María Guadalupe Pereda Moreno, conocida como Mary, tenía 19 años cuando su pareja la amenazó con ultrajarla y asesinarla. En el momento que Carlos, un abogado de profesión, preparaba todo para encerrarla en su casa y hacerle lo que minutos antes había prometido. En un descuido, él dejo su pistola en la mesa. La joven no dudó en tomarla y huir.
Al percatarse, Carlos corrió hacia María para quitarle el arma. En el forcejeo, se disparó en dos ocasiones. Cayó herido. Ella llamó a los servicios de emergencia para pedir auxilio. Una ambulancia se lo llevó y falleció al llegar al Hospital. Mientras que María fue detenida sin que los policías supieran qué había sucedido.
Este hecho ocurrió en 2015 en Ciudad Juárez, Chihuahua. A la fecha, Mary continúa encarcelada y a pesar de que se acreditó la legítima defensa fue sentenciada por el delito de homicidio en riña con carácter de provocado.
Apps para enfrentar la violencia de género
Este caso fue presentado el pasado fin de semana por organizaciones de la sociedad civil ante la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-Mujeres) en Ginebra, Suiza. Esto se da en el marco en donde el Estado mexicano en materia de violencia de género está siendo evaluado por instancias internacionales.
Imelda Marrufo Nava, coordinadora general de Red Mesa de Mujeres comentó que el caso de María Guadalupe es una muestra de cómo el Estado mexicano criminaliza a las mujeres cuando se defienden por estar en riesgo su vida, cuando “son sobrevivientes de feminicidio”.
Uno de los argumentos para presentar el caso ante la CEDAW, además de todas las irregularidades durante el proceso jurídico, es que no tuvo una investigación con perspectiva de género, ya que fue remitido a la Fiscalía General.
“El planteamiento que estamos haciendo al comité de expertas de la CEDAW y al Estado mexicano es que las Fiscalías Generales, donde se llevan los casos de legítima defensa, deben de tener unidades de género especializadas que investiguen con perspectiva de género”.
A pesar de que en el país hay procuradurías o fiscalías especializadas en delitos contra mujeres, los casos de legítima defensa se resuelven y se investigan en las fiscalías generales, donde no se le da el tratamiento con estándares de género.
EL INFIERNO DE MARY
María Guadalupe tenía 17 años de edad cuando conoció a Carlos, un abogado de profesión, que en ese momento tenía 36. Se fueron a vivir juntos y tuvieron una hija. Resultado de una relación anterior ella tenía otra pequeña. Con el paso del tiempo, el amor se tornó en un infierno.
Carlos con antecedentes penales por los delitos de fraude y extorsión, llevó la violencia a su hogar, así como su abuso de drogas y alcohol. La mañana del 14 de octubre de 2015 él dormía luego de estar varios días en la fiesta, lo despertó el ruido de la cocina. De inmediato le reclamó a María. Ella le dijo que se alistaba porque iría hacer una tarea en casa de unas compañeras de la Universidad, donde estudiaba el cuarto semestre de la carrera de criminología. En ese momento, Carlos seguía bajos los influjos del alcohol.
Le dijo que no le creía y que seguro se encontraría con algún hombre. Para evitar problemas, ella permitió que la acompañara. Al llegar a casa de una de sus compañeras, Carlos, quien iba armado, le seguía recriminando y luego de una discusión, donde María le comunicó que se quería separar, la amagó con que si no se iba con él le quitaría a una de sus hijas.
Se fueron y la discusión siguió en su domicilio. Mary ya no podía aguantar más golpes e insultos y decidió hacer su maleta. La amenazó otra vez. En esta ocasión le dijo que si insistía en abandonarlo entonces la mataría, pero antes, la haría sufrir y destrozaría su cuerpo.
Ese mismo día, María fue detenida de manera inmediata sin que los policías supieran de la situación de salud de Carlos, que en ese momento seguía con vida. No le leyeron sus derechos hasta después y la trataron como una delincuente. Estas fueron las primeras de una serie de irregularidades que se han cometido en su caso.
María fue vinculada a proceso por el delito de homicidio en la primera audiencia. La Fiscalía sostuvo que se le debería acreditar homicidio calificado con la agravante de traición por tener una relación sentimental con él. “Se pedía todo el peso de la ley”.
El caso se hizo viral en Chihuahua debido a la criminalización en contra de María en la esfera pública. Ella tenía todas de perder. La familia y amigos de Carlos, así como el gremio de abogados, emprendieron una campaña negativa.
Luego de brindar apoyo psicológico y percatarse que el abogado de María no la defendió de manera correcta, la Red Mesa de Mujeres decidió llevar el proceso jurídico y acreditó que ella se defendió legítimamente porque iba a ser víctima de feminicidio.
“Ella siempre ha sostenido su versión y que de ninguna manera quería matarlo. Lo único que hizo fue defender su vida frente a un hombre, que además siempre estuvo en una condición de desproporción, tanto en lo económico, en la edad y él venía de una familia de abogados”, indicó Marrufo Nava.
En agosto de 2017, el Tribunal Colegiado de primera instancia, presidida por una jueza y dos más como integrantes, le dictó sentencia de tres años de prisión como culpable de homicidio en riña con carácter de provocado.
Sin embargo, una de las tres juezas, Emma Terán votó en contra de la sentencia y aclaró que para ella era un caso de legítima defensa. La Red interpuso un recurso de apelación el 1 de septiembre de 2017 y a 10 meses no se ha dado respuesta.
“Este caso lo planteamos ante la CEDAW por dos aspectos, lo primero es que se hace un cuestionamiento por la demora, ya que la apelación debió de haberse resuelto hace 10 meses y lo segundo es que en en este caso, y todos los demás, donde se infiera que una mujer asesinó a su pareja o un hombre por legítima defensa se tiene que hacer una investigación con perspectiva de género”, expresó la abogada.
LEGÍTIMA DEFENSA EN MÉXICO
Con el incremento de la violencia en contra de mujeres en el país, cada vez se detectan más casos de legítima defensa, en donde mujeres luchan físicamente por preservar su vida y como resultado, el victimario muere.
Sin embargo, al no haber un tratamiento desde el inicio con perspectiva de género se catalogan como homicidios y las mujeres terminan en la cárcel purgando una condena, cuando muchas de ellas ejercieron la legítima defensa. Debido a ello, en la actualidad se desconoce la cifra de mujeres que están en prisión por
Emma Obrador Garrido Domínguez, abogada feminista y directora general jurídica de la Asociación de Mujeres Abrazando a Mexico (AMAM AC), explicó que hay varios casos en el país en donde perciben un sesgo en la impartición de justicia.
“Hay una gran resistencia por parte de las autoridades desde lo que es la investigación en la violencia contra mujeres, la policía, Ministerio Público y luego con los jueces. Hay una gran desarticulación en cuanto a la aplicación e investigación de los casos cuando involucra violencia de género y eso se ve reflejado no solo en los casos donde las mujeres son víctima, sino también cuando las mujeres se defienden”.
La historia de criminalización hacia María Guadalupe en Chihuahua, se suma a la de Itzel en la Ciudad de México, una menor de edad que al defenderse de una violación y potencial feminicidio, asesinó a su agresor. O como el de Yakiri Rubio, también en la capital del país.
LOS INFORMES SOMBRAS EN LA CEDAW
En el marco de la CEDAW el Estado mexicano está siendo evaluado a través de un informe que presentó el gobierno federal sobre la situación actual de la violencia de género en el país y las acciones para combatirla.
Al mismo tiempo el comité de expertas internacionales recibió cerca de 30 informes sombras que presentaron organizaciones civiles mexicanas sobre el tema de desapariciones, trata de personas, feminicidios y procuración de justicia, en esta parte fue donde se entregó el documento con el caso de María y la legítima defensa.
Para la evaluación, la CEDAW tomará en cuenta tanto el informe del gobierno como los de las asociaciones y al final dará un resolutivo, donde de ser necesario emitirá una serie de recomendaciones que el Estado mexicano deberá de cumplir.
ams