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Analizan echar atrás puntos polémicos de reforma inquilinaria

Se eliminarían la suspensión de pago de renta en situaciones de emergencia y los contratos por tres años

Escrito en METRÓPOLI el

Después de las observaciones recibidas y las deliberaciones al interior del Congreso sobre la propuesta de reformas al Código Civil capitalino en materia inquilinaria, en el dictamen se contempla eliminar varios de los puntos de la iniciativa, adelantó a La Silla Rota el presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado local Eduardo Santillán.

Entrevistado, el morenista dijo que se eliminaría del dictamen la obligatoriedad de suspender los pagos de la renta de los inquilinos a arrendadores en una emergencia sanitaria como la actual pandemia; ya no sería obligatoria la firma de contratos por tres años y sí se prevé mantener la necesidad de que los candidatos a inquilinos presenten un fiador para rentar; no se limitarán las garantías y otorgamiento de fianzas a favor del arrendador.

“Lo que no queremos es que se genere  incertidumbre e inestabilidad. Es muy claro el hecho de que hay una iniciativa y que se están analizando las diversas opciones y alternativas para el dictamen. El criterio de la comisión es que ningún dictamen establezca un riesgo para la propiedad privada, ni la declaración de una postura de no pago, de tal suerte que estaremos haciendo un ejercicio muy amplio”, explicó el legislador.

Especificó que sí se establecerá un mecanismo expreso alternativo de justicia, de tal suerte de que las partes puedan generar convenios de devolución anticipada, de prórroga o disminuciones, sujeto a la voluntad de las partes. 

DERECHOS HUMANOS NO PARTICIPA

La iniciativa fue presentada el 7 de julio por las diputadas de Morena Valentina Batres y Martha Ávila, a nombre de algunas organizaciones ciudadanas. Por ley se establece que deben pasar 10 días hábiles para recibir observaciones y comentarios de la ciudadanía en general.

Dicho plazo se cumple el 22 de julio y un día después es cuando ya se puede comenzar a redactar un dictamen por parte de la comisión, una vez que se pongan de acuerdo sus integrantes;  cuando se apruebe el dictamen se puede valorar su inclusión en un periodo extraordinario, añadió Santillán. Calculó que el dictamen estará pronto y que generará certidumbre.

Aunque parte de los motivos para justificar la iniciativa era garantizar el derecho humano a la vivienda en caso de una emergencia sanitaria o de un desastre, y estaba contemplado que participaría la comisión de Derechos Humanos, encabezada por el diputado Temístocles Villanueva, el morenista decidió declinar su participación.

POLÉMICA

La iniciativa ha causado reacciones de rechazo por parte de expertos en derecho y de representantes de arrendadores, así como de representantes de otros partidos.

La  propuesta de reformas al Código Civil en materia inmobiliaria busca que  los contratos por el arrendamiento de vivienda no sean menores a tres años, salvo por disposición expresa de la parte arrendataria; y querían que se prohibiera a los arrendadores de solicitar como garantía cualquier título de propiedad.

La iniciativa proponía que ante la ausencia de contrato por escrito no se podrían realizar desalojos, aún por incumplimiento de la renta, hasta que no sea subsanada esta formalidad, además de que el arrendador perdería su derecho a conservar el depósito en caso de rescisión anticipada del contrato por parte del arrendatario, o de una cantidad equivalente al mismo en caso del término temporal del mismo.

También incluye que en caso de lanzamientos ordenados judicialmente, deberá notificarse de la diligencia con una anticipación de dos meses.

La propia diputada morenista Valentina Batres reconoció que la iniciativa que presentó a nombre de distintas organizaciones vecinales, podría tener muchos cambios.

 “Retomar una iniciativa no significa que se retome una redacción. Eso le toca a la comisión dictaminadora, que ante un análisis se pueda recoger el espíritu de la iniciativa y avanzar en los temas. Se puede plantear otra redacción diferente sin dejar de atender el planteamiento de fondo”, dijo a La Silla Rota.

RIESGOS INMOBILIARIOS

Una de las voces que expresó su crítica es la diputada federal priísta, Cynthia López Castro. Dijo que la iniciativa presentada por la hermana del senador Martí Batres y la coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, implica cuatro riesgos.


Uno es que se trata de un atentado al derecho a la propiedad privada, y le impone al arrendador un tiempo mínimo de tres años respecto a su propia propiedad. “Eso obligaría a contratos forzosos de tres años, lo cual puede ser una locura porque no se sientan a gusto con el inquilino y entonces tengan forzosamente que cumplir ese plazo”.

Además planteó que “es un absurdo que no puedas pedir garantía, pago de depósito; no lo quieren quitar pero sí eliminar la fianza para cubrir el pago de las rentas” e impide que se pueda desalojar de la propiedad a alguien que no está pagando el alquiler.

NO LE CONVIENE A SHEINBAUM

Advirtió que al gobierno local que encabeza Claudia Sheinbaum no le conviene una ley como ésa, porque necesita reactivar la economía y la iniciativa impediría eso.

“El gobierno está pidiendo reactivar y por otro lado le están dando este golpe a los arrendadores. Las tribus de Morena vienen de organizaciones de inquilinos, por eso insisten y quieren quedar bien con sus clientelas”.

LLENA DE INCONGRUENCIAS: SACAL

Para el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Salvador Sacal, la iniciativa es inconstitucional, ya que violenta los derechos humanos del propietario y no tiene ninguna propuesta a favor de lo que establece su exposición de motivos, que es para paliar los efectos de la pandemia. Atenta contra el arrendamiento de casa habitación, subrayó.

“Está llena de incongruencias, va contra la libertad económica, tanto del propietario como del inquilino y no lo beneficia”, expuso. Agregó que en la pandemia quieren dar instrucciones al propietario sobre cómo actuar en esta época, que ya hizo antes, al ponerse de acuerdo con su inquilino.

“Tampoco beneficia el hecho de que no puedan desalojarlo con la fuerza pública;  no hay nadie que se salga por su propio pie, y que le quiten garantías para el pago. Si no se pueden pedir garantías no puede haber arrendamiento y no va a haber, es un paliador del déficit inmobiliario”.

Se refirió a los argumentos de quienes promueven la iniciativa en el sentido de que se busca evitar desalojos, de los cuales ocurren ocho diariamente en la Ciudad de México.

“¿Cómo puede haber desalojos si los tribunales están cerrados desde abril? Inventaron la cifra para vender un discurso; dándoles la razón sin conceder, los desalojos representan el 0.4 por ciento de contratos, que no digan que hay impunidad”.

EL GOBIERNO NO SE PRONUNCIÓ

Sobre cómo afectaría, Sacal dijo que impactaría en el producto interno bruto de la ciudad, ya que el arrendamiento aporta precisamente 1.5 por ciento del PIB local, pero con dicha iniciativa, la inversión se iría a otra parte y ya no se quedaría en la capital.

Criticó que de parte del gobierno capitalino no haya habido pronunciamientos sobre la iniciativa de ley. “Ni de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ni de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, ni la Consejería Jurídica, que debería decir ‘cuidado”.

Dijo que están confiados en que el dictamen no pase tal como  llegó la iniciativa. “Pero no hay garantía, estamos en manos de los diputado locales”.

DESALOJOS CONTINUARON

Uno de los abogados que asesoró a las organizaciones vecinales para la propuesta que le presentaron  a las diputadas Batres y Avila, Kalycho Escoffié, expuso en su cuenta de twitter @kalycho que en la ciudad de México se registran 8 desalojos al día, una situación por la cual la ONU ya ha expresado preocupación.

Señaló que no se han cancelado los juicios con la pandemia, aunque los juzgados suspendieron actividades.

“En la CDMX nunca se declaró la suspensión de desalojos por la pandemia como se hizo en otros estados y países”.

Agregó que la iniciativa incluye 4 puntos: garantizar que no haya arrendamientos sin contratos; garantías razonables; derechos durante el desalojo, no se niega que hayan desalojos, y que haya medios de negociación por la covid-19.