La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) interpuso una controversia constitucional por la Ley de Seguridad Interior, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Acompañada por el cuerpo directivo de este Organismo, la Presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, hizo entrega del documento en el que argumenta que los Artículos 31 y Tercero Transitorio “afectan la competencia de este Comisión porque no le permite cumplir con su objetivo de garantizar los derechos humanos de quienes habitan y transitan por esta Ciudad”.
En los artículos mencionados se establece la obligación de proporcionar la información que genere la CDHDF, administre o tenga en posesión, no obstante de quien se trate ni de la condición que tenga como víctima ni la vulneración de la que haya sido objeto, lo cual genera una situación de riesgo para ellas.
"Hay una disposición sobre la obligación que tenemos de dar datos personales cuando nosotros somos un órgano que trabaja sobre la privacidad y los datos personales de personas sujetas a proceso y de protección de sus datos, vida e integridad física tales como los desaparecidos y gente que ha recibido tortura", declaró la Ombudswoman.
"Entonces, presentamos esta controversia constitucional porque estos artículos invaden nuestra competencia y nos permitirían cumplir nuestras obligaciones de protección de derechos".Por considerar la trascendencia nacional e internacional de dicha Ley, la CDHDF también solicitó al Máximo Tribunal la realización de audiencias públicas para su análisis y discusión, así como atención prioritaria al tema.
Una controversia similar fue tramitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), durante la semana pasada), ya que está enfocada exclusivamente al manejo de datos de los solicitantes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite seis recursos de inconstitucionalidad , dos acciones y cuatro controversias, en contra de la Ley de Seguridad Interior, promovidos por órganos autónomos, legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y un gobierno municipal para declarar la invalidez de esta norma que faculta a las Fuerzas Armadas a asumir tareas de seguridad pública.