La presencia de funcionarios políticos y aspirantes a un cargo con antecedentes misóginos o de violencia política de género refuerza la normalización de la violencia por parte de la instituciones; ya que actualmente se tienen 16 registros de personas sancionadas por parte del Instituto Nacional electoral”, indicó la consejera electoral, Carla Humphrey, en la Mesa de Opinión El Heraldo de México - La Silla Rota.

“Parte de lo que está pasando con la reforma es que se conocen los nombres de los violadores. Tenemos a un registro de personas sancionadas, desafortunadamente hay 16 registros. La entidad federativa con más registros de Veracruz. Esto va a ser posible que la información a todo el país fluya y que no puedan ser registrados o por lo menos que las autoridades administrativas, a la hora de que se les presentan candidaturas tengan que evaluar si cumplen con el requisito de un modo honesto de vida”, señala Humphrey.

El Registro Nacional de Personas Sancionadas  en Materia de Violencia Política es una lista pública de todas las personas sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género. Veracruz tiene registradas siete sanciones, en segundo lugar está Quintana Roo con tres, Yucatán con dos y los estados de Campeche, Hidalgo y Oaxaca con una. El 50% de las sanciones fueron ejercidas por aspirantes a un cargo de elección popular y 75% fueron cometidas en el ámbito municipal. 

Avances en materia legislativa

“México hecho reformas desde el año 96 para sancionar toda forma de violencia física psicológica por supuesto la violencia feminicida. La muerte de las mujeres ha sido un caminar largo, para lograr en reconocimiento de sus derechos y por otra parte sancionar la violencia”, agrega Patria Olamendi, otra de las invitadas a la mesa de análisis.

Debido a este contexto, Olamendi señala la importancia de dejar en claro quiénes son los responsables de prevenir y eliminar esta violencia. “En este caso, señalar que los principales responsables son los partidos políticos en garantizar que las mujeres no sufran violencia política, por un lado, y asegurar que sus candidatos no hayan incurrido en actos de violencia”.

En estos avances legales está la Ley 3 de 3, que ha sido una de las herramientas impulsadas por legisladoras, feministas y defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, Humphrey señala que debe reestructurase para que se logre sancionar a los acusados de cometer actos de violencia.

“Tenemos obligatoriamente la Ley 3 de 3 contra la violencia que vino de las organizaciones civiles, de Las Constituyentes Feministas, estamos dando cuenta que  debe contar con sentencia condenatoria. Tenemos varios casos de mujeres golpeadas, mujeres a quienes estos personajes no les dan la pensión alimenticia. Nosotros de cualquier modo tendremos que hacer un análisis muy claro de los perfiles que se nos están presentando para ver si cumplen con un modo honesto de vida, además mienten y por lo tanto tenemos que presentar”, agrega la consejera electoral. 

Para garantizar un ambiente libre de violencia, Yndira Sandoval, fundadora de Las Constituyentes feministas e impulsora de la Ley 3 de 3 señaló que “los partidos están desprotegiendo a las mujeres y protegiendo a los agresores, deberían ser las instituciones las encargadas de investigar y sancionar a los agresores, a sabiendas de este tipo de antecedentes y denuncias totalmente presentadas ante las instancias responsables, en las que se omiten este tipo de delitos graves. La Ley 3 de 3 pretende ser una linterna que pone foco en otro tipo de violencia”, agrega Yndira.

¿Cómo avanzar hacia una vida libre de violencia?

La consejera electoral reconoció que la administración de este gobierno ha permitido avanzar en un marco penal para la violencia política, a diferencia del anterior, el cual se negaba tenerlo, lo que retrasó por años avanzar en este tema. El tema de violencia política en razón de género se debe abordar en conjunto, donde deben incidir las instituciones políticas, los medios de comunicación y la ciudadanía. 

“Estas elecciones serán de las más grandes que tendremos, en las que están en juego 20 mil 382 cargos y más de la mitad de estos cargos estarán mujeres. Además, hay que tener una vigilancia, ya que las mujeres, además de vivir esto tipo de agresiones sexuales, también son acosadas y molestadas durante sus cargos”, señala la consejera.

Olamendi agrega que en el tema legal se ha avanzado. “Ahora iremos por la legislación 3 de 3 para que en ningún cargo público estén agresores sexuales y deudores. Lo más importante es tener el respaldo ciudadano y que electores nos indignemos y no aceptemos que estas personas estén en espacios de poder. Otra medida es la sanción para eliminar los discursos que no favorecen a esta conducta”, agrega.

En cuanto al tema de paridad de género, en estas elecciones se postularán a por lo menos 40 mujeres como candidatas a 15 gubernaturas, mismas que se medirán contra otros 45 hombres. Para Yndira Sandoval y Diana Juárez, editora de La Cadera de Eva no es suficiente, el avance también está en las agendas políticas y voluntades, que se vaya más allá de los discursos.

“Es importantísimo que no solamente se toquen los efectos que hemos comentado sobre los perfiles de las candidaturas, también sus agendas políticas, agendas legislativas sus agendas de gobierno que se lleve el tema de las mujeres y especialmente de nuestros derechos humanos, no puede ser un asunto testimonial, no podemos ser el moño rosa de la solapa de nadie”, acusa Yndira.

La violencia política de género que se vive en México, está enmarcada en un contexto donde se asesinan a diario a 11 mujeres al día y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró que se hacen cada dos segundos llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar al 911.