El pasado tres de lunes miles de taxistas paralizaron la Ciudad de México y la zona conurbana del Estado de México.
Los transportistas exigían la regulación de las aplicaciones móviles de transporte privado como Uber, Cabify y Didi, a quienes calificaron como competencia desleal.
Lo cierto es que los taxistas tuvieron la oportunidad de competirle a estas aplicaciones, sin embargo, la incompetencia del gobierno capitalino y la ambición de empresa privadas lo evitaron.
Así lo sostiene la Revista Proceso en su más reciente número, donde relata como en 2016, cuando ya comenzaban la queja de los taxistas contra las aplicaciones.
El gobierno de Miguel Ángel Mancera prometió la instalación de taxímetros digitales, así como una aplicación tecnología contenido en una tableta.
Esto con el fin de “brindar a los usuarios del transporte público un servicio eficiente, seguro, innovador y accesible”.
Dicha instalación sería para, en un principio, 138 mil taxistas capitalinos.
En junio del 2016, la Secretaría de Movilidad (Semovi), en ese entonces encabezada por Héctor Serrano Cortes -calificado como operador político de Mancera- entregó la concesión a la empresa Servicios Digitales Lusad.
El modelo L1BRE fue elaborado por antiguos empleados de Uber y Apple, incluía la instalación de un taxímetro digital en dos tabletas, una para el conductor y otra para el usuario con botón de pánico, así como un sistema de videovigilancia, los datos del conductor, sistema de geolocalización GPS y seguro de viajero.
El programa piloto para mil 250 unidades operó hasta el 21 de marzo del 2017; luego el 17 de abril del 2018, 13 meses después, la Semovi -ya a cargo de Carlos Meseses tras la renuncia de Serrano Cortés- ordenó a los taxistas solicitar una cita en la página web para que les cambiaran sus taxímetros por las tabletas.
La meta era que el 31 de marzo de 2018 todos los taxistas operaran con dicho sistema, sin embargo, el 30 de mayo se suspendió la instalación “por respeto a la jornada electoral”.
Cuando llegó Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno, aseguró que el proyecto de la administración de Mancera era irregular, pues era un negocio de una sola empresa, sin experiencia, donde los taxistas eran obligados a adquirirlos.
Echando para atrás el proyecto L1BRE, Sheinbaum aseguró que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) desarrollaría una aplicación, que la instalación sería voluntaria y que acordaría los detalles con organizaciones de taxistas.
Por su parte, Andrés Lajous, actual titular de la Semovi, calificó como extraña la licitación, pues el gobierno solo dio tres días para presentar las ofertas.
Sin embargo, no es tan fácil echar abajo el proyecto mancerista. Una notificación de un buffete jurídico llegó a Presidencia de a República contra el Estado Mexicano por el incumplimiento de la Semovi.
De echar abajo la licitación el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría ser obligado a pagar 47.3 billones de pesos por compensación total de pérdidas y daños.