Comerciantes y distribuidores de gas difundieron a través de redes sociales acusaciones sobre supuestas extorsiones que dijeron ser víctimas por parte de funcionarios de la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem) del Estado de México, sin embargo el propio comisionado de la institución Santiago Millán descartó los señalamientos.
Los afectados indicaron que durante la pandemia del coronavirus han tenido que cerrar sus negocios mientras que algunos realizaron gastos para extremar las medidas de sanidad en sus establecimientos, tal como lo indicaron las autoridades de salud.
Aunque los verificadores de la Coprisem tienen la tarea de cerciorarse que estas reglas se cumplan, según los testimonios de los comerciantes y distribuidores éstos les piden grandes cantidades de dinero para "brincar" la revisión.
Acusación que negó por completo el comisionado en entrevista con La Silla Rota, al asegurar que hasta el momento no se ha iniciado alguna queja en el órgano interno de la institución en contra de algún servidor público por este tipo de actos.
"Dicen que estamos en semáforo naranja y que les piden 20 mil cada seis meses para poder reaperturar sus negocios, porque según eso cuesta el permiso para reabrir", señaló el funcionario.
No obstante, el comisionado recalcó que la Coprisem no tramita ningún permiso "de nada" y menos con ese valor, ya que en sus facultades solo está supervisar comisiones de higiene y sanitarias, y que el único procedimiento que cobran asciende a 200 pesos.
A su vez aprovecho para recordar que en 2020 la institución a su cargo despidió a 19 funcionarios por presuntos actos de corrupción.
También invitó a los comerciantes que hacen estos señalamientos a que se presenten a la instituciones correspondientes a materializar sus quejas.
Al respecto uno de los representantes legales de los afectados proporción una de las denuncias que los quejosos interpusieron ante la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli.
Consta en el expediente CUA/CUA/CUT/0321/040367/21/02 que la encargada de una distribuidora de gas estacionario acusó a una verificadora de la Coprisem de haberle pedido 80 mil pesos para no realizar la inspección pertinente en el establecimiento.
Pero la indagatoria en contra de la servidora pública sigue en proceso y serán las autoridades mexiquenses las que determinen si la carpeta de investigación se judicializa o no.
(Sharira Abundez)