FGJ

Prohíben a la Fiscalía capitalina usar el término “cártel inmobiliario”

Juez otorgó suspensión provisional a Luis “N”, ex director jurídico y de Gobierno de Benito Juárez, bajo el argumento de que el término “cártel inmobiliario” estigmatiza y prejuzga

Un juez otorgó la suspensión provisional a Jesús “N”, quien se encuentra detenido por este caso.
El caso.Un juez otorgó la suspensión provisional a Jesús “N”, quien se encuentra detenido por este caso.Créditos: Especial
Escrito en METRÓPOLI el

Luis "V", ex director Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez, obtuvo una suspensión provisional que obliga a la Fiscalía General de Justicia capitalina a dejar de utilizar el término cártel Inmobiliario para abordar el tema de la investigación en su contra.

El juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de Ciudad de México otorgó la protección de la justicia federal al ex funcionario que solicitó la defensa al considerar que la FGJ, que encabeza Ernestina Godoy, viola los derechos y el debido proceso del imputado, además de que lo criminaliza.

El penalista Gabriel Regino dijo que la suspensión implica que la Fiscalía no usar la frase cártel Inmobiliario, porque estigmatiza, prejuzga y atenta contra la presunción de inocencia.

Manifestó que la FGJ, particularmente a través del vocero Ulises Lara, ha decidido litigar en medios este caso, en contraste con lo que afirmó inclusive en un mensaje que llegó a fijar  en su cuenta oficial en Twitter, dando  entrevistas y conferencias en los que tergiversa el verdadero contenido de la carpeta de investigación, con fines políticos.

Manifestó que esto debido a que la alcaldía Benito Juárez ha sido gobernada por el PAN, lo que demuestra que la FGJ actúa con tintes político electorales contra integrantes o ex integrantes de la oposición.

Sostuvo que la Fiscalía  prejuzga con el mote o calificativo de cártel Inmobiliario, pues no solo genera una destrucción mediática de la imagen del imputado, sino además, pisotea la Constitución, ya que viola la presunción de inocencia y su derecho humano de acceso a la justicia.

“Estamos ante una situación inédita de actuación por parte de la Fiscalia General Justicia de  Ciudad de México, cuando para dar a conocer la existencia de una investigación contra diversas personas utiliza la frase cártel Inmobiliario para criminalizarlos y sobre todo violar de manera flagrante su presunción de inocencia, pisotear su dignidad y presentarlos ante la sociedad como culpables”.

Regino explicó que la solicitud de juicio de garantías se promovió ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con el propósito de que las autoridades de Ciudad de México cesen la “cargada de adjetivos” para criminalizar al imputado.
En el incidente de suspensión 638/2022 el imputado Luis “V” reclama la difusión que hizo el vocero de la FGJ, Ulises Lara, en la transmisión del anuncio del presente caso a medios de comunicación, el 30 de julio de 2022.

“En seguimiento de dicha aprehensión, les informo que en un hecho sin precedente, personal de esta Fiscalía General de Justicia solicitó y obtuvo de un juez de control, la técnica de investigación conocida como Diligencia de Cateo para 39 inmuebles, aparentemente relacionados con el denominado cartel Inmobiliario de Benito Juárez”, del que probablemente forma parte el aprehendido”, expuso Ulises Lara en un mensaje a medios a través de la plataforma YouTube.

En esa ocasión, Lara  anunció el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de Luis “V”, por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con los mensajes que la FGJ ha hecho publicos, exfuncionarios en Benito Juárez aprovecharon sus cargos para integrar una red de servidores públicos en administraciones del PAN en la alcaldía Benito Juárez para otorgar más de mil permisos de construcción irregulares, así como realizar desalojos ilegales, a cambio de que  empresas constructoras les entregaran departamentos.

Por este caso fue aprehendido y encarcelado Luis "V", quien fue director Jurídico y de Gobierno en Benito Juárez de 2009 a 2016 en los gobiernos de Mario Palacio y Jorge Romero, hoy diputado federal.

De hecho, la FGJ aseguró que él  y otros ex funcionarios "contaban con el consentimiento de sus superiores jerárquicos de la alcaldía para obtener beneficios ilícitos", es decir con la complicidad de los entonces alcaldes panistas.