Hablar de la situación que enfrentan las mujeres en territorios ocupados por la delincuencia organizada sitúa el análisis de la violencia contra la mujer en un concepto poco estudiado, como lo es la violencia social, mismo que busca esclarecer, principalmente, cómo las confrontaciones entre las organizaciones dedicadas al narcotráfico (en donde cabe la extorsión, secuestro y tráfico de personas) provocan un incremento en la inseguridad, teniendo repercusiones directas en el incremento en la violencia contra la mujer.
En los últimos 13 años el narcotráfico ha agredido a 45,713 mujeres, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, ha sido un error invisibilizar la problemática de género implícita en dichos delitos. El crimen organizado es una emergencia nacional de seguridad, pero la violencia contra las mujeres también.
La realidad de las mexicanas resulta preocupante, no sólo deben enfrentar la violencia perpetrada por grupos organizados, también deben sobrevivir a las agresiones sexuales, violencia familiar, brechas salariales, acoso sexual, desapariciones y feminicidios.
El Estado ha justificado los feminicidios, agresiones sexuales y violaciones graves de derechos humanos como parte del costo del crimen organizado, dejando de lado su responsabilidad de promover, proteger y salvaguardar los derechos humanos de las mexicanas, ignorando que la violencia de género es estructural y también ha sido perpetrada por instituciones gubernamentales.
El Estado ha justificado los feminicidios, agresiones sexuales y violaciones graves de derechos humanos...
Recordemos que la violencia contra la mujer responde en mayor medida a las desigualdades estructurales que se han perpetuado a lo largo de la historia, en donde la mujer ha vivido segregada dentro de un contexto de desigualdad, coexistiendo bajo un trato como inferior con respecto al hombre. Esta desigualdad se ha manifestado en casi todos los ámbitos (incluyendo la delincuencia organizada), trayendo como consecuencia grandes rezagos para las mujeres en casi todas las esferas de la vida.
Lo que nos lleva a reconocer que la desigualdad se sigue perpetrado a pesar de los avances que la lucha feminista ha alcanzado a partir del reconocimiento de los derechos de las mujeres, no obstante, el reconocimiento legal no es equivalente a la realidad que viven las mexicanas, debido que existen múltiples dimensiones de desventajas, subordinación y discriminación sistemática hacia las mujeres, que impiden su desarrollo de manera igualitaria con respecto a los hombres.
Esto ha definido, hasta nuestros días, la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Porque es claro que aún cuando en el papel se han reconocido los derechos fundamentales, hay diferencias históricas e interculturalidad que delimitan su actuar dentro de la sociedad, orillándolas a vivir bajo condiciones discriminatorias.
La violencia contra la mujer se manifiesta en todos los países del mundo, en todos los niveles sociales y en todos los ámbitos de la vida; causa sufrimientos, cercena vidas y deja a incontables mujeres viviendo con dolor y temor. Causa perjuicio a las familias durante generaciones y empobrece a las comunidades. En consecuencia, la violencia contra la mujer es considerada una de las más persistentes formas de discriminación existentes y una inminente violación de los derechos humanos.
Y si a todo lo anterior le incluimos la violencia sexual, ser motín de guerra, incremento en la vulnerabilidad, desplazamiento forzado, pérdida de bienestar, que son provocadas por el crimen organizado, se agravaban de forma preocupante las brechas de desigualdad.
La violencia se presenta en el espacio público y en el privado, en las relaciones de pareja, en la familia, en las comunidades, en el narcotráfico, así como en las áreas de trabajo. Está totalmente arraigada en las relaciones estructurales de desigualdad de género y es uno de los principales medios que permiten al hombre mantener su control sobre la capacidad de acción y la sexualidad de la mujer.
Por tal motivo, se vuelve imprescindible que el Estado ponga a disposición todos los recursos que sean necesarios para erradicar la violencia contra las mujeres, y así, garantizarles el principal derecho humano, el derecho a la vida.
*Xóchitl Arzola Vargas, Activista y presidenta de Mujeres en Cadena AC.