Toluca.- Desde hace 16 años, Daniel García Rodríguez está encarcelado en el penal de Barrientos por un crimen que no cometió y es considerado por Amnistía Internacional como un preso político del gobierno estatal.
Su caso es uno de 15 que el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” tiene identificados como presos “bajo acusaciones falsas y dolosas”.
Aribel García Pérez, hija, activista y defensora de García Rodríguez, aseguró en entrevista para La Silla Rota que su padre es el preso con mayor número de años en prisión preventiva en América Latina.
Comentó que el año pasado el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigió la liberación de García Rodríguez, sin embargo continúa en la cárcel.
En febrero de 2002, cuando trabajaba como secretario particular del entonces presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Juan Antonio Domínguez Zambrano, García Rodríguez fue acusado del homicidio de la regidora María de los Ángeles Tamés Pérez, quien supuestamente tenía conocimiento de irregularidades cometidas por las autoridades municipales.
La también dirigente del colectivo “Pena sin Culpa” asegura que a su padre “le fabricaron” el caso y a pesar de que “le inventaron” otros delitos como extorsión, fraude y delincuencia organizada, no le han dictado sentencia porque no hay elementos para acusarlo.
Añadió que el proceso contra García Rodríguez lo han llevado jueces que han sido ascendidos a magistrados, “uno de ellos fue Alejandro Jardón Nava, quien fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México”.
“Todos se protegen entre ellos, no confiamos en la justicia nacional y menos en la del Estado de México”, manifestó la abogada.
Resumió que están a la espera de la respuesta del Relator de Independencia de Jueces y Magistrados, de la ONU, a quien solicitaron el acompañamiento del caso.
INDÍGENAS PRESOS POR DEFENDER SUS DERECHOS
En tanto, la organización “Fuego de la Digna Resistencia” demandaron la liberación de los seis presos políticos de San Pedro Tlanixco –comunidad náhuatl del municipio de Tenancingo– sentenciados a 50 años de prisión por defender su derecho al agua.
Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez, fueron sentenciados a 50 años de prisión, acusados de la muerte del empresario Alejandro Isaak Basso, líder de los floricultores del municipio de Villa de Guerrero, a quien la Comisión Nacional del Agua había concesionado el líquido, contraviniendo el derecho preferente que los pueblos indígenas tienen para acceder a él.
Integrantes de la organización ingresaron al Poder Judicial del Estado de México un recurso de apelación contra las tres últimas sentencias dictadas para Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez. Mientras que que para las tres primeras preparan un amparo.
Los casos de Daniel García y los seis presos políticos de San Pedro Tlanixco, se dieron durante el gobierno de Arturo Montiel y con Alfonso Navarrete Prida, como procurador del Estado de México.
Oscar Hernández Neri, luchador social, también es considerado preso político de la administración de Eruviel Ávila. En 2014 se le construyó un delito y fue recluido en el penal Nezahualcóyotl.
“Lo acusaron de haber estrangulado a una mujer. Hubo persecución y hostigamiento, en el caso particular me detuvieron y golpearon en los separos de la entonces Procuraduría para que declarara en contra de mi hermano”, narró César Hernández Neri.
Los integrantes de la organización “Fuego de la Digna Resistencia” y el presidente del CDH, Zeferino Ladrillero, Antonio Lara señalaron que no desistirán hasta que la próxima legislatura retome estos casos, discuta y de viabilidad a la liberación de los presos políticos de los gobiernos priistas.
ams