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Alcaldesa de Los Reyes La Paz tendrá que pagar salarios caídos: Tribunal

Los trabajadores forman parte en las comisiones de salud y Educación del ayuntamiento de la Paz en el Edomex

Escrito en METRÓPOLI el

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la alcaldesa morenista, Olga Medina Serrano, a resolver la situación jurídica de 18 empleados que estaban adscritos a la primera y tercera regidurias, y que dejó de pagarle sus salarios desde el 15 de agosto de 2019.

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Los trabajadores forman parte en las comisiones de salud y Educación del ayuntamiento de la Paz, pero la presidenta municipal presuntamente dejó de pagarles porque eran simpatizantes de la senadora Martha Guerrero Sánchez, del grupo de Acción Política (GAP), mientras que la alcaldesa es parte del grupo político interno de Morena, conocidas como "Los Puros". 

La suspensión del salario de los 18 empleados municipales fue el 15 de agosto de 2019 y las regidoras Juana Oropeza García y Alma Janeth Ramírez Hernández, tuvieron que recurrir, en primera instancia al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM). 

Sin embargo, dicha dependencia estatal se negó a resolver el conflicto, por lo que las regidoras acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se les respetará sus derechos político-electoral. 

De acuerdo con los juicios JDCL/202/2019 y JDCL/203/2019 interpuestas en el TEEM, en enero de 2019 el ayuntamiento de Los Reyes la Paz dispuso de un presupuesto para el pago de la nómina del ayuntamiento, entre ellas la del personal de las regidurías primera y tercera. 

Según relataron, de forma súbita y por presuntos conflictos políticos entre Olga Medina y Martha Guerrero, la presidenta municipal le ordenó a su tesorero suspender los salarios a 18 empleados adscritos a esas oficinas. 

Las regidoras también de Morena, apuntaron en sus demandas que "el acto que impugnó es el atropello por parte de la presidenta municipal de la Paz, Estado de México, al no otorgar un techo financiero para el desempeño de mis funciones y al suspender ilegalmente el salario de los pocos empleados municipales con los que cuenta mi regiduría". 

En su demanda a nivel federal en el TEPJF, apuntaron: el acto impugnado es "la sentencia de fecha 13 de noviembre de 2019 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México al resolver los juicios JDCL/202/2019 y JDCL/203/2019, mismos a los que no se apegaron a los derechos de los ciudadanos magistrados, dejaron de proteger nuestros derechos políticos electorales a ejercer el cargo al que fuimos votadas". 

El TEPJF realizó el juicio ciudadano federal ST/JDC/170/2019 en el que concluyó que la alcaldesa Olga Medina Serrano debe de resolver la situación jurídica de los empleados cuyos pagos están suspendidos desde el 15 de agosto de 2019. 

Además, de que también debe de tomar las medidas pertinentes para dotar de recursos humanos indispensables para las regidoras. 

TEMA NO ENTRA AL CABILDO 

La regidoras expusieron este tema en la sesión de cabildo que se realizó el pasado nueve de enero, pero la alcaldesa Olga Medina se negó a discutirlo con los regidores porque el TEPJF sólo ordenó a la presidenta municipal y "no al cabildo".

Medina estableció que resolverá este tema, incluso, le pidió a su abogado que leyera ante los regidores la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para afirmar que es su única responsabilidad. 

Hasta el momento, la alcaldesa no ha dado cumplimiento a la orden del TEPJF. 

ANTECEDENTES 

Tranquilino Lagos, asesor de la senadora Martha Guerrero, dijo que aunque este caso se resolvió en el TFPJF, las regidoras agraviadas, pueden recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la suspensión de pagos a los 18 empleados municipales y si la alcaldesa no cumple, ésta puede ser removida de su cargo. 

Recordó que la SCJN en el 2018 destituyó al alcalde de Coacalco, Erwin Castelán y a sus 13 regidores por desobedecer un mandato de esa institución, por haber incumplido con una sentencia de amparo emitida el 3 de abril de 2013, derivada de un proceso laboral iniciado por un trabajador que acusó despido injustificado.