A unos días de su aprobación en el Senado de la República, organizaciones de la sociedad civil expusieron sus preocupaciones en relación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que, de ser avalada en la Cámara de Diputados, hará efectiva la transición de la Procuraduría General de la República (PGR) a un órgano de procuración de justicia autónomo.
Falta de independencia entre el Ejecutivo Federal y la Fiscalía General, entre esta última y las fiscalías especializadas; omisión de requisitos necesarios para ocupar la titularidad del nuevo órgano; así como un “exceso de facultades” al primer fiscal de la nación, son tan sólo algunos de los aspectos que, de acuerdo con activistas y expertos en la materia, deben ser considerados.
En una reunión con la comisión de Justicia de la Cámara baja, representantes de organizaciones como México Evalúa, Alto al Secuestro y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtieron que hay aspectos “preocupantes” en el proyecto enviado por senadores, por lo que pidieron hacer los ajustes necesarios para dotar al país de una Fiscalía que sea garante del estado derecho y que verdaderamente combata la impunidad en el país.
Además, insistieron en la necesidad de reformar el artículo 102 constitucional, que se refiere a la creación de la Fiscalía General de la República como un órgano independiente.
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NO SE GARANTIZA VERDADERA INDEPENDENCIA
De acuerdo con Leonor Quiroz Carrillo, representante de la Coparmex, la minuta enviada por los senadores concede “excesiva concentración” de facultades al primer general de la nación que pone en riesgo la independencia entre la FGR y las fiscalías especializadas.
Particularmente se refirió a que el titular del órgano que sustituye a la PGR tendrá la facultad de nombrar a los titulares de las Fiscalías Especializadas en materia de Derechos Humanos, Delitos Electorales, Combate a la Corrupción y Asuntos Internos, por mencionar algunas, sin que estos nombramientos cuenten con la aprobación del Senado, o se realicen previa participación ciudadana.
Hay una excesiva concentración de facultades en la Fiscalía General de la República en el nombramiento de fiscales especializados donde no intervienen ni ciudadanos, ni el Senado, solo establece una objeción y para como está integrado el Senado, es más que claro que nunca se llegará a las dos terceras partes para objetar ese nombramiento (…) la dependencia directa ya nos ha causado muchos problemas y en mucho ha abonado a la impunidad”, señaló.
INSUFICIENCIA DE REQUISITOS PARA SER TITULAR DE LA FGR
Otra de las preocupaciones expuestas por Leonor Quiroz Carrillo, a nombre de la Coparmex, fue en relación a lo que consideró como “un laxo” proceso para la postulación de candidatos a fiscal general de la nación.
En ese sentido criticó que entre los requerimientos para estar a la cabeza de la FGR sólo se pida un mínimo de edad de 35 años, ser mexicano por nacimiento y tener 10 años con título profesional, además de contar con buena reputación.
¿En dónde están las características técnicas, como años mínimos de experiencia en la materia, con las que debiera contar un fiscal? Esta es otra razón por la cual impulsábamos la reforma al artículo 102 constitucional. El perfil es extremadamente laxo en el 102 constitucional y se replica en la Ley Orgánica”, cuestionó.
En ello coincidió Marco Antonio Fernández, de México Evalúa, para quién es necesario hacer modificaciones constitucionales a fin de ampliar los requisitos para ocupar el cargo de titular de la fiscalía y evitar con ello “la tentación de que nos vayan a colar a algún personaje con tintes partidistas”.
NO ESPECIFICA EL PROCESO DE REMOCIÓN Y SEPARACIÓN DEL CARGO
A decir de Marco Antonio Fernández, quien habló en representación de México Evalúa y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)), otro aspecto que no se define en la minuta que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República tiene que ver con el proceso de remoción y separación del cargo de funcionarios que incurran en prácticas de corrupción.
En reunión con la comisión de justicia, el abogado sostuvo que en la minuta se omitió tanto el procedimiento de remoción, como el procedimiento de separación del cargo a funcionarios corruptos.
Ustedes lo saben mejor que yo, eso no se puede hacer por reserva de ley en un reglamento y esos procedimientos, si no se establecen en la Ley Orgánica, cuando el personal corrupto trate de ser procesado por el órgano interno de control o asuntos internos no lo van a poder hacer porque no está normado en la ley”, advirtió.
Antonio Fernández también hizo mención de la facultad del ejecutivo federal para remover al fiscal general por causas consideradas graves, sin que estas tengan mayor especificación. “Se dice que por faltas graves, pero nunca se precisan esas causas”.
NO HAY CLARIDAD SOBRE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
A nombre de Alto al Secuestro, Samuel González Ruiz aseguró que el texto de la minuta se contrapone con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con el cual debe haber unidades de investigación de delitos, mismas que no se contemplan en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
No existe regulación del artículo 78 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dice que va a haber unidades de investigación, pero en el proyecto de la fiscalía no se advierte sobre la unidad de investigación, simplemente no se reguló este tema. Con esto ¿van a haber o no impugnaciones de la ley?”, cuestionó.
PIDEN A MORENA “SENSIBILIDAD” PARA AJUSTAR LA MINUTA
Entrevistada en relación a las inquietudes manifestadas por representantes de organizaciones de la sociedad civil, la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Pilar Ortega Martínez, confió en que Morena como grupo mayoritario “tenga la sensibilidad” para aceptar modificaciones al proyecto enviado por el Senado.
Estamos abiertos a poder analizar cada una de las inquietudes y poder formular en su caso una discusión interna, pero esto va a depender muchísimo de que el partido mayoritario dé el aval para que estos cambios puedan procesarse (…) Nosotros hacemos votos porque haya sensibilidad a la necesidad de poder precisar algunos aspectos que consideramos pueden mejorarse en la ley”, declaró a La Silla Rota.
La diputada del PAN, además considero a título personal que, de no corregir algunos aspectos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, planteada por los senadores, entonces estarán “metiendo en una camisa de fuerza” a la institución que suplirá a la PGR.
Pondremos una camisa de fuerza para la institución. Las observaciones que hacemos siempre serán de buena fe, al margen de nuestras diferencias políticas lo que más nos interesa es que esta institución nazca bien y efectivamente cumpla la funciones para la cual está designada dentro de la constitución”.
Reiteró que a su partido le interesa revisar el tema del perfil del fiscal general, “porque hoy está muy escueto y permite que prácticamente cualquiera sea fiscal general”, incorporar la participación de la sociedad civil a través de mecanismos de parlamento abierto para nombrar a los fiscales; y la revisión a las atribuciones del órgano de coordinación general “que tiene muchísimas facultades y atribuciones, que prácticamente es un vicefiscal y que no tendrá un control parlamentario”.
mlmt