En la Ciudad de México asesinan en promedio a 2.6 mujeres a la semana lo que la coloca en noveno lugar a nivel nacional. Es la cuarta entidad con más desapariciones que están vinculadas con el delito de trata sexual y se ubica en el número uno de violencia en el ámbito comunitario.
Esta y otras razones han vuelto en menos de seis años a la Ciudad de México un lugar con riesgo entre medio y alto para la mujer, expresaron especialistas consultadas por LA SILLA ROTA. No siempre ha sido así. Hace apenas un tiempo fue considerada de Vanguardia por los derechos ganados y adquiridos como la Interrupción Legal del Embarazo o la implementación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. Ambos a partir de 2007.
Las expertas también señalaron que el contexto actual en el país es violento para las mujeres y niñas. La Ciudad de México no es la excepción. Aunado a ello, un cúmulo de políticas públicas hechas al vapor durante la administración de Miguel Ángel Mancera derivó en la carencia de programas efectivos con perspectiva de género, indicaron.
Este incremento en la ciudad de la violencia sistemática hacia la mujer ha ocasionado un deterioro en su calidad de vida donde prevalece la violación a sus derechos humanos y una falta de acceso a la justicia, debido a ello el 7 de septiembre de 2017, organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la capital del país.
Sin embargo, a un año y medio de esa petición, la emergencia se ha agudizado, alertaron, mientras que el gobierno federal con la nueva administración aún no tiene una respuesta. Reiteran que todavía es pertinente la solicitud de la AVG, pues no solo se mantienen vigentes los criterios por los que se hizo, sino que se han acumulado más elementos para declarar la alerta en la CDMX.
A pesar de este panorama hacia las mujeres en la CDMX, las expertas confiaron que la gestión de Claudia Sheinbaum, primera jefa de Gobierno electa, sea sensible hacia la situación que atraviesan las capitalinas y se vea reflejado en un trabajo con perspectiva de género e incluyente que le apueste a los cambios de raíz, de la mano con la sociedad civil.
CON MANCERA, PROGRAMAS AL REVÉS
Dana Corres, quien es especialista en temas de comunicación, movilidad, género, y además forma parte del parlamento de mujeres en el Congreso de la Ciudad de México, apuntó que durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera hubo un nulo avance, incluso retroceso en la implementación de políticas públicas enfocadas a la erradicación de la violencia hacia capitalinas en el espacio público, también conocido como ámbito comunitario.
“Mucho de lo que está pasando (en términos de violencia contra la mujer en el transporte) deriva de malos manejos. Una serie de malas decisiones o que fueron tomadas al aire. El balance general es preocupante. Parece que ahora nos están explotando todas esas malas acciones llevadas a cabo a lo largo de varios años”
Relató que en 2013 el gobierno de Miguel Ángel Mancera firmó un convenio de colaboración con ONU Mujeres, donde acordó erradicar la violencia contra las niñas y mujeres en espacios públicos de la ciudad. Resultado de ese memorando surgieron varios compromisos, de entre los cuales destacaba primero la elaboración de un diagnóstico y por ende la implementación de un programa. Las autoridades lo hicieron al revés.
“Hicieron y presentaron el programa Vive Segura que nadie sabe de donde salió o bajo qué criterios. Ante eso, grupos feministas se quejaron. Las autoridades les dieron la razón y mandaron a realizar un diagnóstico. Hasta 2017, el Colegio de México, el cual fue contratado para tal fin, presentó el documento, pero desde 2015 lanzaron las acciones”
Como parte de Vive Segura, que se diseñó antes del diagnóstico, se adquirieron silbatos con el argumento de combatir el acoso callejero y se lanzó una aplicación para teléfonos celulares. Medidas que recibieron muchas críticas cuando fueron presentadas. “Nunca vimos los resultados. Sabemos que fue un programa que no tuvo dinero, pero no se entregaron resultados del recurso que sí se ocupó para los silbatos y aplicación”.
Para Corres, el Diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres y niñas en el transporte público de la Ciudad de México arrojó cifras alarmantes. “La mayor parte de las mujeres hemos vivido violencia en el transporte público, pero ya es muy distinto verlo en números”.
Según este diagnóstico, la Ciudad de México se ubica como la entidad de mayor prevalencia de violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario en el país, es decir violencia cometida en el espacio público como transporte, trabajo o escuela, principalmente por desconocidos.
El documento menciona que según la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENIREH), la mitad de las mujeres en la ciudad reportó violencia en el ámbito comunitario. “Las formas más frecuentes son los piropos o frases ofensivas de carácter sexual que molestan y ofenden a las mujeres (73.7%) y los tocamientos impropios (58.2%). Además, 13.8% aseguran que han sentido miedo a ser atacadas sexualmente (13.8%)”.
Existen ciertos tipos de agresiones que, acotó el diagnóstico, si bien son menos frecuentes, cuando ocurren tienden a concentrarse en la calle o el transporte público. Tal es el caso de las agresiones físicas. Así, 55.01% de los eventos registrados en la ENDIREH ocurrieron en la calle o transporte público, y 58.3% de los actos sexuales forzados por dinero y 89.7% de mujeres que fueron obligadas a mirar escenas o actos sexuales tuvieron lugar en la calle o el transporte público.
En tanto, el colectivo Serendipia Data, que trabaja con bases de datos, reportó en su página web que en total el gobierno capitalino gastó 3.3 millones de pesos en los silbatos y la aplicación, acciones que constituyeron la “Estrategia 30-100” de combate a la violencia contra las mujeres.
A pesar de ello, el colectivo indicó que la situación no mejoró. “En 2016 fueron iniciadas mil 956 carpetas de investigación por abuso sexual, cifra que disminuyó a mil 619 en 2017 y volvió a incrementar en 2018, cuando llegó a dos mil 475. Esto de acuerdo con los datos del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México”.
“LA RUTA DE LA IMPUNIDAD” EN LA CDMX
En la actualidad en la Ciudad de México, las organizaciones civiles ven un incremento en la violencia contra las mujeres, sobre todo de acuerdo a las estadísticas como las del INEGI y otras estudios.
“Observamos un incremento en la violencia comunitaria. En la Ciudad de México la mayoría de esta violencia consiste de tipo de sexual y esto habla de la inseguridad que se vive en la ciudad. Las mujeres no podemos transitar libremente y estamos expuestas a riesgos graves”, advirtió Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona AC y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCN).
Dentro de estas violencias en el ámbito comunitario capitalino también es alarmante, dijo, el fenómeno de la desaparición de personas, en particular de mujeres y niñas. El feminicidio ha registrado un alza y con ello un inadecuado tratamiento por parte de las autoridades.
La asociación civil Pro Persona ha documentado una serie de violaciones a los derechos humanos, que llamó “ruta de impunidad”, la cual se establece desde el momento en que las mujeres se acercan a la autoridad a pedir protección o presentar una denuncia, y no encuentran respaldo.
“Esta ruta de impunidad se da también en casos extremos como es el feminicidio, donde observamos la revictimización, la difusión de imágenes que son sensibles y que a veces es la policía de investigación quien vende la información de las propias carpetas o pierde evidencia. Los peritos tienen inconsistencias graves que no solo evidencian su falta de capacitación, sino que a veces nos llevan a concluir que hay actos de corrupción sistemática dentro de la instancia e procuración de justicia”.
Estas lagunas siguen siendo un reto. Para la especialista el nuevo gobierno hasta que no presente su plan de trabajo para ofrecer un mejor acceso a la justicia para mujeres, no garantiza un cambio estructural, así como hasta que haga una depuración de funcionarios que han dañado las instituciones desde hace mucho tiempo, para sancionarlas y no considerarlas en la coyuntura de la transición de procuraduría a fiscalía.
CUANDO LA CDMX TIPIFICÓ EL FEMINICIDIO
Con la participación de la sociedad civil en coordinación con las autoridades gubernamentales, el delito de feminicidio fue tipificado en la Ciudad de México en 2011. “Fue la primera entidad federativa que consideró esta discusión profunda para establecer cuáles eran las razones de género de manera objetiva”, relató Pérez Garrido.
Como resultado de ese esfuerzo quedó un tipo penal autónomo que expresa las razones de género de manera objetiva y que esto significa que es un tipo penal acreditable. Se logró que la sanción sea de 20 a 40 años de prisión y de 30 a 60 años cuando se trate de feminicidio agravado.
Sin embargo, a pesar de que esto fue un avance en la ciudad, Pro Persona y ONCF han identificado que no ha habido un compromiso para realmente implementar el tipo penal del feminicidio.
“En los primeros años de la administración de Mancera era razonable porque era un tipo penal nuevo y habría que capacitar al personal. Ya con el transcurso de los años hemos visto que no ha habido un avance, que al contrario a ello, identificamos algunas prácticas donde la autoridad se resiste a considerar el tipo penal a pesar de la evidencia y de los signos de violencia”
Como ejemplo de ello, la Ciudad de México reporta un 29 por ciento en la consideración del tipo penal. Es decir que solo ese porcentaje de los asesinatos de mujeres los considera feminicidio. “Cuando nosotras hemos encontrado características que comprueban el tipo penal, pero que no solo eso. Existe un estándar como es el caso de Mariana Lima Buendía la sentencia de la Suprema Justicia de la Nación que ya establece que toda muerta violenta de mujer debe ser iniciada la investigación con perspectiva de género. Es decir como un posible feminicidio. Esto no se está aplicando”.
De la información solicitada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) sobre los asesinatos de mujeres ocurridos en CDMX de 2014 a 2017 para el Informe "Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género”, la PGJ informó que se cometieron un total de 677 asesinatos de mujeres, de los cuales 195 casos fueron investigados como feminicidios, es decir 29 por ciento de los casos.
De manera desagregada, la autoridad indicó al OCNF que en 2014 se cometieron 134 homicidios y 51 feminicidios; en 2015, 113 homicidios y 56 feminicidios; en 2016, 108 homicidios y 48 feminicidios; y de enero a diciembre de 2017, 127 homicidios y 40 feminicidios.
¿Y LA ALERTA DE GÉNERO?
En un año y medio de la solicitud de la Alerta de Violencia de Género por parte de las organizaciones Justicia Pro Persona, A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., acompañadas por el OCNF, no se ha determinado si se declara o no.
“Esto, nos muestra el desinterés de las autoridades sobre todo el gobierno federal para implementar este mecanismo de protección a las mujeres, que es la alerta. Ese retardo injustificado fue llevado así por la Conavim, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, quien en su mayoría aceptó prórrogas”, expresó Pérez Garrido.
Las organizaciones peticionarias están a la espera del dictamen. “Nosotras consideramos que existen todos los elementos en la Ciudad de México para que se declare la alerta de violencia de género. Creemos que el mecanismo ayuda a guiar a las autoridades en un estado de emergencia. Me parece que la CDMX lo tiene y lo tiene de manera estructural.
Detalló que la AVG es un mecanismo en dos vías: de reacción urgente y correctivo de la política pública o de los obstáculos que impiden el acceso a la justicia. “En este caso, la PGJ tiene muchos pendientes en todos los ámbitos desde pericial, ministerial y policial para garantizar de manera efectiva la justicia a las mujeres a la ciudad”.
FEMINICIDIOS EN CDMX, CON SELLO DEL NARCO
María Salguero, geofísica y creadora del mapa nacional de feminicidios, señaló que este delito no solo creció durante la administración de Miguel Ángel Mancera, sino que se recrudeció con el sello del crimen organizado.
Al no admitir de la existencia y operación de cárteles del narcotráfico en la capital del país a través de bandas del narcomenudeo, Salguero explicó que se invisibilizaron los asesinatos violentos de mujeres con arma de fuego perpetruados en ejecuciones o venganza de grupos rivales.
“Mancera quería negar el problema del crimen organizado en la ciudad. Siempre decía que aquí no había. A parte tampoco quería reconocer el problema de los feminicidios. Ahí están los casos de Lesvy y Campira”.
Además, para Salgero surgió otro problema: el uso de armas exclusivo del Ejército en los asesinatos de mujeres, principalmente por las pugnas por el control de la Ciudad de México. Se han incrementado últimamente los asesinatos de mujeres con el sello del crimen organizado. La especialista identificó el 38 por ciento de 104 casos en 2018.
Detalló que los asesinatos violentos de mujeres con el distintivo del crimen organizado en la ciudad se caracterizan porque se cometen en balaceras o ejecuciones donde están involucradas motonetas, este mismo modus se ha detectado en zonas del país donde opera de manera abierta el narcotráfico o huachicol. En esas entidades como Guerrero o Guanajuato han incrementado los feminicidios.
“Tenemos un grave problema, que claro no se ve porque han ocultado cifras. La ciudad ocupó el noveno lugar a nivel nacional en 2018 en feminicidios. Aunque con eso de que manipulan y no solo en la ciudad, también en las demás procuradurías. Por ejemplo, el gobierno de Baja California dijo que en 2018 no hubo ningún feminicidio cuando este estado fue de que los que registró más asesinatos violentos de mujeres ese año”.
En 2018, las entidades con más feminicidios que Salguero registró a partir de datos del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional fueron: Estado de México con 400, Guanajuato 326, Baja California 304, Guerrero 262, Jalisco 237, Chihuahua 221, Veracruz 194, Michoacán 174 y la CDMX 149.
El año pasado, reportó en su mapa de feminicidios un total de 104 casos en la Ciudad de México, cifra que recopiló a través de noticias en los medios de comunicación. El dato por números oficiales fue de 149.
De acuerdo con el mapa en 2016 se cometieron 104 asesinatos de mujeres, de los cuales 74 fueron catalogados como feminicidios y 30 asesinatos violentos. En 2017 fueron 109, de ellos se contabilizan 69 feminicidios y 40 asesinatos violentos.
Consideró que es un avance por parte de la PGJ a cargo de Ernestina Godoy, el reconocimiento de los feminicidios de la ciudad como un problema y ya no los ocultan, como la administración anterior.
Dijo que por esa razón se notó un incremento del delito en diciembre pasado y no porque existiera un alza real. “Lo que vimos en las estadísticas es que ya no están ocultando las cifras”.
DESAPARICIONES, FENÓMENO INVISIBILIZADO
Miriam Pascual Jiménez de la Red Retoño para la Prevención Social de la Delincuencia Organizada, destacó que en CDMX hay una cifra negra en el tema de desapariciones de mujeres, ya que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no presume desde el inicio el delito de desaparición forzada o por particulares, sino a muchos de estos estos casos los llama "ausentes" o "extraviados".
Refirió que en poco tiempo esta metrópoli pasó a ocupar el cuarto lugar de desapariciones de mujeres a nivel nacional.
Otro dato revelador y preocupante, afirma la especialista, es que la CDMX ya forma parte del corredor de la trata de personas donde antes solo estaban Puebla, Tlaxcala y Estado de México, de hecho, "aquí se amplía y se fortalece".