Damnificados Unidos de la Ciudad de México denunciaron en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que la Ley de Reconstrucción aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), viola sus derechos fundamentales y solicitaron una investigación para emitir las recomendaciones pertinentes.
“Esta medida impacta directamente a quienes residimos en predios que resultaron dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Esta ley, desde su origen, presentó una visión limitada de derechos humanos, además no cuenta con un diagnóstico cuantitativo o cualitativo de las condiciones de vulnerabilidad en las zonas dañadas”, indicaron los Damnificados Unidos de la Ciudad de México.
Entre los derechos que acusan que fueron vulnerados por el gobierno de la Ciudad de México y la ALDF, advirtieron los siguientes: derecho de acceso a la justicia, audiencia y al debido proceso legal, principio de legalidad, petición, vivienda, de las personas adultas mayores, y a la consulta de pueblos originarios.
TE PUEDE INTERESAR: "La Ley de Reconstrucción: un despropósito"
El dictamen que fue avalado por 35 diputados el pasado viernes, plantea también como método de financiamiento para la reconstrucción a los créditos llamados “blandos” y permite la redensificación de hasta el 35 por ciento de los edificios colapsados, mecanismos que han rechazado desde el inicio de la contingencia, reiteraron.
Agregaron que este ordenamiento legal no atiende a las víctimas y el acceso a la justicia, pero intenta resolver la crisis como un asunto de metros cuadrados y oportunidades de enriquecimiento para las empresas inmobiliarias.
“En su momento, los Damnificados Unidos de la Ciudad de México denunciamos la gravedad de que fuera aprobada en sus términos e hicimos un llamado público a la ALDF a no legislar en la materia sin antes generar un proceso de diálogo, escucha y debate con las personas afectadas”.
Sin embargo, no ocurrió. Estuvo agendada para su aprobación en el pleno en tres ocasiones, sin que siquiera hubiese sido discutida o analizada en las tres comisiones de dictamen, en una clara violación al proceso parlamentario, indicaron .
“Ello nos obligó a manifestar nuestra oposición en las afueras de la propia ALDF, con lo que solo ganábamos tiempo, o el acercamiento de algún legislador o legisladora aislados, que pretendían quedar bien con las personas damnificadas pero que en ningún momento hicieron caso de nuestra demanda de establecer un proceso institucional y formalizado de debate para escucharnos y legislar responsablemente”.
El 24 de noviembre de 2017 la ley fue aprobada, dijeron, sin corregir ni subsanar todas las omisiones e injusticias en su contenido y, sobre todo, sin un proceso abierto de debate con las personas a que afectará.
“Por dichas razones, solicitamos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que emprenda la investigación y argumentación legal necesaria que robustezca nuestra denuncia pública de los varios derechos que nos han sido vulnerados desde el 19 de septiembre. Pedimos también su acompañamiento y defensa jurídica para los damnificados, en su carácter de Defensoría del Pueblo”.
Además, pidieron que proceda, conforme a sus atribuciones, a realizar las acciones legales pertinentes y se emitan las recomendaciones necesarias para garantizar a plenitud los derechos humanos de quienes llevan más de dos meses en las calles, “por la omisión, ineficacia y falta de respuestas oportunas y sensibles a nuestra tragedia”.
fmma