El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 205 votos a favor y 168 en contra, la creación de la Ley General de Comunicación Social, que busca reglamentar la publicidad gubernamental.
El dictamen fue impulsado con la votación a favor de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, en tanto tuvo la oposición de Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y Morena, que reservaron 61 artículos para entrar a su discusión en lo particular.
Al fundamentar el dictamen, la priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente recordó al pleno que en noviembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia que obliga al Congreso de la Unión a reglamentar la fracción VIII del artículo 134 constitucional a más tardar el 30 de abril de 2018.
Por ello, dijo que el dictamen para expedir la Ley General de Comunicación Social prevé el manejo transparente de los recursos públicos con plena responsabilidad y en el que deben destacar los principios de racionalidad, economía y transparencia.
Calificó la propuesta de ley como un avance fundamental, pues implica que se propone fiscalizar el gasto en comunicación social de todos los poderes, de los tres órdenes de gobierno y los entes públicos para someterlo a principios de racionalidad, economía y transparencia.
Ello, con el fin de evitar la improvisación y establecer mecanismos para una estricta evaluación de la comunicación social, dijo al anotar que la iniciativa establece que han de presentarse programas anuales de comunicación e informes periódicos desglosados que cumplan con el sistema público de la Secretaría de la Función Pública.
Es decir, la comunicación social de todas las entidades públicas en adelante habrá de someterse a una planeación más rigurosa, con lo que deja de ser sujeto de improvisaciones y asume con toda claridad criterios técnicos, señaló la diputada.
Además, los términos de la ley propuesta representan avances de vanguardia para abrir y transparentar la relación del Estado mexicano y todas las entidades que lo componen, con los medios de comunicación a través de la creación del Padrón Nacional de Medios de Comunicación que quedaría a cargo de la Secretaría de Gobernación.
Indicó que en la parte final se aborda el capítulo referente a infracciones y sanciones, que deja constancia de que la violación o incumplimiento de las disposiciones serán acreedoras tanto a sanciones administrativas como a querellas de orden penal conforme a la legislación vigente.
Destacó que de trata de dar continuidad a la tercera generación de reformas en materia electoral y garantizar, al mismo tiempo, que el objetivo de toda comunicación gubernamental se realice con las mejores prácticas y los más estrictos criterios de utilidad pública.
En sus respectivos turnos, diputados del PAN, PRD y Morena presentaron mociones suspensivas para que el dictamen no fuera discutido y votado, al considerar que no cumplía con la sentencia de la Corte, de reglamentar la propaganda gubernamental.
Los mociones fueron rechazadas con 194 votos del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, mientras que a favor se sumaron 168 votos del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena.
Al fijar las posiciones de las diferentes fracciones, el diputado de Encuentro Social, Abel Cruz Hernández, se pronunció a favor de que la Cámara de Diputados cumpla con la sentencia emitida por la SCJN, y consideró que el presente disctamen no satisface lo requerido en materia de publicidad oficial.
Por Nueva Alianza, Mirna Isabel Saldívar Paz señaló que la iniciativa que se discute propone crear un padrón de medios impresos y electrónicos, con los cuales las autoridades podrán contratar su propaganda electoral de manera transparente.
Movimiento Ciudadano, a través de su diputado Edgar Romo García, llamó a no votar el dictamen como fue presentado al considerar que hay un excesos en algunas atribuciones que se otorgan a las autoridades.
Para el legislador del PVEM Samuel Rodríguez Torres es un marco jurídico que regulará los productos publicitarios gubernamentales y señala expresamente a los sujetos obligados, lo cual evitará confusiones al momento de la rendición de cuentas, pues cada ente público tendrá responsabilidades.
Virgilio Caballero, de Morena, se pronunció en contra del dictamen al mencionar puntos como el derecho a la información y a la libertad de expresión, los porcentajes de asignación a cada medio y las facultades que se otorgan a las autoridades gubernamentales en la materia.
En su turno, el diputado del PRD Rafael Hernández Soriano estableció que para su fracción la propuesta no cumple con el ordenamiento judicial.
También el panista Jorge Triana Tena dijo que para su fracción el documento no cumple con la sentencia de la SCJN y se refirió en particular al caso del ejercicio de los recursos públicos, la pluralidad de medios y las facultades que se otorgan a la Secretaría de Gobernación para distribuir los tiempos oficiales de publicidad.
El priista Arturo Huicochea Alanís aseguró que se trata de una propuesta de ley que transparenta la relación entre los medios de comunicación y las autoridades gubernamentales, así como el uso de recursos, evitando la opacidad.