor no soportó las lesiones y falleció minutos más tarde.
Dos días después y a unos metros de donde ocurrió el otro infanticidio, Jonathan discutió con su pareja en su hogar ubicado en la colonia Profesor Cristóbal Higuera y, en un arranque, la golpeó y, posteriormente, se lanzó contra su hijo de cuatro años, hasta arrebatarle la vida. La muerte del pequeño se supo dos días después, cuando familiares del niño acudieron a la casa y encontraron su cuerpo inerte y a su mamá malherida.
Ambos homicidios quizá se pudieron haber evitado si los niños hubieran asistido ese día a sus clases y no hubieran estado presentes cuando los sujetos estallaron de rabia y atentaron contra su vida.
Para Cristel Yunuén Pozas, los registros de agresiones contra los niños han mostrado un descenso desde el mes de mayo, debido a que la violencia infantil es invisible, ya que los transgresores normalizan y justifican sus actos con argumentos como: "así me educaban antes" o "son mis hijos y yo los educo como quiero", por lo que difícilmente el círculo inmediato del menor se atrave a denunciar a los familiares de éste.
"Para un niño es más difícil denunciar que para una mujer violentada. Cuando se anima, la mujer puede marcar al 911 para pedir ayuda, un niño no, por eso para nosotros los maestros son aliados muy importantes, porque pueden detectar estos casos cuando los menores asisten a las escuelas pero, ante el confinamiento que estamos enfrentando, actualmente es imposible", destacó.
La subprocuradora municipal Julia Malpica coincidió en que la mayoría de las denuncias que se reciben por este tipo de violencia provienen de las escuelas, donde los directivos o docentes saben reconocer cuando un niño o niña enfrenta algún tipo de violencia, pues solo en algunos casos, lo hacen los vecinos que están relacionados con las familias agresoras, pero el covid-19 ha provocado que éstas se adentren aún más en los hogares, lo que impide saber lo que realmente está sucediendo en las viviendas.
"Los niños desarrollan un criterio de fidelidad hacia los padres aun cuando éstos los agreden, por lo que muchas veces es hasta que hay una intervención psicológica cuando reconocen que son violentados", mencionó.
Se estima que 90 por ciento de las agresiones físicas, psicológicas o sexuales en contra de estos niños, son provocadas por sus propios padres, mientras que el 10 por ciento restante ocurre a manos de su círculo cercano, entre los que se incluye a abuelos, tíos, primos, hermanos, así como amigos y vecinos cercanos a la familia, siendo el grupo más vulnerable, el que pertenece de los 06 a los 10 años de edad.
Botín familiar
La activista Frida Guerrera es contundente al manifestar que una gran parte de las agresiones que enfrentan los menores de edad se debe a una lucha de poder entre los padres, pues actualmente los hombres no son los únicos que los agreden sino también las madres, aun cuando también sean víctimas de la violencia machista.
"Esta etapa de aislamiento nos ha demostrado que las familias no sabían estar juntas y ha provocado un entorno social difícil que se ha agravado al amparo de muchas cosas: la mamá o el papá están enojados por el trabajo y el encierro al mismo tiempo, y entonces se ha generado una condición de poder que termina en niños golpeados o violados por sus familiares porque eran lo más cercano que tenían", asevera
Malpica Reyes, por su parte, señala que esta convivencia cercana impide que muchas veces los adultos que son testigos de la violencia, la denuncien, por lo que la mayoría de los casos son reportados por familiares más lejanos como los abuelos o tíos o por alguno de los padres, siempre y cuando éstos estén separados.
Un nuevo hogar
La procuradora del DIFEM, Cristel Yunuén Pozas Serrano, explicó que, a partir de la reforma a la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de México, aprobada el 08 de junio de 2018, se creó la figura de las redes familiares de adulto significativo o de apoyo, a través de la cual se busca que el menor violentado pueda ser reinsertado en un nuevo núcleo familiar que no solo se extienda a los abuelos o tíos, sino a otros grupos cercanos al menor, aunque no sean consanguíneos, como sus padrinos, vecinos o amigos.
Indicó que esto ha permitido que solo 64 niños víctimas de esta violencia o de negligencia en sus cuidados hayan tenido que ingresar a alguno de los 51 centros de asistencia social que existen en la entidad.
"Contemplar la familia nuclear, extensa o de acogida como un espacio para brindar afecto para estos pequeños es lo mejor, porque está demostrado que un niño que está asignado a un centro de asistencia, tiene un desarrollo cognitivo hasta cinco años menor que aquellos que se desenvuelven en un entorno familiar", apuntó la subprocuradora de Tlalnepantla.
Justicia enferma
Frida Guerrera puntualiza que los niños o adolescentes no solo están enfrentando la violencia sino que también se han sumado a la lista de desapariciones provocadas en su mayoría por los propios padres de los menores, quienes, al encontrarse divorciados, arrebatan a los pequeños de su otro tutor.
"Los niños son como botines de guerra y, lamentablemente, muchas veces van a denunciar la sustracción del menor a la Fiscalía de Personas Desaparecidas y cuando dicen que fue el papá, las autoridades aseguran que no hay delito que perseguir, aun cuando el niño le fue arrebatado a la madre después de que la golpearan y, entonces, la mamá tiene que iniciar todo el trámite de la custodia pero en este periodo solo les dan largas, lo que complica la justicia", dijo.
Adicionalmente, advirtió que la contingencia del covid-19 ha generado un vacío institucional con el que los niños que eran sujetos de vigilancia por parte de instituciones como el DIF, no la hayan tenido, lo que los llevó a ser asesinados por sus padres.
"Si el DIF de Lerma hubiera entregado a tiempo las seis despensas que le correspondían a los abuelos de Félix, el Niño del Suéter Rojo de Calimaya, ellos no hubieran tenido que entregar al niño con su madre por falta de recursos y nadie lo hubiera asesinado, pero la institución no lo vigiló,; entonces, también es una responsabilidad institucional. Dicen que la justicia se enfermó con el covid-19, pero lo cierto es que lleva décadas enferma y la pandemia también la está matando", concluye.
(Sharira Abundez)