En América Latina existe una red de centros afiliados a la organización conservadora estadounidense Heartbeat International (HI), que engañan a las mujeres para que no interrumpan su embarazo.

TAMBIÉN LEE: Mitos y realidades sobre la despenalización del aborto

Una investigación de El País revela que dichos centros se disfrazan de sitios feministas y con lenguaje engañoso a favor del aborto para enganchar a las mujeres que desean suspender su embarazo.

La investigación abarcó estos cinco países Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador y México, y en ella participaron periodistas encubiertos entre 2019 y 2021 como seguimiento a una investigación de OpenDemocracy sobre las operaciones de HI.

Los periodistas descubrieron el modus operandi de estos centros: ofrecen información falsa sobre el aborto, proponen la adopción como alternativa y, en algunos casos, ofrecen temporalmente estancia y comida.

“Su estrategia forma parte de la nueva embestida del movimiento ultraconservador que trabaja en la región para contener el avance de los derechos reproductivos de la mujer”, señala el reportaje de El País.

En México, Colombia y Costa Rica los portales de dichos centros utilizan publicidad engañosa o se identifican como activistas feministas. En estos países ofrecieron a las reporteras —que se presentaron como mujeres embarazadas en condiciones de vulnerabilidad—, un proceso de adopción ilegal.

Expertas consultadas coinciden en que las ofertas de adopción que hacen no son reales, sino una manera de convencer a la madre de que lleve el embarazo a término. “Este es un tema súper subterráneo”, asegura Susana Chávez, directora ejecutiva del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai), quien ha seguido la ofensiva de grupos políticos ultraconservadores en la región por décadas.

La adopción como alternativa a la interrupción del embarazo “es una mentira”, asegura: “En realidad lo que busca es desanimar a la niña, a la adolescente, a las mujeres, de abortar con una falsa promesa que no van a cumplir jamás”.

Heartbeat International no respondió a dos solicitudes de comentarios sobre los hallazgos de este reportaje dirigidos a su equipo de comunicación.

Según su propia página, Heartbeat opera a través de 2,850 organizaciones afiliadas en todo el mundo. Dentro de Latinoamérica existen los Centros de Ayuda a la Mujer (CAM), que se dedican a recibir mujeres con embarazos no deseados, les ofrecen información falsa sobre el aborto y, en algunos casos, la oportunidad de vivir ahí hasta que su embarazo termine. México es uno de los países con el mayor número de CAM —tiene 70— y le sigue Argentina con 32.

Varios de estos sitios tienen publicidad engañosa en redes sociales. En México posan como clínicas de interrupción legal del embarazo, pero al establecer contacto los centros citan a las mujeres en persona, en donde les piden datos personales sensibles, como el nombre y contacto de su pareja.

A las reporteras de El País que acudieron a los centros en México les mostraron videos y panfletos con información falsa sobre el aborto, como que podría llevarlas al suicidio y podrían sufrir de síndrome post-aborto, una especie de impacto psicológico cuya existencia no está probada.

Dijeron que el uso de la pastilla de misoprostol puede llevar a un aborto “incompleto” que puede generar una infección; que un aborto puede ocasionar cáncer de pecho, hemorragia incontrolable, la muerte y hasta una posible amputación de piernas.

En todos los casos le dijeron que no estaban solas, ya que el centro podría acompañarlas durante todo el embarazo y ayudarles en el proceso de adopción del bebé.

En México, los portales aborto.mexico.com e interrumpir-embarazo.com ofrecen a primera vista orientación para interrumpir el embarazo, que es legal hasta las 12 semanas de gestación en cuatro Estados. Los portales ofrecen números de Whatsapp de institutos afiliados a HI que, en el país, se llaman Vida y Familia A.C. (Vifac). En dos centros de Vifac, uno en Ciudad de México y otro en Monterrey, la reportera expresó su deseo de que no quedara rastro de su supuesto embarazo. Vifac le ofreció como opción la “cancelación” del acta de nacimiento del bebé, un trámite que no existe.

En 2019, México pasó una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual prohíbe explícitamente a cualquier organización de la sociedad civil dar en adopción. Esto implica que ni los gobiernos estatales ni los municipales tienen la facultad de permitir a organizaciones civiles que lleven procesos de adopción.

En un reportaje publicado hace algunos años, la reportera mexicana Thelma Gómez Durán señalaba que Vifac recibía fondos tanto de instituciones privadas como de familias con mucha influencia en el país.

ALBERGUES Y PROMESAS DE ADOPCIÓN

En junio de este año, El País visitó las instalaciones de la “Casa azul” de Vifac, en Satélite, Estado de México. Mensualmente, según contaron de manera informal durante la visita, reciben una docena de mujeres que tocan sus puertas —algunas buscando un aborto, otras referidas por otras instituciones— y tienen entre 8 y 10 niños en sus cuneros. Una vez que deciden quedarse en Vifac, le aseguraron a la reportera, las mujeres reciben un techo, alimentos, atención médica y acompañamiento, y, la “cereza”, como lo llamaron las coordinadoras, son talleres que supuestamente en un futuro las ayudarán a salir de su precaria situación económica.

Algunas de estas mujeres, de acuerdo con su propio testimonio, estaban agradecidas de tener un lugar donde vivir y llevar a término su embarazo; otras, de haber podido salir de una situación de violencia doméstica. Durante la visita, una mujer salió con un bebé en brazos, y una de las encargadas del centro dijo que se trataba de una abogada voluntaria que iba al juzgado porque ya estaba autorizada la adopción; aseguró que el proceso era muy rápido gracias a las buenas relaciones que tenían “con la jueza”.

Según Susana Vallina, encargada de comunicación de Vifac, entre 90% y 92% de las mujeres terminan quedándose con sus hijos. Sin embargo, reconoció que no hay seguimiento a estas mujeres puesto que su misión es solamente el de apoyo a embarazadas. Vifac asegura que tiene fuertes lazos de colaboración con la fiscalía y la procuraduría del Estado de México, y que colaboran con la lista de padres a los que se dan en adopción.

LAS INVESTIGACIONES EN MÉXICO

Al ser consultado sobre estos puntos, el Gobierno federal dijo que los procesos de adopción tramitados ante cualquier instancia que no sea la oficial “son realizados de manera irregular”, y que esto incluye “la promesa de adopción durante el proceso de gestación”.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) dijo además que desde agosto habían constatado que Vifac no ha entregado a las autoridades la Constancia de Autorización para operar como Centro de Asistencia Social.

En su respuesta, el DIF detalló también que, a partir de la consulta realizada por El País, este 20 de octubre la fiscalía y la procuraduría del Estado de México emprendieron diversas acciones para obtener información sobre si existe algún tipo de relación institucional con Vifac, “debido a que se advierte la posible realización de prácticas ilícitas en materia de adopciones”, y para “indagar si se han tramitado adopciones en coordinación con dicha institución de asistencia privada”.

Dos años antes de esta visita, en un centro en el sur de Ciudad de México que entonces figuraba como afiliado a Heartbeat, una mujer le había ofrecido a una de las reporteras encubiertas “canalizarla” a una organización independiente con la promesa de que ofrecían una alternativa diferente a la del DIF, única organización autorizada para llevar a cabo adopciones por ley.

En la sala de espera del centro, la reportera pudo ver a muchas mujeres jóvenes con niños de brazos esperando recibir una despensa. Consultado por la forma de operar de estos centros, Miguel Ángel Salazar, quien se presenta como asesor médico de la red de CAMs en América Latina, aseguró que “estas instituciones trabajan en favor de la niñez y en favor de la mujer”, y que los cuestionamientos por la manipulación a la que someten a mujeres embarazadas “son mentiras” y tienen “un sesgo ideológico”.

También dijo que tenía “forma de fundamentar” de que estas eran mentiras; pero, al pedirle más detalles al respecto, cortó la comunicación de manera abrupta.

Las periodistas que trabajaron en esta investigación son Carla Perelló, Megan Janetsky, Jennifer Ávila y Álvaro Murillo.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa del programa Salud Reproductiva, Derechos y Justicia en las Américas. Para leerlo completo vaya a este enlace.

rst