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Liberación de detenidos es por fallas en MP: expertos

Expertos consultados por LA SILLA ROTA coincidieron que no es culpa del Nuevo Sistema de Justicia Penal que los detenidos sean liberados

Escrito en NACIÓN el

La falta de capacitación adecuada a los ministerios sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal ha generado la liberación inoportuna de detenidos que pudieran ser criminales, más que por errores de jueces, coincidieron expertos en temas penales y de seguridad consultados por La Silla Rota.

El profesor de Criminología y Sistema Acusatorio en la UNAM y ex subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Gabriel Regino señaló que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no tiene a la prisión preventiva como el primer acto y el más importante a realizarse cuando una persona es sujeta de una investigación.

Explicó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal es claro al indicar cuáles delitos ameritan prisión preventiva oficiosa -el homicidio, el secuestro, la violación, entre otros - durante toda la etapa del procedimiento, y que los ministerios públicos pueden solicitar la “prisión preventiva justificada como medida cautelar para mantener en reclusión del inculpado.

“Los ministerios públicos carecen todavía de la experiencia necesaria argumentar debidamente ante un juez de control lo que se denomina ‘prisión preventiva justificada’. El nuevo sistema de justicia penal bajo ninguna circunstancia favorece la impunidad de nadie, lo que busca es procurar que el responsable no quede impune, pero que nunca se castigue a un inocente”, expuso.

Indicó que “sí a juicio del ministerio público la persona detenida representa un riesgo para la comunidad, por ejemplo, que sea reincidente, que haya sido detenido con arma de fuego, que sea un peligro para la víctima, que haya amenazado, y en otros esos casos, el ministerio público puede argumentar ante el juez de control la necesidad de la prisión preventiva justificada del inculpado”.

Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad, aseguró que el repunte en la incidencia delictiva en mayo de 2017 –el mes más violento de los últimos 20 años- se debe a que el Nuevo Sistema de Justicia Penal dejó fuera la “prisión preventiva” a delitos perpetrados con armas de fuego.

“No se trata de desmantelar el sistema de justicia, al contrario, reconocemos nosotros que es el mejor de los sistemas”, afirmó en la XV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

También hace unas semanas el Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, culpó del incremento de la inseguridad en la capital del país a la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal por el que se liberaron “12 mil reos que estaban en prisión preventiva o purgando una pena”.

“Hay un incremento ¿a qué obedece?, a que tenemos muchas más personas que antes estaban en prisión, ese es un factor, pero es un factor nacional. Hoy la Ciudad de México tiene 12 mil o más presos que estaban en prisión preventiva o purgando una pena, (y hoy) están afuera. Nuestro sistema penitenciario tenía a 42 mil personas en prisión, hoy tiene 30 mil”, declaró.

Gabriel Regino rechazó que la responsabilidad del aumento de la inseguridad y la violencia se deba al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

“Un procedimiento penal, una forma de enjuiciar a las personas nunca puede ser catalogado o considerado un factor criminógeno por sí mismo, salvo que se esté operando de manera incorrecta, el proceso penal entra en funcionamiento sólo cuando el hecho ya ha sido cometido, es decir; cuando las agencias de intervención primaria han fracasado en la prevención del hecho”, consideró.

Dijo que el actual sistema penal no necesita de ninguna modificación, “requiere ser entendido a cabalidad primero para que los operadores lo apliquen de manera adecuada, no se necesita ninguna reforma al sistema de justicia penal, se necesita mayor capacitación”.

“Es muy fácil echarle la culpa de una incapacidad en la prevención del crimen al sistema procesal y no asumir la responsabilidad de las fallas de los operadores en los ámbitos de prevención tanto en el ámbito social como el ámbito policial”, expuso.

“La situación de inseguridad nunca está asociada a sistemas procesales, la inseguridad deviene de factores criminógenos como asimetría social en las estructuras económicas, crisis en la adquisición de insumos, problemas con el subempleo, el desempleo, crisis de valores, ausencia de educación adecuada, entre muchos otros”, aseveró Gabriel Regino.

Las cifras oficiales revelan que el repunte de la inseguridad y la violencia se generó antes de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) enero a mayo del 2015 se registraron 7 mil 438 homicidios dolosos; en ese mismo periodo de 2016 se contabilizaron 8 mil 495; y en el 2017 la cifra llegó a 11 mil 155.

En dos años, los homicidios dolosos repuntaron 33.3 por ciento de acuerdo a cifras oficiales del gobierno federal.

En la Ciudad México, los delitos del fuero común también aumentaron antes de la puesta en marcha del nuevo sistema penal. En los primeros cinco meses de 2015 las denuncias de delitos del fuero común sumaron 67 mil 038; en ese mismo periodo de 2016 subieron a 72 mil 460 denuncias; y en el 2017 crecieron 79 mil 955 denuncias. En dos años, las denuncias del fuero común en la Ciudad de México aumentaron 19.2 por ciento.

Por su parte, Everardo Moreno Cruz, ex subprocurador General de la República y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que el Nuevo Sistema de Justicia Penal “es un buen sistema que tendrá que ser depurado y afinarse para que los resultados sean mejores”.

“Necesitamos capacitar mejor a los ministerios públicos, ha cambiado el proceso, ahora ya hablamos de datos de prueba para que se pueda formular una imputación. La capacitación es fundamental, lamentablemente no se ha capacitado lo suficiente y los resultados no son positivos precisamente por esa falta de capacitación”, señaló.

Everardo Moreno Cruz indicó que también se requiere revisar las políticas sociales de prevención del crimen y detectar en qué está falla la policía preventiva para realizar los ajustes.

“Se debe actuar con un mayor rigor y que las policías también estén capacitadas, que se privilegie el respeto a los derechos humanos, pero también se actué con las energía y rigor necesarios. Necesitamos que el sistema sea más duro”, afirmó Everardo Moreno.