El gobierno de la Ciudad de México enfrentará una nueva querella por la Línea 7 del Metrobús, ahora con organismos internacionales. La Academia Mexicana del Derecho Ambiental (AMDA), organización que promovió el amparo que derivó en la suspensión definitiva, presentó una queja ante el acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte.
Luego de esta acción, la Consejería Jurídica capitalina consideró que a lo largo de los últimos meses, la AMDA ha buscado “hacer valer distintos recursos jurídicos a propósito de frenar un proyecto que diariamente beneficia a 135 mil personas”.
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Este recurso que interpuso la Academia por violaciones a la legislación ambiental mexicana, es independiente a la demanda de amparo que presentó desde mayo del año pasado ante el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, la cual sigue en curso. Continúa en la etapa de desahogo de pruebas antes de la sentencia definitiva.
Uno de los objetivos del acuerdo de cooperación ambiental, el cual surgió con el Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN) es verificar que los países que son parte, en este caso Canadá, Estados Unidos y México, cumplan con la legislación ambiental.
“Para estos efectos, (el acuerdo) tiene establecido un mecanismo de Secretariado que actúa a través de una denuncia que tiene que ser hecha por cualquier integrante de los tres países, donde se establezca que se viola la legislación ambiental de ese Estado, si la admite la somete a un proceso donde un panel, con miembros de los tres países, decide si esa afectación es verdadera o no y podría establecer sanciones y reparaciones”, explicó Rolando Cañas Moreno, presidente de la AMDA.
El Secretariado admitió la denuncia el pasado 5 de mayo y ya solicitó a México que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emita el informe sobre los hechos que se denuncian. Aunque el involucrado directo es el gobierno de la ciudad, la Federación es representante del Estado ante el acuerdo del Norte y será quién responda.
“Suponemos que la SRE pedirá un informe tanto a la Semarnat como al gobierno de la ciudad que expresarán lo que ellos consideren, y el gobierno federal tomará la decisión de presentar los argumentos, que estime, son los correctos ante el Secretariado”.
Lo que tomó en cuenta el Secretariado del acuerdo de Cooperación Ambiental es el incumplimiento con la legislación ambiental que tiene que ver con falta de áreas verdes, la tala de arbolado urbano, afectación a áreas naturales protegidas como es el Bosque de Chapultepec y la violación a la legislación en materia de patrimonio artístico e histórico, así como lo ha acreditado el INAH.
“Nosotros argumentamos que el proyecto y la construcción de la Línea 7 del Metrobús viola derechos ambientales fundamentales, y también la legislación ordinaria y secundaria tanto de la Ciudad de México como la de carácter federal. Ese fue el contenido de la queja ante el Secretariado”, dijo Cañas Moreno.
Agregó que en este caso se toma a la legislación ambiental en su más amplio aspecto, no sólo lo directamente relacionado con la biodiversidad, sino lo que se llama medio ambiente construido. Es decir, el patrimonio histórico y artístico que se ha afectado en Reforma por el Metrobús.
Un elemento que también consideró el Secretariado para admitir la queja es la falta de consulta a la ciudadanía de manera previa a la obra, acusó el presidente de la AMDA.
“El gobierno de la ciudad no realizó ni la consulta pública a la que estaría obligado conforme a la ley local, ni a la consulta a los pueblos indígenas que está obligado de acuerdo a tratados internacionales”.
Cañas Moreno recordó que el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), estableció un dictamen que está en el expediente del juicio de amparo de la AMDA, en donde determina que la Línea 7 genera contaminación directa en la CDMX y que debido a la tala de árboles durante la obra, hubo daño ambiental.
“Siguiendo esta lógica el gobierno federal debería admitir este incumplimiento por parte del gobierno de la ciudad en la legislación ambiental”.
En relación al tiempo que durará este proceso detalló que como es una instancia internacional el asunto será juzgado por autoridades de los tres países; será algo largo, aunque esperan que este año se pueda dar la resolución.
¿Qué respondió el gobierno de la ciudad?
La Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) de la CDMX negó mediante un comunicado que haya una afectación a pueblos y barrios originarios.
La dependencia capitalina puntualizó que la antropóloga de la Coordinación General de Servicios de la PGR, Guadalupe Mercado Montoya, consideró inexistente algún tipo de daño por la obra de la Línea 7 del Metrobús.
“La PGR refirió al Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa de la CDMX distintas encuestas realizadas a habitantes de Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, quienes se asumen y autodenominan como integrantes de pueblos y barrios originarios, sin que manifestaran inconvenientes por la Línea 7 del Metrobús”.
La Consejería señaló que el dictamen de la funcionaria federal estableció que, en Miguel Hidalgo, no existen los grupos poblacionales referidos en las inmediaciones donde se construyó la obra.
fmma