“Ustedes no pueden andar con ese dinero”, advirtió un policía a dos hombres a quienes había detenido.
César y Noé llevaban un millón de pesos en efectivo dentro de un portafolio, el cual era un préstamo para un compadre de un empresario capitalino.
Con base en la indagatoria CI-AO/AOB-1/UI-2S/D/2251/06-2019, ambos iban en un Nissan Sentra cuando en Avenida San Antonio, colonia Nápoles, alcaldía de Benito Juárez, fueron interceptados por una patrulla.
“Es para una revisión de rutina”, dijeron los uniformados.
En los asientos traseros del Sentra se hallaba el portafolios con el efectivo. Tras descubrirlo, uno de los oficiales con indicativo Gama les informó que serían arrestados.
“Se debe de comprobar la legal procedencia del dinero”, argumentó, acorde con los testimonios de César y Noé, rendidos el 10 de junio ante la Fiscalía de Álvaro Obregón.
Los empleados del empresario no opusieron resistencia y solamente llamaron a su jefe para avisarle.
Cuando el empresario llegó al sitio, sus trabajadores ya estaban nuevamente dentro del Sentra, con dos policías en los asientos traseros.
El oficial con indicativo Gama le indicó que los llevarían a la Fiscalía General de la República (FGR), pero no ocurrió así.
Según las declaraciones vertidas en la carpeta, apenas llegaron a la calle Augusto Rodín, los policías que iban en el Sentra ordenaron detener la marcha y descendieron del coche… Con el portafolio y el millón de pesos.
Corrieron hasta otra patrulla, una camioneta Jeep Patriot, y escaparon.
La Procuraduría capitalina ya tiene identificados a los oficiales involucrados en el robo, aunque hasta ahora no han sido detenidos.
Por su parte, al pedir una postura sobre los hechos, el área de comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC-CDMX) informó que lo harían, pero hasta la tarde de este viernes no había respuesta.
La Silla Rota publicó que hasta mayo de este año sumaban 450 denuncias por abuso de autoridad en CDMX. En 2018 se registraron 810, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este ilícito, acorde con el Código Penal local, se castiga con la inhabilitación del servidor público y entre 8 meses y tres años de cárcel.