TOLUCA.-Con hasta once años de prisión se castigará en el Estado de México a quienes audiograben, graben o difundan imágenes o información de víctimas, la pena máxima se aplicará cuando el delito sea contra niñas, adolescentes y mujeres, y quien lo cometa sea una persona servidora pública.
Esto luego de que por unanimidad de votos se aprobara la llamada Ley Ingrid en la Cámara de Diputados local.
La reforma al Código Penal adiciona el artículo 227 Bis al Código Penal del Estado de México y considera que, cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarían hasta en una mitad, por lo que llegarían a nueve años, pero si lo hace un servidor público, la sentencia podría alcanzar los once años por los agravantes.
JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS
Con esta reforma, señaló la diputada Beatriz García Villegas, se busca proteger la integridad de las niñas, adolescentes y mujeres, con base en los derechos humanos, concordantes con las normas constitucionales y con el marco normativo internacional, incluso después de su muerte.
“No podrá seguir lucrándose con la dignidad de las víctimas y sus familias y quienes cometan este delito podrán ser sancionados e hizo votos porque las autoridades encargadas de aplicar esta ley lo hagan correctamente”, añadió la legisladora.
Por su parte, la diputada Araceli Casasola -quien presentó una de las cuatro iniciativas que integran el dictamen aprobado en comisiones- destacó que se frenará la revictimización de las mujeres violentadas y garantizará el derecho a la dignidad de la persona.
En su intervención ante el pleno, puntualizó que la situación empeora cuando estas acciones son cometidas de manera reiterada por servidoras públicas de las diferentes instituciones de procuración y administración de justicia.
LA LEY INGRID
Esta reforma responde a los lamentables hechos relacionados con el crimen de Ingrid Escamilla ocurrido en febrero de 2020, que dieron lugar a una reforma legislativa similar en la Ciudad de México y otras seis entidades del país, conocida como “Ley Ingrid”.
(SAB)