Una realidad es que existen mujeres encarceladas por abortar que aún no conocen su caso, nunca las han visitado, no les han hablado y no conocen su sentencia, señaló Karla Micheel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
Después de la decisión de la SCJN en el que se determinó que criminalizar el aborto era inconstitucional, la Defensora Pública dará seguimiento a los casos de las mujeres que fueron sentenciadas por abortar.
La revisión de los casos de mujeres que han sido encarceladas por abortar permitirá visibilizar su contexto que en su mayoría han sido mujeres indígenas, en condición de pobreza o de comunidades rurales. “Podremos conocer a quiénes estuvieron encarcelando”, apuntó María Adriana Fuente, coordinadora de Equifonía, en el Facebook Live organizado por La Cadera de Eva.
Adriana Fuente apunta que fue una constante que las mujeres en condiciones de pobreza y con baja educación fueran sentenciadas por esta razón. “Son emergencias obstétricas en su mayoría por las que las mujeres abortan y no se atienden y en el imaginario del sector público es que las mujeres tenían la intención de abortar”, apuntó Adriana Fuente.
Tanto para Karla Micheel Salas como para Adriana Fuente la decisión de la Suprema Corte impactará en las mujeres y niñas de que tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Algunos sectores públicos comenzaron a nombrase objetores de conciencia, no tanto por conocer el término y por motivos religiosos, sino por cuestiones de prejuicios y cuestiones económicas.
Por lo que la Suprema Corte solicitó solicita cambiar es el 10 Bis de la Ley Genera de Salud en la que “el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley”.
La abogada Karla Micheel señaló que algunos médicos que trabajan en instituciones públicas y se niegan a brindar este servicio, tenían sus clínicas privadas donde lo ofrecían.
“Este debe ser un servicio que debe garantizar el Estado, hay una serie de prejuicios por el servicios. Muchas veces se tratan de urgencias obstétricas y es el propio cuerpo el que está expulsando”, apuntó Micheel.
Con la decisión de la Suprema Corte las defensoras y activistas señalaron que se sintieron conocidas como personas.
“Sí nos paramos a disfrutar el reconocimiento del trabajo del movimiento feminista y esto aún no se acaba, ahora debemos buscar que a todas las mujeres se les garantice todos los derechos”, apuntó Adriana Fuente.
“Es como si nos hubieran reconocido como si fuéramos personas”, señaló Micheel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.