Una juez de Baja California vinculó a proceso a León Fierro Reséndiz, integrante del Movimiento Mexicali Resiste, por el delito de lesiones calificadas. Por ello. permanecerá en prisión preventiva por dos meses, decisión que fue considerada por la defensa como una acción política derivado de la lucha de colectivos por impedir el establecimiento de una cervecera extranjera.
La historia inició en Mexicali, Baja California, una zona desértica. El agua escasea en verano, donde el clima llega hasta los 50 grados y los días de lluvia apenas alcanzan los 16 días cada año.
Aun así, el gobierno del estado abastecerá con 20 millones de metros cúbicos de agua anuales a la cervecera Constellation Brands.
Así lo señala un acuerdo entre la empresa estadunidense y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali firmado desde octubre de 2015, dada a conocer por la agencia EFE.
A cambio, la empresa dará empleo a 750 personas cuando la cervecería esté terminada, fecha prevista para 2020.
La resistencia
Sin embargo, 20 millones de metros cúbicos de agua anuales, por menos 750 empleos en un municipio con casi un millón de habitantes, no parece justo, por lo menos para “Mexicali Resiste”.
La organización ciudadana sostiene que en Mexicali se necesitan 100 millones de metros cúbicos de agua al año, por lo que, sostienen, no sería justo otorgar el 20% en una zona donde se registras problemas de abastecimiento.
Por ello, “Mexicali Resiste” se ha negado a la consolidación del proyecto de la cervecería.
Y no sólo ellos, también la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual presentó en 2015 un informe en el que sostenía que no hay agua disponible para realizar nuevas concesiones en Mexicali.
El proyecto ha continuado y las manifestaciones contra de la cervecería por parte de “Mexicali Resiste” siguen hasta la fecha.
La detención
Sin embargo, la lucha entre “Mexicali Resiste” y el proyecto de Constellation Brands, luego que León Fierro Reséndiz, dirigente de la organización civil fue detenido el 3 de mayo pasado.
La versión oficial sostiene que el 16 de enero, Fierro Reséndiz intentó atropellar, en medio de una manifestación, a un grupo de Policías Estatales que custodiaban el lugar donde se construye la cervecería, por lo que fue acusado de tentativa de homicidio.
En los hechos el agente ministerial, Edgar Manuel Tapia Castro, resultó lesionado en tobillo y brazo.
Por su parte, los activistas sostienen que la aprehensión fue con una clara intención de intimidar a los integrantes de este movimiento.
Fierro Reséndiz es considerado el vocero más importante y una de las caras más visibles del movimiento Mexicali Resiste.
“Mexicali Resiste” ha acusado al gobierno del panista Francisco Vega de la Madrid de intentar reprimir las manifestaciones en contra del proyecto de la cervecería.
Al respecto, el gobernador de Baja California negó que el caso de León sea una “persecución política” y negó que en la entidad haya presos políticos.
Familiares de Fierro Reséndiz y el abogado defensor, Fernando Rosales, consideran exagerada la acusación de tentativa de homicidio, así como la prisión preventiva que le otorgaron, definiendo los hechos como una “acción política”.
La indignación
Tras la detención, el lunes 7 de mayo, miembros de “Mexicali Resiste” protestaron en la sede nacional del PAN, en la colonia del Valle, en la Ciudad de México.
Asimismo, se registraron movilizaciones en consulados mexicanos en Estados Unidos en las ciudades de Seatlle, Washington y San Diego.
Por su parte, Silvia Reséndiz, madre de León Fierro Reséndiz, así como demás mujeres miembros de “Mexicali Resiste”, se encuentran en ayuno como forma de protesta para exigir la liberación del joven activista.
Este 9 de mayo, la jueza Ruth Álvarez reclasificó el delito contra León de tentativa de homicidio a lesiones calificadas. Aun así, permanecerá en prisión preventiva dos meses más.
De acuerdo con el semanario Zeta, la jueza determinó que la liberación del activista significaba un riesgo para la sociedad, pues en su declaratoria, Fierro Reséndiz dijo que seguirá en su lucha por el agua, lo cual habría sido tomado como una amenaza por parte de Álvarez.
Por su parte, el abogado Fernando Rosales calificó de “treta política” la prisión preventiva, pues sostiene el delito no lo amerita, por lo que analizará interponer un recurso de apelación, amparo o una reparación del daño por las lesiones.
El peligro de ser activista
En los últimos siete años, 391 activistas han sido víctimas de ataques en México, así lo señala el informe el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
En su más reciente informe publicado en marzo pasado, detalla que entre julio de 2016 y diciembre de 2017, hubo 88 ataques contra defensores de los derechos humanos, los cuales acabaron con la vida de 29 activistas.
En estos 88 ataques, el Cemda identificó 110 tipos de agresiones, donde las más recurrentes fueron las físicas, la criminalización y el homicidio.
La entidad que mayor riesgo representó para los activistas ambientales fue el Estado de México, donde se presentaron 10 casos; seguido de Oaxaca y Puebla, con ocho casos anda uno; Chiapas y Sonora con seis.
Seguido de la Ciudad de Meìxico y Yucataìn con cinco; cuatro en Campeche, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacaìn, Veracruz y Zacatecas; Hidalgo con 3 casos; Baja California con 2; y en Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Quintana Roo y Sinaloa se presentó un caso por estado.
Activistas en materia de minería, despojo de tierras, de infraestructura, hidroeléctrico e hidráulica son quienes más ataques han recibido.
De acuerdo con el Cemda, la mayoría de los ataques fueron cometidos por el Estado, siendo las autoridades estatales las que más cometen la represión con el 57%, seguido de las autoridades municipales con el 26% y las federales con 17%.
Una juez de Baja California vinculó a proceso a León Fierro Reséndiz, defensor de derechos humanos al agua e integrante del Movimiento Mexicali Resiste, por el delito de lesiones calificadas. Por ello. permanecerá en prisión preventiva por dos meses, decisión que fue considerada por la defensa como una acción política derivado de la lucha de colectivos por impedir el establecimiento de una cervecera extranjera.
La historia inició en Mexicali, Baja California, una zona desértica. El agua escasea en verano, donde el clima llega hasta los 50 grados y los días de lluvia apenas alcanzan los 16 días cada año.
Aun así, el gobierno del estado abastecerá con 20 millones de metros cúbicos de agua anuales a la cervecera Constellation Brands.
Así lo señala un acuerdo entre la empresa estadunidense y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali firmado desde octubre de 2015, dada a conocer por la agencia EFE.
A cambio, la empresa dará empleo a 750 personas cuando la cervecería esté terminada, fecha prevista para 2020.
La resistencia
Sin embargo, 20 millones de metros cúbicos de agua anuales, por menos 750 empleos en un municipio con casi un millón de habitantes, no parece justo, por lo menos para “Mexicali Resiste”.
La organización ciudadana sostiene que en Mexicali se necesitan 100 millones de metros cúbicos de agua al año, por lo que, sostienen, no sería justo otorgar el 20% en una zona donde se registras problemas de abastecimiento.
Por ello, “Mexicali Resiste” se ha negado a la consolidación del proyecto de la cervecería.
Y no sólo ellos, también la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual presentó en 2015 un informe en el que sostenía que no hay agua disponible para realizar nuevas concesiones en Mexicali.
El proyecto ha continuado y las manifestaciones contra de la cervecería por parte de “Mexicali Resiste” siguen hasta la fecha.
La detención
Sin embargo, la lucha entre “Mexicali Resiste” y el proyecto de Constellation Brands, luego que León Fierro Reséndiz, dirigente de la organización civil fue detenido el 3 de mayo pasado.
La versión oficial sostiene que el 16 de enero, Fierro Reséndiz intentó atropellar, en medio de una manifestación, a un grupo de Policías Estatales que custodiaban el lugar donde se construye la cervecería, por lo que fue acusado de tentativa de homicidio.
En los hechos el agente ministerial, Edgar Manuel Tapia Castro, resultó lesionado en tobillo y brazo.
Por su parte, los activistas sostienen que la aprehensión fue con una clara intención de intimidar a los integrantes de este movimiento.
Fierro Reséndiz es considerado el vocero más importante y una de las caras más visibles del movimiento Mexicali Resiste.
“Mexicali Resiste” ha acusado al gobierno del panista Francisco Vega de la Madrid de intentar reprimir las manifestaciones en contra del proyecto de la cervecería.
Al respecto, el gobernador de Baja California negó que el caso de León sea una “persecución política” y negó que en la entidad haya presos políticos.
Familiares de Fierro Reséndiz y el abogado defensor, Fernando Rosales, consideran exagerada la acusación de tentativa de homicidio, así como la prisión preventiva que le otorgaron, definiendo los hechos como una “acción política”.
La indignación
Tras la detención, el lunes 7 de mayo, miembros de “Mexicali Resiste” protestaron en la sede nacional del PAN, en la colonia del Valle, en la Ciudad de México.
Asimismo, se registraron movilizaciones en consulados mexicanos en Estados Unidos en las ciudades de Seatlle, Washington y San Diego.
Por su parte, Silvia Reséndiz, madre de León Fierro Reséndiz, así como demás mujeres miembros de “Mexicali Resiste”, se encuentran en ayuno como forma de protesta para exigir la liberación del joven activista.
Este 9 de mayo, la jueza Ruth Álvarez reclasificó el delito contra León de tentativa de homicidio a lesiones calificadas. Aun así, permanecerá en prisión preventiva dos meses más.
De acuerdo con el semanario Zeta, la jueza determinó que la liberación del activista significaba un riesgo para la sociedad, pues en su declaratoria, Fierro Reséndiz dijo que seguirá en su lucha por el agua, lo cual habría sido tomado como una amenaza por parte de Álvarez.
Por su parte, el abogado Fernando Rosales calificó de “treta política” la prisión preventiva, pues sostiene el delito no lo amerita, por lo que analizará interponer un recurso de apelación, amparo o una reparación del daño por las lesiones.
El peligro de ser activista
En los últimos siete años, 391 activistas han sido víctimas de ataques en México, así lo señala el informe el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
En su más reciente informe publicado en marzo pasado, detalla que entre julio de 2016 y diciembre de 2017, hubo 88 ataques contra defensores de los derechos humanos, los cuales acabaron con la vida de 29 activistas.
En estos 88 ataques, el Cemda identificó 110 tipos de agresiones, donde las más recurrentes fueron las físicas, la criminalización y el homicidio.
La entidad que mayor riesgo representó para los activistas ambientales fue el Estado de México, donde se presentaron 10 casos; seguido de Oaxaca y Puebla, con ocho casos anda uno; Chiapas y Sonora con seis.
Seguido de la Ciudad de Meìxico y Yucataìn con cinco; cuatro en Campeche, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacaìn, Veracruz y Zacatecas; Hidalgo con 3 casos; Baja California con 2; y en Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Quintana Roo y Sinaloa se presentó un caso por estado.
Activistas en materia de minería, despojo de tierras, de infraestructura, hidroeléctrico e hidráulica son quienes más ataques han recibido.
De acuerdo con el Cemda, la mayoría de los ataques fueron cometidos por el Estado, siendo las autoridades estatales las que más cometen la represión con el 57%, seguido de las autoridades municipales con el 26% y las federales con 17%.
