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Aprovechan incertidumbre sobre propiedad para intentar desalojarla

En febrero pasado, llegaron 30 personas acompañados de policías a habitar algunos de los departamentos del número 68 de Emiliano Zapata, en el Centro Histórico

Escrito en METRÓPOLI el

Rufina Felisa Galindo López lleva casi toda su vida viviendo en el 68 de Emiliano Zapata, en el Centro Histórico. De 64 años, vive ahí desde que tenía dos años, en el departamento 21 de dicho edificio. Pero está a punto de tomar la decisión de salirse definitivamente. La razón es que ya sufrió en 2016 un intento violento de desalojo, con policías incluidos, y ahora no puede recibir a nadie sin que los inquilinos que llegaron en febrero, y que teme envió quien se ostenta como el dueño, le exijan la credencial de elector a quienes la visiten o de plano les nieguen la entrada.

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En febrero pasado, llegaron 30 personas a habitar algunos de los departamentos del edificio de fachada roja de tres pisos. Ocuparon los departamentos que en los dos últimos años habían sido desalojados también de manera violenta y el acompañamiento de la policía. Dice que se trata de jóvenes drogadictos que controlan la entrada y salida de los pocos inquilinos originales que quedan e incluso se han opuesto a que una de sus cuatro hijas la visite.

El edificio en el que vive entró en un limbo jurídico desde 2004, cuando murió la dueña Rosario Fernández y Fernández. Rufina ya había dejado de pagar renta desde 2002, cuando el edificio fue expropiado, ya que había sufrido daños por el sismo de 1985, y entonces pasó al Instituto de Vivienda (Invi), asegura. Pero la dueña metió en aquel entonces un recurso y la expropiación se revirtió en 2004, cuando ella murió.

En ese entonces nadie se acercó a reclamar la propiedad, por lo que ella dejó de pagar aunque continuó ahí. Sin embargo, en 2017 comenzó el desalojo de familias, luego de que apareció el señor Francisco Ricardo Piñueyra Fernández, quien aseguró que es dueño del lugar, e incluso que era familiar de la antigua dueña, aunque después dejó de decirlo.

Rufina dijo a La Silla Rota que consultó en el Registro Público de la Propiedad quién era el dueño del predio, y aún aparece el nombre de Rosario Fernández.

Pese a ello, en el primer desalojo del 13 de julio de 2016, hubo presencia de 800 granaderos que rodearon las calles aledañas. El 20 de agosto y el 5 de septiembre hubo otro par de desalojos. En este último iban por ella, pero ya había una solicitud de amparo y aunque incluso entraron al departamento y lo dañaron, con el recurso legal no completaron el desalojo, y además debieron reparar lo dañado.

Pero el 29 de noviembre del año pasado reiniciaron los desalojos. Con policías y cargadores otra vez desalojaron a una madre soltera.

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“Ese día hubo violencia y a una de mis hijas que intentó ingresar la tomaron del cuello, le intentaron robar el celular y nos quejamos ante la Fiscalía de Servidores Públicos”.

Recordó que ese día ella se salió y vio afuera del edificio a un hombre que se ostentaba como dueño, pero que a una cuadra estaba Piñueyra. Entonces pidió al C-5 copia de lo que grabaron las cámaras pero nunca se la dieron.

En febrero pasado, desde que llegaron los nuevos inquilinos, ella ya no puede recibir a nadie sin que los jóvenes obstaculicen el paso o de plano lo impidan. Rufina, quien es costurera, afirma que ya hasta ha perdido clientes.

Pero resalta que desde antes ya se había quejado ante diversas instancias como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde le contestaron que no le correspondía; la Fiscalía Especializada el Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur); la Autoridad del Centro Histórico, donde la canalizaron a otras instancias; el Invi, y el subsecretario de Gobierno capitalino, Arturo Medina.

También acudió con Rafael Santana, asesor de Edgar Elías Azar cuando este aún estaba al frente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y aunque le dijeron que iban a revisar el caso, al regresar a verlo, no la recibió porque no estaba, asegura.

Ya estoy harta de hacer las cosas, me siento fatal, me escuchan pero nadie hace nada. Dejé escritos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, me los recibieron pero me dijeron que se llevaría tiempo. Estoy cansada y quiero hacer una vida normal”, expresa.
 

De los 24 inquilinos, todavía quedan cuatro originales. Cuestionada si el intento de desalojo es de parte de un cártel, dice que no. Que incluso quienes llegaron son gente de La Merced, que está a unas cuadras.

Ella sabe que han ocurrido otros desalojos que también se convierten en despojos de propiedad, como en la misma calle pero en el 42, en Soledad 23 y en Manzanares 30, en el Centro Histórico, refiere.

Dice que los bancos también desalojan a la gente.

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Explica que ella no se va con alguna organización porque podría hacerlo con la de la ahora diputada federal Dolores Padierna, pero en caso de hacerlo significaría ir a marchas.

Su intención ahora es ir a una de las audiencias de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque para ello deba despertarse a las 3 de la mañana, e irá acompañada de su vecina desalojada el 29 de noviembre. 

También decidió acudir al Congreso de la Ciudad de México, donde acompañada de un grupo de manifestantes pidieron a los diputados ayuda para resolver el problema de desalojos.

PROBLEMA VIEJO

LA SILLA ROTA pidió a la actual Secretaría de Gobierno datos sobre el asunto de los desalojos en la Ciudad de México. La petición fue atendida, pero la información no había sido enviada al cierre de la edición.

Durante la pasada administración el tema fue abordado, y en una presentación de la Secretaría de Gobierno cuando era ocupada por Patricia Mercado, se mostró que la invasión y también el desalojo fuera de la ley son formas de despojo de predios.

El informe, de 2016 mostraba que en la entonces delegación Cuauhtémoc, solo el 3 por ciento de los intentos de despojo no era cometido por organizaciones como la Asamblea de Barrios y otras tres más. De esos intentos de despojo, entre 2015 y 2016, 19 fueron de manera violenta, y 36 por la vía judicial. Una de las modalidades de esta vía es que entren sujetos al local, que anteriormente fue desocupado por diligencias judiciales.

djh