Las relatorías de Libertad de Expresión de la Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos hicieron un llamado al Senado de la República a no aprobar la iniciativa de Ley de Seguridad Interior (que ya cuenta con el visto bueno de la Cámara de Diputados y está por discutirse en la Cámara Alta), e iniciar un diálogo abierto y comprensivo sobre el modelo de seguridad que necesita el país.
En dicho modelo de seguridad debe de reafirmarse el papel de las agencias de seguridad civiles para abordar los retos de seguridad pública, en lugar de confiar este rol a las Fuerzas Armadas, enfatizaron.
Las dos instancias internacionales se sumaron a otras tantas que también a nivel mundial y nacional han manifestado su preocupación por esta propuesta de legislación con la que se busca regularizar la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.
En sus Observaciones Premiliminares, tras su visita de una semana al país, los relatores David Kaye y Edson Lanza expresaron sus preocupaciones sobre el estado de derecho y los principios democráticos que podrían estar en riesgo con la citada propuesta de ley.
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Señalaron que no se debería adoptar ninguna ley que contradiga las facultades otorgadas a órganos garantes del acceso a la información y los estándares sobre acceso a la información en casos de violaciones graves de derechos humanos.
En el apartado “Amenazas legales y restricciones de la libertad de expresión”, sostienen que el marco legal de un país debe llevar a asegurar que la libertad de expresión no sólo se garantiza, sino que tampoco se crean restricciones arbitrarias o desproporcionadas mediante la adopción de leyes.
Aseguraron que varias iniciativas de ley que se discuten actualmente en el Congreso, y la falta de regulación de ciertos aspectos en relación con la libertad de expresión, tienen el potencial para reducir sustancialmente la libertad de expresión en México.
En particular, la iniciativa de ley sobre seguridad interior tiene disposiciones que van en contra con las normas de derechos humanos, en particular con relación al acceso a la información, la supervisión suficiente para la recolección de inteligencia y el uso de la fuerza durante manifestaciones.
Indicaron que otorgar poder a las Fuerzas Armadas para reunir información de inteligencia nacional plantea graves preocupaciones sobre las limitaciones en la supervisión civil y judicial, según lo requieren las normativas internacionales.
El proyecto de ley también contiene redacción ambigua sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el contexto de protestas sociales y el uso de la fuerza en contra de “actos de resistencia”. Estas disposiciones abren la puerta para que las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo funciones de mantenimiento del orden, con un conjunto de reglas diferente que regulan el uso de la fuerza, en contextos de protesta social.
Preocupa igualmente que la legislación permite la clasificación automática de la información recolectada por las Fuerzas Armadas con base en criterios de seguridad nacional, lo cual prevendría la divulgación de información sobre violaciones graves de derechos humanos, en clara oposición con las normas sobre el derecho a la verdad y al acceso a la información.
“Esto representa una anulación clara frente al progreso que se logró en los últimos quince años en términos del marco legal mexicano sobre transparencia y acceso a la información. También estaría en contraposición con las facultades que ejerce el Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para determinar qué información se debería proteger con fines de seguridad nacional”, expresaron.
fmma