¿Por qué debemos considerar el embarazo adolescente como problema social?

Una de las expectativas más importantes que se ha fincado a partir de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es que la maternidad pueda ser vivida desde la elección; que con base en la información y la libertad las mujeres puedan elegir si desean ser madres, cuándo serlo y decidir el número de hijos/as.

La adolescencia es una etapa crucial en la vida de cada ser humano, ya que conlleva cambios físicos, emocionales y sociales de gran importancia para las personas. La Organización Mundial de la Salud OMS considera que el periodo de edad de la adolescencia va entre los diez y diecinueve años.

¿Qué es un embarazo adolescente?

Para que un embarazo se pueda catalogar como adolescente debe de existir un encuentro sexual con o sin consentimiento, sin protección anticonceptiva entre una mujer adolescente y un hombre que puede ser o no adolescente.

Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 “De los 2.0 millones nacimientos registrados en 2019, el 16.6% (348,046) fueron madres menores de 20 años: 339,539 en adolescentes y 8507 nacimientos en niñas menores de 15 años”.[1]

El embarazo adolescente y las políticas públicas

En las últimas décadas el embarazo adolescente ha adquirido importancia en la agenda pública, y se ha considerado como un asunto de importancia en la formulación de políticas públicas.

En México, desde el año 2015 se presentó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) la cual tiene el objetivo de disminuir los embarazos en esta población.

Esta estrategia es vigente al día de hoy y lo que se propone es disminuir a cero la ocurrencia de embarazos infantiles de 10 a 14 años, además de disminuir al 50% los embarazos de adolescentes de 15 a 19 años. Para ello a nivel nacional, estatal y municipal el gobierno organiza actividades para concientizar a la población acerca de este fenómeno, no sólo a las adolescentes, sino también a personas que están alrededor de ellas, entre ellos padres, maestros y pares.

Esto siguiendo ciertas directrices que se encuentran dentro del marco de la estrategia, tales como “educación inclusiva, integral y flexible, educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva, oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes a las capacidades, entorno habilitante, servicios de salud amigables resolutivos, inclusivos y versátiles y detección temprana y atención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes”.[2]

Problemas sociales que conlleva el embarazo adolescente

Una razón para considerar el embarazo adolescente como un problema social que es importante mitigar, es el hecho de que los contextos en que estos ocurren, en su gran mayoría, son producto de desigualdades sociales y de género, incluso en entornos de violencia.  La mayor ocurrencia sucede en el estrato rural, debido a la falta de oportunidades de educación, de acceso a los servicios de salud, y de la limitada posibilidad que tienen especialmente las mujeres de plantearse un proyecto de desarrollo personal; lo que ocasiona que las jóvenes visualicen como única forma de reconocimiento social y de valoración el convertirse en madres.

El embarazo adolescente es generalmente catalogado como indebido en la opinión pública, a consecuencia de los cambios sociales y culturales que han ocurrido a lo largo del tiempo en México. La aspiración es que un embarazo adolescente no debería ocurrir en la actualidad, debido a las expectativas puestas en las adolescentes, pues se parte de la idea de que el acceso a la información sobre el ejercicio de una sexualidad placentera y con acceso a métodos de anticoncepción está al alcance de toda la población. Situación que es contraria a lo que acontece y en especial en los sectores rurales, en donde el acceso a la educación en general y en particular la educación en materia de sexualidad es casi nula.

De continuar sancionando socialmente el embarazo adolescente y las prácticas sexuales de jóvenes, imposibilitará a esta población ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos, al igual que el acceso sin prejuicios y barreras a la educación e información, para que puedan ejercer su sexualidad de forma responsable, pero también de forma placentera.

Con lo expuesto lo que se propone es deshacerse de las valorizaciones negativas a la hora de dirigir la atención a las adolescentes que deciden llevar su embarazo a término, porque muchos de estos prejuicios imposibilitan el entendimiento de este fenómeno y de las condiciones en que se producen estos embarazos.

Sin duda el embarazo adolescente es un problema social que acarrea distintas consecuencias a las madres jóvenes y a sus hijos e hijas, pues limitan el acceso al desarrollo en este sector de la población, sin embargo, es importante entender el contexto en el cuál mayoritariamente se da y colocar la ejecución de políticas públicas no sólo en la prevención y reducción de las tasas de embarazo sino también en la garantía de acceso a trabajo, salud, vivienda, entre otros servicios básicos que puedan apoyar la vida de estas mujeres y sus familias.