Las adquisiciones de bienes y servicios por parte del gobierno siempre reciben gran atención, principalmente porque involucran un gasto cuantioso de recursos públicos. Por la misma razón deben ser transparentes, objetivas y eficientes.
Precisamente en razón de los objetivos de transparencia, objetividad y eficiencia, es que en los procesos de contratación pública se ha buscado utilizar la licitación como regla general, ya que este mecanismo permite reproducir las condiciones que existirían en un mercado competitivo para que los oferentes se esfuercen para proveer los bienes y servicios con menores precios y mayor calidad.
Licitación
Sin embargo, este resultado sólo es posible cuando existe una competencia genuina donde los competidores actúan de forma independiente y reciben el mismo trato por parte de la autoridad contratante. Para ello, es necesario proteger la competencia durante la licitación mediante reglas que no impidan indebidamente la entrada de competidores, como puede ocurrir cuando se define un plazo muy corto para acreditar los requisitos y presentar propuestas; revisar estrictamente los posibles vínculos entre los interesados en participar; además de vigilar el comportamiento de los licitantes y los resultados obtenidos para detectar cualquier indicio de una colusión.
Generalmente, el objetivo más visible que se persigue en estos procesos es la eficiencia, es decir, lograr el menor costo para el gobierno o, de forma equivalente, obtener los mayores beneficios directos de la contratación, con un presupuesto dado. Para valuar ese fin, la atención se centra en los montos asignados y las cantidades obtenidas, lo que en ocasiones conduce a que se pase por alto que las compras públicas tienen otros impactos que van más allá de los bienes o servicios contratados y del fin concreto que se busca satisfacer en ese momento. Por su magnitud, las adquisiciones gubernamentales pueden incidir en la dinámica de los mercados y en las condiciones generales de competencia.
En algunos casos, la venta de productos y servicios al gobierno requiere cierta especialización y diferenciación que incluso llega a perfilar segmentos separados que pueden configurar mercados por sí mismos. Debido a su especialización, estos mercados se integran con pocos participantes por lo que las condiciones de competencia suelen ser precarias.
Beneficios
Además de buscar un resultado que genere beneficios directos y de corto plazo al Estado es importante asegurar que la contratación no impacte negativamente la eficiencia en los mercados, lo que puede ocurrir cuando se generan barreras para que ciertas empresas puedan competir por las compras gubernamentales, ya sea por introducir requisitos innecesarios a la licitación o por asignar directamente sin acudir a un proceso competitivo. Esto resulta cuanto más delicado, cuando la empresa beneficiada resulta ser el agente económico dominante en el mercado.
Por todas estas consideraciones, preocupa que se siga encontrando razones diversas para evitar la realización de licitaciones en la asignación de contratos de bienes y servicios, o que se hagan procesos apresurados, con restricciones y requisitos que terminan por excluir competidores viables.
En el campo de los servicios de telecomunicaciones se han dado casos recientes que merecen atención, como la licitación del Consejo de la Judicatura Federal en los últimos días del año, sujeta a plazos muy cortos en cada una de las etapas. Otro ejemplo es el contrato otorgado por la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX de forma directa, sin licitación.
En estos casos, como en otros, existen fundamentos y justificaciones particulares que pudieran explicar en abstracto las restricciones que disminuyen la concurrencia o la excepción al principio de licitación pública, pero lamentablemente el razonamiento no considera los posibles efectos de largo plazo en las condiciones de competencia de los mercados que, al final del día, terminarán por empeorar las condiciones ofrecidas al Estado en procesos de adquisición presentes y futuros.
Si se trata de encontrar ahorros y mejores condiciones, es fundamental entender que estos no pueden venir más que del funcionamiento competitivo del mercado, que es el mecanismo que asegura la mejora continua, disminución de costos e innovación de forma dinámica, es decir, a lo largo del tiempo.
Ahorros
Siempre es posible obtener mejoras estáticas en un proceso de negociación particular, digamos, al negociar un contrato que se asignará de forma directa con un solo proveedor, pero cualquier negociador sabe que, si el punto de partida es desfavorable o no se cuenta con otras alternativas, las ganancias posibles estarán acotadas.
Así, cuando el gobierno de la CDMX habla de los ahorros obtenidos al asignar directamente un contrato, podemos entenderlos quizá respecto del contrato anterior o del punto de partida de la negociación, pero sería difícil sustentar un ahorro respecto de lo que hubiera podido ofrecer otro proveedor bajo el principio de competencia y máxima concurrencia en una licitación. En ese campo sólo estaríamos especulando.
En la decisión tampoco se estaría contemplado el ahorro que es posible propiciar de forma dinámica para futuras adquisiciones, impulsando un mercado de compras públicas más competitivo donde concurran libremente otros proveedores que tengan la oportunidad de desarrollar soluciones innovadoras, con menores precios y mayor calidad, destinadas específicamente para las necesidades gubernamentales.
No se trata de colocarnos en una disyuntiva entre los objetivos sustantivos de las entidades públicas y el de proteger la competencia. Este último no es un fin por sí mismo, sino un poderoso instrumento para asegurar que los recursos de la sociedad -públicos y privados-se usen de la mejor forma, generar los productos y servicios que necesitamos a los menores precios y procurar que los beneficios de los mercados se distribuyan de manera justa.
En el mediano y largo plazos, sólo la preservación de la competencia asegura la innovación, eficiencia y mejores precios para el sector público y los ciudadanos.
Predicar con el ejemplo, en el uso de la tecnología
@elenaestavillo | @OpinionLSR | @lasillarota
*Comisionada del IFT y presidenta de la red de mujeres CONECTADAS. Las opiniones expresadas son a título personal y no deben entenderse como una posición institucional.