ESTADOS

El mapa de la criminalización del aborto

Este miércoles se aprobó la Ley antiaborto en el estado de Nuevo León, lo que condenaría a cárcel a las mujeres que realicen esta práctica

  • ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL
  • 06/03/2019
  • 18:02 hrs
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El mapa de la criminalización del aborto
En 28 de los 32 estados del país se han denunciado a mujeres este año (Foto: Especial)

Este miércoles, los diputados del Congreso de Nuevo León, aprobaron adicionar un párrafo al Artículo 1 de la Constitución local para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, mientras tanto, ministerios públicos de 28 de las 32 entidades federativas iniciaron 306 investigaciones a personas presuntamente vinculadas con la práctica de abortos durante el primer semestre del año.  

Sólo en Colima, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán no hubo personas inmersas en indagatorias por dar fin a un embarazo en el periodo enero a julio de 2018, mismo en el que hubo 6 mil 538 violaciones simples y 1 mil 683 equiparadas en todo el país, única causal por la que el aborto está permitido en las 32 entidades.

Aborto, el "crimen" que persigue a las mujeres

Con base en las carpetas de investigación iniciadas por las Procuradurías de Justicia de los Estados, que integran el informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que consultó La Silla Rota, la Ciudad de México –donde el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación y practicado en clínicas públicas– acumuló 58 denuncias y registra la mayor incidencia nacional, seguida de Baja California, con 38; Estado de México, con 34, y Tamaulipas, con 24.

En Guanajuato y Querétaro, que cuentan con las leyes más restrictivas para la interrupción del embarazo, al permitirlo exclusivamente en caso de agresión sexual, se iniciaron 17 y 11 procesos penales contra quienes resulten responsables, mientras que en Aguascalientes, Sinaloa, Durango y Sonara –donde se incluye la causal de que la madre esté en peligro de muerte si continúa con la gestación–, los MP integraron cinco, seis, cinco y tres expedientes para que, en caso de acreditar el delito, un juez sentencie conforme a las legislaciones locales.  

En Hidalgo, cuyo artículo 155 del Código Penal establece una sanción de uno a tres años de prisión y una multa de 10 a 40 días de salario mínimo a quien aborte, la procuraduría local acumuló once denuncias.

Aunque también lo permite en casos de malformación congénita –además de cuando esté en riesgo la salud de la madre y por violación–, la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR) contabilizó, hasta 2016, sólo tres interrupciones asistidas en esa entidad, número que, con base en información presentada por la Secretaría de Salud estatal con motivo del primer informe de gobierno, subió a 26 en 2017 (12 intervenciones a menores de edad).

Estas cifras, sin embargo, contrastan con las 1 mil 43 hidalguenses que, desde 2007, cuando se despenalizó el aborto, han acudido a clínicas de la Ciudad de México (CDMX) para interrumpir legalmente su embarazo, lo que ubica a la entidad como la cuarta en el país de la que más acuden, sólo superadas por residentes de la CDMX, Estado de México y Puebla –que tiene a una denunciada por aborto en seis meses–, según el recuento histórico de la Secretaría de Salud capitalina.

En su estudio Violencia sin interrupción, la asociación civil Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE) documentó casos como el de Carmen, quien, afirmó, el día que fue violada recibió amenazas de su padrastro –a quien ella denunció como responsable– de hacerle daño a su madre si decía algo; pero, cuando los malestares se intensificaron y el médico confirmó el embarazo, tuvo que relatar, primero a su madre y después ante el Ministerio Público (MP), la forma en la que, a sus 13 años, fue abusada sexualmente; no obstante, nadie en aquella instancia le informó de su derecho al aborto seguro.  

Carmen regresó semanas después a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pero el agente del MP le notificó que su solicitud no procedía porque rebasaba el límite de 90 días establecido en el Código Penal de Hidalgo.

En sus estados las criminalizan, pero asisten a CDMX

Desde que se aprobó el derecho a la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, en abril de 2007, 198 mil 906 mujeres han acudido a clínicas en esa entidad para llevar a cabo este procedimiento. Del total, 139 mil 573 indicaron que radicaban en la capital; 51 mil 861, en el Estado de México, y 1 mil 198, en Puebla, las entidades que, junto con Hidalgo, registran la mayor asistencia.

El Censo de Impartición de Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que de 2015 a 2017 se abrieron 1 mil 552 investigaciones a personas vinculadas con la práctica de abortos, a las cuales se suman las 306 del año en curso.

Una mujer encarcelada por su presunta responsabilidad en este delito fue María de la Luz, denunciada el 27 de febrero de 2012 por tentativa de homicidio, tras llegar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con sangrado vaginal. Ella fue remitida a la cárcel distrital de Tizayuca y, todavía embarazada, procesada por ese ilícito.

Sin embargo, el 17 de abril de 2014, la mujer, quien siempre sostuvo que su sangrado fue involuntario, “quizá un intento de aborto, pero involuntario”, fue absuelta de los cargos en su contra, según GIRE, quien acompañó legalmente su proceso.

Después del debate en Argentina, y las movilizaciones que generó en México, el pasado 26 de agosto la senadora electa Martha Lucía Micher, quien busca presidir la Comisión de Equidad y Género en la Cámara, estimó que al menos 3 mil mujeres están encarceladas por aborto en el país, quienes, indicó, podrían acceder a la amnistía que prevé el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que entrará en funciones el primero de diciembre.

No obstante, especificó: “hay que revisar todos los casos”.

En tanto, en julio, Olga Sánchez Cordero, virtual secretaria de Gobernación en la próxima administración, dijo que buscará promover la despenalización del aborto en todo el país hasta las 12 semanas, como ocurre en la CDMX.

mvf