Violaciones, golpes, aislamientos injustificados, cobro de hasta 600 pesos semanales por protección, sobreprecio en los productos de la tienda y amenazas, son parte del día a día de las personas privadas de la libertad en el penal de Tenango, dependiente de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
De manera anónima, madres y hermanas de los PPLs señalaron que temen por la vida de sus familiares ya que muchos son de escasos recursos.
“Apenas si completamos para dejarles dinero en las tarjetas. Cada una cuesta 30 pesos pero a veces nomás nos da chance de comprarle tres a la semana que la verdad no le alcanzan para nada porque un refresco de 600 mililitros se los venden en 30 pesos. Por si fuera poco hay que pagarles la protección que son 600 cada ocho días para los que tienen más tiempo”.
En caso de no pagar, acusaron, los privados de la libertad se enfrentan a golpizas por parte de los custodios, incluso a violaciones sexuales.
“A uno lo violaron, lo amarraron y lo violaron. A otros los amarran de las manos y los patean o, por ejemplo, a mi hermano, lo tienen incomunicado desde hace dos semanas y no sabemos porqué”.
De acuerdo con el Diagnostico Nacional de Seguridad Penitenciaria 2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en ese año el Centro de Prevención y Readaptación Social de Tenango obtuvo una calificación de 7.49 de 10 puntos.
Entre las observaciones destacan las deficiencias en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, en servicios de salud, pocas vías para remitir violaciones de derechos humanos y sobrepoblación.
“Las instalaciones sí están bien, son las más nuevas y sí las mejores pero el trato es inhumano. A nosotros a veces nos tiran la comida que les traemos porque no respetan ni lo que nos dicen que podemos traer, es al contentillo. En un día podemos pasar horas afuera para poder comprarles las tarjetas porque dinero no nos dejan pasar, con estas compran lo que necesitan adentro, estamos desesperadas”.
Asimismo, denunciaron que la atención médica es nula y que si alguno tienen un padecimiento crónico-degenerativo, los familiares deben llevarles el medicamento aunque la mitad del tratamiento se lo queda el personal del penal y la otra le llega a los PPLs.
“Ni Derechos Humanos ni nadie nos hace caso, ya lo hemos denunciado y estamos cansados de esta situación. Ya no sabemos qué hacer y sabemos que si damos nuestros nombres o los de ellos, se van a desquitar allá adentro”.
Cabe señalar que en este penal están recluidos los multifemincidas de Toluca y Atizapán, Óscar García Guzmán y Andrés Filomeno Mendoza Celis.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad estatal, a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario precisó a La Silla Rota que no existen denuncias formales para iniciar las indagatorias pertinentes y solicita que si fuera el caso los afectados utilicen los mecanismos con los que cuenta la Institución.
“La SS reprueba aquellas acciones que se alejen de los principios de legalidad y no tolera actos de corrupción, por lo que en caso de comprobar que algún servidor público estuviera involucrado en actos que vulneren los derechos humanos de las PPL será sancionado con todos los recursos administrativos y legales necesarios”.
Se dio a conocer que al interior de los penales de la entidad mexiquense se cuenta con buzones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) en los que se puede reportar cualquier conducta que atente o ponga en riesgo la integridad de las PPL; lo anterior con el propósito de iniciar las investigaciones.
En este sentido, lanzó un exhorto tanto a los familiares como a las supuestas víctimas de maltrato, a hacer la denuncia no solo de manera interna con la dependencia, sino también ante la Codhem a fin de redoblar esfuerzos y dar seguimiento a las quejas.
(SAB)