Tras la renuncia de Monica Maccise del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el pasado viernes 19 de junio, en las posibles propuestas para ver quién será la próxima persona al frente de la dependencia, destacan no solo las mujeres, sino mujeres indígenas con una amplia trayectoria en la vida política.
La selección estará a cargo del Poder Ejecutivo. Es decir, sólo el presidente puede nombrar a la próxima o próximo titular, como lo hizo con Monica Maccise en 2019.
Pero ahora, López Obrador ha señalado que, quien debe estar al frente debe ser una mujer indígena, pues son ellas las que más han sufrido históricamente de racismo y discriminación.
Este lunes, la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) envió al presidente Andrés Manuel López Obrador seis candidatas para la presidencia de ese organismo. Entre ellas se encuentra Marcelina Bautista Bautista; Fátima Leonor Gamboa Estrella; Amaranta Gómez Regalado; Larisa Ortiz Quintero; Zenaida Pérez Gutiérrez y María Sánchez Álvarez.
Las seis mujeres cumplen con el perfil para ocupar la presidente de Conapred y su postulación obedece a una consulta entre diversas organizaciones de mujeres líderes indígenas, señaló Mariclaire Acosta Urquidi, quien preside la Asamblea Consultiva.
¿Quiénes son las posibles mujeres?
Marcelina Bautista Bautista fue directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH); forma parte de la Asamblea del Conapred y solicitó una suspensión de sus derechos para poder participar en esta lista.
Fátima Leonor Gamboa es abogada maya e integrante de la comunidad LGBTTTI. Experta en derechos de los pueblos indígenas y cooperación internacional por la Universidad Carlos III de Madrid; maestrante en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana; especialista en temas de acceso a la justicia con perspectivas de género e interculturalidad; experta en derechos de los pueblos indígenas; integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas de México y fundadora del Colectivo Maálob Kuxtal.
Amaranta Gómez Regalado es fundadora del Colectivo Binni Laanu A.C. y primera candidata Muxhe/trans a diputada federal reconocida por el IFE (hoy INE) con el nombre genérico de Amaranta Gómez Regalado. Es coordinadora del Secretariado Internacional Regional para pueblos indígenas ante el VIH/SIDA, la Sexualidad y los Derechos Humanos (SIPIA). Es asambleísta de Conapred y solicitó una suspensión de sus derechos para poder participar en esta lista.
Larisa Ortiz Quintero es originaria de la comunidad nahua de Santa Cruz Huitziltepec, en el municipio de Molcaxac, Puebla, y defensora e impulsora de los derechos de los pueblos indígenas.
Zenaida Pérez Gutiérrez es licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, con posgrado Internacional en Género y Comunicación del Instituto Internacional de periodismo José Martí. Es integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas.
María Sánchez Álvarez es licenciada en derecho y maestra en defensa de los derechos Humanos. Realiza trabajo organizativo con su comunidad indígena Zoque. Desde de los siete años ha sido traductora oral, del español y zoque, para su abuelo que es anciano de la comunidad y demás servidores comunitarios zoques, para el trabajo de organización comunitaria.
Mujeres indígenas en la política
En México existen actualmente 69 pueblos indígenas, donde habitan casi 25.7 millones de personas que se autoreconocen como indígenas, según el Censo Intercensal 2015 del INEGI que retoma el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), para el Informe Sombra sobre Participación Política de las Mujeres Indígenas. Esto representa el 21.5% de la población mexicana, de ellas 13.2 millones son mujeres.
Desde el 2001, una reforma constitucional en materia indígena reconoció legalmente a los pueblos indígenas y les facultó a ejercer su libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización, además de garantizar su pleno acceso a la jurisdicción del estado, dándoles el derecho a la participación y representación política de las personas indígenas.
Según el informe del ILSB, en México, las mujeres indígenas siguen sin ser tratadas como sujetas de derecho, se les sigue viendo como beneficiarias de proyectos productivos o de asistencia social, y no se han generado mecanismos claros que fortalezcan su derecho a participar en espacios de representación y toma de decisiones.
Además, el estudio revela que las mujeres indígenas consideran que su ausencia en espacios de toma de decisiones conlleva que no se atiendan sus necesidades reales ni las de sus comunidades.
“En México siguen predominando las políticas monoculturales, de tutelaje y asistencia social, sin perspectiva étnica, intercultural ni de género, y que no reconocen a las mujeres indígenas como sujetas de derechos, con capacidad de gestión, acción y gobernanza”, señala el informe.
Las mujeres indígenas han denunciado también la agudización de la violencia política por su condición de género y etnia cuando deciden participar en elecciones.
bl