Toluca, Edomex.- Mientras que para legisladores de Morena y el Partido del Trabajo (PT), la Ley que regula el uso de la Fuerza Pública en el Estado de México debe ser abrogada por considerarla violatoria de los derechos humanos, la Secretaría de Seguridad Estatal (SSE) defiende que los protocolos establecidos en ella, no están fuera de la ley.
“Habla de policías mucho mejor formados y profesionales, y atiende al no uso de la fuerza pública”, asegura Maribel Cervantes, titular de la SSE mexiquense.
Dado que en la también denominada Ley Atenco, en virtud que el gobierno del Estado de México no ha resolvido la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para el PT es una ley que nació muerta y por tanto debe ser revisada y en su caso abrogada.
La legislación surgió de una iniciativa que, el exgobernador Eruviel Ávila Villegas envió al Congreso mexiquense en diciembre de 2015, y fue avalada el 17 de marzo de 2016 por los grupos parlamentarios, excepto Morena.
Armando Bautista Gómez, coordinador petista, dijo que el hecho que la legislación avale el actuar de la policía en situaciones como manifestaciones violentas, desalojos y operativos, significa criminalizar la protesta social.
“Es algo que no podemos permitir porque somos una fuerza política que nace, precisamente, de la protesta social y de las inconformidades que existen en nuestra sociedad. En un estado republicano no puede criminalizarse la protesta social”, sostuvo el legislador.
Luego de que diputados de la LIX legislatura promovieron la acción de inconstitucionalidad por considerarla violatoria de los derechos humanos, en noviembre de 2017 la Suprema Corte falló a favor e invalidó los artículos 12, fracción III, inciso a) y b); así como del 24, 25 y 26 y de una porción del artículo 40.
No obstante, la resolución advierte que el uso de la fuerza pública deber ser de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos, apegado a las disposiciones normativas y administrativas aplicables con personal capacitado.
Es decir, aunque la ley menciona que en toda actuación de la Policía el respeto a los derechos humanos debe estar por encima de todo, no descarta que el uso de armas puedan causar heridas graves o incluso la muerte.
Desde su punto de vista, para Bautista Gómez la llamada Ley Eruviel nació muerta y al violentar los derechos fundamentales debe abrogarse por completo, “es darle al Poder Ejecutivo una facultad dictatorial… es impensable, no lo podemos permitir”, subrayó.
En tanto, Maurilio Hernández González, líder de la fracción de Morena en la LX Legislatura y presidente de la Junta de Coordinación Política, comentó que, de inicio, la Ley que regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México representa un retroceso al poner en peligro la vida e integridad de los manifestantes. Sin embargo, su partido analiza la pertinencia de hacer las modificaciones necesarias, o en su caso abrogarla.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Estatal defendió que la citada ley establece nuevos protocolos y procesos de conducción de los elementos de seguridad, los cuales están apegados a la ley, y no son atentatorios de los derechos humanos, por el contrario rechaza el uso excesivo de a fuerza pública.
“En esencia nosotros vamos a cumplir con todo lo que la ley marque, en realidad estamos implementando en el marco de esta nueva ley, incluso un servicio de carrera, un sistema de desarrollo policial, y en ese sentido vamos a estar trabajando”.
En cuanto a reformarla, indicó que es la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la dependencia estatal quien se encargará de ese tema.
ams