Venezuela se sobresaltó el pasado lunes al conocer la muerte de Fernando Albán, un concejal opositor que fue detenido pocos días antes acusado de participar en el plan para acabar con la vida del presidente, Nicolás Maduro, y otras autoridades del país haciendo explotar unos drones durante un desfile militar el pasado 4 de agosto.
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El gobierno asegura que Albán se suicidó mientras permanecía bajo custodia en dependencias policiales. La oposición no cree la versión oficial y sostiene que Albán fue asesinado
ESTAS SON LAS INCÓGNITAS QUE HAY EN EL CASO
Estas son las incógnitas de un caso que ha conmocionado al país, aumentando la preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en Venezuela.
El fiscal general designado por la Asamblea Constituyente promovida por Maduro, Tarek William Saab, anunció que Albán murió tras saltar desde la ventana de un décimo piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas en el que permanecía detenido.
De acuerdo con la versión de Saab, Albán pidió permiso para ir al baño y desde allí se arrojó al vacío. La caída, dijo el fiscal, acabó con su vida. Poco después, el ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, calificó lo ocurrido como un "suicidio"
1. Se tuvo conocimiento del suicidio de Fernando Alban,quien se encontraba detenido en el Sebin desde el 5 Octubre por la investigación del magnicidio frustrado y estar involucrado en actos desestabilizadores dirigidos desde el exterior,de los cuales,existen suficientes pruebas— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 8 de octubre de 2018
De inmediato, la oposición y otras voces cercanas al concejal Albán rechazaron la versión oficial.
Julio Borges, coordinador del partido Primero Justicia, al que pertenecía Albán, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de ser responsable de un "vil asesinato".
Henrique Capriles, quien fuera rival de Maduro en las elecciones presidenciales de 2013, dijo en Twitter que "quienes conocimos a Fernando sabemos que NUNCA podría haber actuado contra su vida".
"El régimen de Maduro y nadie más es responsable del asesinato de Fernando Albán", dijo la diputada Delsa Solórzano durante un acto de homenaje al concejal celebrado en la Asamblea Nacional, la cámara legislativa desprovista de sus poderes que todavía controlan los partidos contrarios al presidente.
La arquidiócesis de Caracas, a la que Albán, devoto católico, estaba muy vinculado y con la que colaboraba en distintas actividades benéficas, expresó en un comunicado: "La información dada hoy por el Fiscal General de la República nos deja perplejos y llenos de dudas razonables ante la tesis de un supuesto suicidio, no corroborado por una investigación profunda y objetiva".
El comunicado eclesiástico añadía que Albán había estado hasta el día antes de morir "sereno y tranquilo" y que incluso había dado "directrices a su equipo para que mantuviese el trabajo en favor de los pobres".
Desde las filas opositoras se destacó también una aparente contradicción en la versión gubernamental.
Mientras que el fiscal Saab afirmó que Albán saltó desde la ventana de uno de los baños de las dependencias policiales, el ministro Reverol declaró que lo hizo desde la sala en la que aguardaba a ser trasladado a una sede judicial.
El abogado del concejal señaló que en el baño desde el que se dice que saltó no hay ventanas y que el resto de las del complejo del Sebin están siempre cerradas.
Julio Borges dijo que fuentes oficiales a las que no identificó le habían confirmado que a Albán lo tiraron por la ventana cuando ya estaba muerto.
Luisa Ortega Díaz, quien fuera fiscal general de Venezuela y que en la actualidad vive fuera del país tras haberse enfrentado con el gobierno, aseguró que Albán murió ahogado mientras lo interrogaban "porque lo estaban torturando con una bolsa".
LOS MOTIVOS POR LOS QUE ESTABA DETENIDO
Albán fue detenido por agentes del Sebin el pasado viernes en el aeropuerto de Maiquetía, el más cercano a Caracas. Las autoridades lo acusan de tomar parte en el complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro y en "actos desestabilizadores"
Su compañero de filas, Julio Borges, ahora afincado en Colombia, es considerado por las autoridades venezolanas como uno de los cerebros de un plan que habría contado con la colaboración de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, y por el que también permanece bajo arresto el joven dirigente opositor Juan Requesens.
Albán había participado recientemente en una sesión de Naciones Unidas en Nueva York en la que denunció los que la oposición considera graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Su partido sostiene que esa fue la verdadera razón de su detención y niega que fuera parte de ningún intento homicida contra Maduro.
El gobierno lleva años afirmando la existencia de una conspiración internacional para derrocarlo y que "la extrema derecha venezolana" ha promovido distintas intentonas golpistas.
¿HA HABIDO UNA INVESTIGACIÓN SATISFACTORIA?
El ministro Reverol anunció la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias de lo que calificó como "lamentable suceso".
3. Se instruyó al Subdirector del Cicpc y un equipo multidisciplinario como responsables de la investigación conjuntamente con el Ministerio Público para esclarecer este lamentable suceso— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 8 de octubre de 2018
Sin que se hayan hecho aún públicos los resultados oficiales de la autopsia, aumentan los llamamientos desde distintas instancias internacionales para que se abra una investigación independiente.
Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mostró su preocupación por que en la detención de Albán se superó el plazo de 48 horas en el que, según las leyes venezolanas, un detenido debe ser puesto a disposición judicial.
La portavoz reclamó una investigación "transparente e independiente" y recordó que las autoridades venezolanas eran responsables de la seguridad de Albán mientras permanecía bajo custodia policial.
La embajada estadounidense en Caracas emitió un comunicado en el que describió la muerte de Albán como "sospechosa y violenta". La Unión Europea y 11 de los 14 países agrupados en el llamado Grupo de Lima también han expresado su preocupación y reclamado una investigación independiente.
Con información de BBC News
iarb