El estado de Oaxaca hace historia al convertirse en la segunda entidad en nuestro país en aprobar la despenalización de todo procedimiento de interrupción del embarazo, que ocurra antes de las 12 semanas de gestación.

Este avance vinculado a la garantía de que el aborto sea seguro, legal y gratuito – con la meta de lograr que así sea en todo el territorio mexicano- no termina con esta aprobación, en realidad abre la puerta para muchas otras discusiones que permitan consolidar de manera efectiva, el derecho de todas las mujeres decidir sobre su cuerpo, sin discriminación alguna. 

Oaxaca, por sus características, es  en realidad un buen lugar donde  se puede arrancar esta cruzada a favor de la maternidad por elección. Rico en tradiciones, cultura, biodiversidad y recursos, también es uno de los tres estados más pobres del país. Además de ello, de acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015 del INEGI, Oaxaca es el estado de la república que tiene el mayor porcentaje de población indígena: 32 por ciento de la población oaxaqueña mayor de 3 años, es hablante de una lengua indígena, siendo el estado que registra un porcentaje mayor en este rubro.

En términos de auto adscripción la cifra aumenta, ya que de acuerdo con la misma encuesta el  65.7 por ciento de la población mayor de 15 años  se identifica como población indígena. De esa cifra, el 52.5 por ciento son mujeres.

También ocupa el 5to. lugar en violencia ejercida a mujeres de 15 años y más, por sus parejas, de acuerdo a Informe Mujeres y Hombres en México 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Por otra parte, la Secretaría de salud del estado, estima que, al año se realizan 2 mil 300 abortos clandestinos, pero la cifra puede aumentar debido justamente a eso, a la necesidad de que no se registre por temor a la criminalización.

Hablamos entonces de un  contexto en el que las mujeres deben poder acceder a su derecho a decidir en medio de diferentes condiciones de pobreza y discriminación. En este escenario –  esbozado aquí de manera muy general- es claro que lo aprobado en Oaxaca, va más allá de solamente decir sí o no a la posibilidad de que las mujeres elijan si desean interrumpir el embarazo. En realidad, también sirve – y de mucho- para llamar la atención hacia otros problemas como el de la pobreza, la violencia, la discriminación y la desigualdad de género en este estado y en el país. 

Ello implica diferentes tipos de acciones, por ejemplo, mejorar los mecanismos de denuncia para identificar adecuadamente cuándo una mujer ha sido violada y cómo evitar que sea revictimizada o discriminada en su derecho de acceso a la justicia. Jueces, juezas y ministerios públicos deberían estar en condiciones de emitir sentencias con enfoque de género y no discriminación y valorar las condiciones de la víctima en otros temas vinculados, como son el acoso y la violencia.

Sabemos que esto no sucede así ni en México, ni en Oaxaca, ni en la región en general. Con mucha frecuencia las mujeres son acusadas de “provocar” la agresión y en los casos en que el agresor es la pareja y tampoco tienen acceso efectivo a los mecanismos de denuncia que les permitirían abortar. 

Por tanto, es imperativo que las condiciones  en la toma de decisión frente a la maternidad dejen de ser injustas para muchas mujeres. Especialmente para las más pobres, para las niñas y jóvenes, para las que viven en zonas rurales e indígenas, para las que tienen una baja escolaridad, las que tienen una discapacidad, o las que son lesbianas, porque todas ellas son tratadas con prejuicios diferentes por el Estado y sus instituciones, cuando se acercan a pedir justicia para castigar la violencia, o acceder a su derecho de interrumpir el embarazo por la causa que sea.

Decir que sí al aborto legal, seguro y gratuito, implica las tareas mencionadas y otras más, porque además debería haber educación sexual e información sobre el procedimiento de interrumpir el embarazo desde las escuelas, acceso a la salud sexual y reproductiva, y en su caso, infraestructura y personal médico suficiente y capacitado para que las mujeres, niñas y jóvenes ejerzan de manera libre su derecho a decidir. 

Es decir que, en ningún caso, el Estado puede ser omiso ante su responsabilidad de asegurar todos los derechos a las mujeres  en esta materia. El tema no sólo es aborto sí, o aborto no. El tema es justicia, legalidad, salud, educación, y no violencia, de manera transversal, con enfoque de género y no discriminación. 

Derecho a la vida, sí, siempre, pero con sentido y significado. Entendiendo lo que significa ser mujer en todas sus expresiones y lo que es tener que vivir, morir y sobrevivir en una sociedad como la nuestra. Y por todo ello, gracias Oaxaca. Gracias por la esperanza construida de cantera verde. 

NORMA LORENA LOEZA 

Twitter: @Norenaloeza

Maestra en Estudios Latinoamericanos y Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue becaria del Instituto Mora. Es Profesora en Educación Preescolar por la Escuela Nacional de Maestras de Jardines de Niños. En el año 2000 recibió la Medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario, por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado en organismos de la sociedad civil y el gobierno de la Ciudad de México en temas de Derechos Humanos, no discriminación y políticas y presupuestos públicos.