CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Primero fueron un ejemplo, tuvieron el respaldo ciudadano y de sus partidos políticos, sin embargo, ahora se ha convertido en los “malqueridos” y están a punto de ser expulsados y de pisar la cárcel.
Estos malqueridos están en los principales partidos políticos del país: en el PAN, una comisión interna analiza la posible expulsión del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés y de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes.
En el PRI también se analiza la posibilidad de expulsar a los actuales gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Sonora, Roberto Borge, Javier Duarte y César Duarte, respectivamente.
En el PRD, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue uno de sus principales malqueridos y en la actualidad hay un sector del perredismo que critica fuertemente el estilo de gobernar de Graco Ramírez, en Morelos.
De Sonora a Monterrey
Guillermo Padrés, ex gobernador panista de Sonora, llegó a la gubernatura de esa entidad con un importante respaldo ciudadano, luego de la tragedia de la Guardería ABC, donde murieron 49 niños y 106 resultaron heridos.
La sociedad sonorense castigó electoralmente al PRI, quien a través de Eduardo Bours, gobernaba la entidad. Los votantes decidieron que era el momento de que un panista se convirtiera en su gobernador y le dieron el triunfo a Padrés.
Sin embargo, al panista rápido acabó con ese respaldo ciudadano y ahora además de haber propiciado el regreso del PRI al gobierno estatal, se le acusa del malos manejos en su administración, es decir, por corrupción.
Actualmente existen varias las averiguaciones previas relacionadas con el ex gobernador de Sonora y con la supuesta autorización de “auditorías a modo” que beneficiaron a colaboradores cercanos, exfuncionarios y empresarios de su administración.
A principios de 2015, se dio a conocer que la administración de Guillermo Padrés había favorecido a 574 contribuyentes, entre empresarios y ex funcionarios, con exoneración de impuestos por mil 704 millones de pesos, a través de 198 auditorías amañadas.
También se le acusó de “derroche de recursos” al construir un rancho con un valor cercano a los 150 millones de pesos con caballerizas para decenas de animales pura sangre.
A la regiomontana Margarita Arellanes se le acusa del ejercicio abusivo de funciones públicas y desde el propio PAN distintos sectores buscan que sea expulsada.
De comprobarse su responsabilidad, la ex presidenta municipal de Monterrey y ex aspirante a la gubernatura de Nuevo León podría alcanzar un pena de hasta 20 años de cárcel.
5 de junio, la sentencia
Las elecciones del 5 de junio precipitaron gestiones en tres gobernadores priístas, que hoy los tienen el banquillo de los acusados al haber promovidos acciones legales y legislativas que se interpretan como acciones para blindarse y no pisar la cárcel.
De hecho, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, solicitó la intervención del Congreso para que pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver de manera urgente las acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge; de Veracruz, Javier Duarte, y de Chihuahua, César Duarte.
El líder priísta explicó que las acciones emprendidas por estos gobernadores de su partido se apartan de los lineamientos generales del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SAN).
“El pasado 11 de julio la Procuraduría General de la República presentó ante la SCJN acciones de inconstitucionalidad en contra de los Congresos y gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, por la aprobación de reformas aparatadas de los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción”, explicó en una reunión con el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa.
El malquerido de Guerrero
El PRD no está exento de personajes cuestionados. El principal de ellos es, sin duda, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien dejó el gobierno estatal después de la tragedia de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Esta tragedia también puso en la cárcel al ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca, quien habría ordenado, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda, la agresión contra los estudiantes.
Ángel Aguirre Rivero, quien fue importante militante priísta, no pisó la cárcel por este caso, sin embargo es señalado por un mal desempeño al frente del gobierno guerrerense.
Otro gobernador que se encuentra en el ojo del huracán es el mandatario de Morelos, Graco Ramírez, quien no tiene el respaldo de diversas corrientes de su partido debido al estilo de gobernar.
A excepción de la corriente Nueva Izquierda, al morelense se acusa de actual y gobernar con “frivolidad”, así como de tratar de maquillar la información de inseguridad que prevalece en la entidad.
lrc