Como tantas otras cosas en la Venezuela de estos tiempos, lo que está ocurriendo con la FANB es inédito y asombroso: la sociedad -de forma unánime-, los partidos de la oposición democrática, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo en el exilio, la legítima Fiscal General de la República -también en el exilio-, los organismos multilaterales, gobiernos y parlamentos de otros países, y hasta el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, insisten en pedirle que cumpla con su deber. No se está llamando a la FANB a que protagonicen un golpe de Estado, sino a que restablezcan el hilo constitucional, tal como lo ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
A estas voces fuertes y reiteradas, inequívocas y expresadas a través de todas las formas posibles, se ha sumado un hecho fundamental: la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Amnistía y Garantías Constitucionales para los Militares y Civiles que colaboren o hayan colaborado con la Restitución del Orden Constitucional, instrumento especialmente diseñado para despejar dudas y temores. Se han hecho actividades destinadas a difundir el contenido de la ley directamente a los uniformados. Y todavía más: el presidente Juan Guaidó, además de los llamados que ha formulado en distintas intervenciones, ha anunciado que se presentará en algún cuartel a ratificar el llamado y los términos contenidos en la Ley de Amnistía.
La primera cuestión que podría ser debatida, es si la presión a los miembros de la FANB tiene un carácter político o ideológico. La respuesta es un NO rotundo. El marco de esta petición o exigencia tiene un carácter humanitario. Es, si se quiere, un llamado cargado de desesperación. No hace falta que repita aquí lo que los venezolanos padecen y el planeta entero conoce: hay una crisis humanitaria, social, económica, política y de seguridad, que afecta todos los órdenes de la vida pública y privada. Nada ni nadie escapa a la deliberada y exitosa destrucción emprendida por el régimen. El país es un territorio devastado, sin servicios públicos, peligroso y donde la autoridad, solo existe para reprimir y violar las leyes y los derechos humanos, lo que deja a los ciudadanos en absoluta indefensión.
Entonces, ¿por qué no actúa la FANB? La respuesta tajante y generalizadora, según la cual toda ella está comprometida con el régimen es falsa y proviene de quienes observan el fenómeno con distancia y pesimismo. Si seguimos el testimonio de militares disidentes que viven fuera de Venezuela, de oficiales que están presos, y de uniformados activos de los cuatro componentes y distribuidos en todas las regiones, la coincidencia es abrumadora: la mayoría de la FANB rechazan al gobierno de Maduro. No están comprometidos con la violación de la Constitución. Saben que, entre sus jefes, hay quienes han incurrido en graves delitos de corrupción, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasa entonces?
Lo primero: están dispersos por la geografía venezolana, incomunicados por diseño, muchas veces desinformados de los hechos en curso. Además, la precariedad de las condiciones de vida en los cuarteles crea exigencias extremas de trabajo y agotamiento generalizado. No olvidemos que la mayoría de los soldados apenas recibe la alimentación mínima necesaria para atender las rutinas de sus distintos oficios.
Lo segundo: Están vigilados, sus comunicaciones intervenidas, desarmados y rodeados de una atmósfera de silencio y desconfianza, porque nadie sabe, con certidumbre, quién o quiénes son los delatores que trabajan para los cubanos y el DGCIM.
Lo tercero: Un porcentaje muy extendido de miembros de la FANB, sobre todo mandos medios y altos, han sido amenazados, de forma abierta o velada. El sistema de amedrentamiento verbal, el uso de una fraseología con doble sentido, la fabricación permanente de unas escenas que comunican sabemos-lo-que-está-pasando, contribuyen a la inhibición.
Lo cuarto: La propaganda, no ya en defensa del régimen, sino la enfocada en el desprestigio de la oposición, en la siembra de falsedades, prejuicios y supuestos, cuyo resultado es que, quienes temen y desdeñan al gobierno, tampoco confían en el futuro anunciado por la oposición. El bloqueo informativo en los cuarteles es mucho más acentuado y radical si se le compara con el que actúa en contra de la población civil. Para quienes es rutinario estar lo mejor informado posible, hora tras hora, puede resultar incomprensible constatar, por ejemplo, que hay jóvenes soldados que conocen el estado de cosas en Venezuela, que son testigos del sufrimiento de sus familias, pero no han escuchado de la Ley de Amnistía ni del Plan País.
Otro factor que debe considerarse: la arremetida en contra de las protestas. El informe de Amnistía Internacional, reseñado por el diario ABC, el jueves 21 de febrero, denuncia la utilización de la FANB por parte de Maduro, para “ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y detenciones de cientos de personas, incluidos menores de edad”: estos hechos estimulan todavía más la percepción de que la fuerza armada ha roto con el pueblo venezolano y se asume, a sí misma, como su enemiga.
Mi criterio es distinto: creo que el empeoramiento de la situación venezolana terminará por romper el bloqueo que afecta a las mujeres y hombres que viven en los cuarteles, y que el proceso social, legal y político alcanzará a los oficiales, en cuyas manos, está la decisión de restituir el hilo constitucional. Y no podrán eludir el dilema: si defenderán o no al pueblo venezolano de la acción criminal de los usurpadores.