Desde el 18 de octubre de 2013, Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), hoy prófugo de la justicia, tuvo en su escritorio documentos que le alertaban del riesgo de adquirir el elefante blanco llamado “Planta de Fertilizantes Nitrogenados”, empresa valuada en 195 millones de dólares y que hasta 2017 costó a los contribuyentes 760 millones de dólares en la compra de terrenos, maquinaria y supuesta rehabilitación.
Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) consultadas por LA SILLA ROTA mencionaron que antes de llevar a cabo la compra-venta “Planta de Fertilizantes Nitrogenados”, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) valúo en julio de 2013 la transacción en más de 181 millones de dólares, más IVA, lo que representaba 195 millones de dólares.
De ellos, 13.6 millones de dólares eran por el valor de los terrenos y poco más de 168 millones de dólares eran por construcciones, instalaciones, maquinaria y equipo. Sin embargo, al final, el INDAABIN determinó que el costo de la reactivación de la cadena productiva de fertilizantes alcanzaba un monto de 293 millones de dólares.
Siete días después, 18 de octubre de 2013 una segunda empresa que participaba en la licitación, entregó un escrito en el que reconocía que “resultaba complicado determinar el precio para la rehabilitación de la planta sin contar con un cierto grado de ingeniería, a partir de los análisis y diagnósticos necesarios, además de considerar prematuro comprometer un programa de ejecución de 12 meses”.
El documento que llegó a Emilio Lozoya, incluía tres propuestas con costos estimados: un por 197; el segundo por 234; y el tercero por 210 millones de dólares respectivamente, cotizaciones con un “alto grado de incertidumbre de (-30/+50%)”.
Además de las dos propuestas antes mencionadas, una tercera empresa relacionada con un tecnólogo con experiencia en plantas de fertilizantes reconoció que la petición de Pemex era inalcanzable, ya que su costo para que operará la Planta de Fertilizantes Nitrogenados era de mil 500 millones de dólares, costo que no incluía garantías de confiabilidad en la operación, seguridad del personal e instalaciones, minimización de potenciales impactos ambientales, mejoras en el comportamiento de la planta, y de manera importante implica baja certidumbre de cumplir con la producción o eficiencia requeridas.
A pesar de los riesgos, Emilio Lozoya continuó con el proyecto, lo que llevó a que el 18 de diciembre de 2013, se constituyera legalmente Pro Agroindustria, S.A. de C.V. (PRO AGRO), empresa propietaria de los activos e inmuebles de la planta de fertilizantes y la unidad de compresión (Área VI), ubicadas en Coatzacoalcos y Cosoleacaque, Veracruz, anteriormente propiedad de la “Planta de Fertilizantes Nitrogenados”,
El proyecto de Pro Agroindustria, S.A. de C.V no contaba con la infraestructura adecuada, por lo que adquirió los servicios de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Agro Inmuebles, S.A. de C.V. y Agro Administración, S.A. de C.V para el desarrollo y la habilitación de las obras con las que el gobierno federal consideraba acaparar un mercado de 400 millones de dólares a través de importación de fertilizantes.
TE PUEDE INTERESAR: "EMILIO LOZOYA, BUSCADO POR TODAS LAS POLICÍAS DEL MUNDO".
La falta de recursos y los altos costos que representaba habilitar y activar la Planta de Fertilizantes Nitrogenados originaron que el 17 de noviembre de 2015, Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Agro Inmuebles, S.A. de C.V. y Agro Administración, S.A. de C.V acordaron modificar las cláusulas primera, tercera y quinta del contrato AGRO-DG-003/14, referentes a las definiciones, importe y plazo de las obras.
Dicho acuerdo elevaba los costos a 443 millones de dólares y daba una prórroga para la conclusión de los trabajos, la cual estaba prevista el 28 de marzo de 2017.
Ante la falta de cumplimiento, las partes acordaron realizar una segunda modificación al contrato el 29 de julio de 2016, entre ellas las cláusulas cuarta, quinta, séptima, octava, décima, décima séptima y vigésima séptima contractuales, el programa de ejecución, los anexos 1, 2, 5, 8, 10, 15, 17, 18, 20 y 21.
Las cláusulas, que mencionaban el plazo de ejecución, incluían modificaciones al precio de la obra, las penalizaciones, los representantes autorizados, las órdenes de cambio, la subcontratación, el programa de ejecución, los alcances generales, el catálogo de conceptos, el procedimiento de coordinación, los libros de proyecto, el control del proyecto, los peritos, las garantías de desempeño, la procuración de equipo, los materiales y servicios, las penas convencionales y los términos y condiciones de la definición de alcances y parámetros para la determinación del estimado de costos y la fijación del precio alzado; además, la exclusión de los trabajos relacionados con la rehabilitación y las pruebas de los carbonoductos de 12 y 18 pulgadas de diámetro, las plantas de nitrógeno, la planta de regulación y medición ERM y el suministro de gas natural, así como la planta de tratamiento de agua.
Las modificaciones originaron que los costos de rehabilitación aumentaran, por lo que hasta 2017, se estimó que la rehabilitación y puesta en marcha de la empresa costaría 760 millones de dólares.
MJP