El Congreso de la Ciudad de México aprobó la "Ley Ingrid" con la que los servidores públicos que filtren información reservada podrían ser enviados a la cárcel de dos a seis años.
Esta ley fue conocida como "Ley Ingrid" debido a que la iniciativa surgió a partir del caso de Ingrid Escamilla, una joven que fue víctima de feminicidio en febrero de 2020 y cuyas fotos fueron filtradas por policías que atendieron el caso.
Por ello, en las modificaciones aprobadas se detalla que las sanciones podrían aumentar en una tercer parte " si la información que se difunda es con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima", con lo que se busca erradicar la revictimización de la familia afectada y de la memoria de la víctima.
Durante la sesión en el Congreso, los legisladores capitalinos aprobaron el dictamen con el que se propuso modificar el artículo 293 del Código Penal de Distrito Federal, en el que se establece las sanciones a los servidores públicos que publiquen, distribuyan o comercialicen con la información de un caso, por lo que podrá ser castigados con cárcel y con una multa entre 500 y mil UMAS a quien incurra.
La modificación a la Código Penal establece que que las penas aplican para " la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos".
EXHORTAN APLICAR LEY DE AUSTERIDAD
En la sesión legislativa , los diputados presentaron un exhorto para el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que aplique la Ley de Austeridad en los salarios de sus funcionarios.
De acuerdo con la diputada morenista Donají Olivera Reyes, los servidores públicos del TECDMX deberían de percibir un sueldo menor al de la jefa de Gobierno que es de 78 mil 364 pesos, ya que actualmente los integrantes del pleno del TECDMX reciben un salario bruto de 223 mil 911 pesos. Sin embargo, el diputado panista Diego Garrido López expuso que el exhorto presentado atenta contra autonomía del Tribunal.
El exhorto presentado fue aprobado con 27 votos a favor y 13 en contra.
(Sharira Abundez)