La población que vive en instituciones de atención a personas con discapacidad, como son los psiquiátricos, casas hogar y albergues, corre mayor riesgos de contraer coronavirus y morir debido al confinamiento, el hacinamiento y la falta de medidas de higiene, afirma el Observatorio de Género y Covid-19 del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
A nivel mundial se estima que hay más de mil millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad, la Encuesta Mundial de la Salud (EMS) estima que la tasa de prevalencia de la discapacidad en mujeres es casi 60% más alta que la de los hombres.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en México el 5.13% de la población total tienen alguna discapacidad física o mental, lo que representa 5.7 millones de personas,. El 51.1% son mujeres y niñas.
Abuso sexual, esterilizaciones forzadas y otros abusos
El GIRE, a través de su Observatorio Género y Covid-19, informó que debido a la pandemia, muchas mujeres con discapacidad han sido segregadas de la sociedad en espacios residenciales como albergues, casas hogar, orfanatos y hospitales psiquiátricos, donde son víctimas de múltiples abusos, incluídos el abuso sexual, la esterilización forzada, sujeciones físicas y químicas, así como discriminación.
El Observatorio Género y Covid-19 hace énfasis en que además del abuso sexual, las niñas y mujeres con discapacidad pueden sufrir la negación de sus derechos sexuales y reproductivos.
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Existe una falta de acción y atención específica para las mujeres y niñas con discapacidad aunque son más de la mitad de la población total de personas con discapacidad en el país, y quienes tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia, cuestión que se agrava con el confinamiento.
Las acciones por parte del gobierno
De acuerdo con la información proporcionada por el GIRE, el gobierno solo ha llevado a cabo dos acciones respecto a las personas con discapacidad: continuar la entrega de pensiones para las personas con discapacidad en su domicilio y la publicación de un exhorto al Estado mexicano para adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la Fase 3 de Emergencia Sanitaria, publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Ninguna de las medidas antes mencionadas contempla a las personas con discapacidad que están viviendo en instituciones, ni son medidas con perspectiva de género.
El GIRE, a través del Observatorio Género y Covid-19, han recomendado al Estado mexicano implementar las medidas señaladas en el pronunciamiento de la Asamblea Consultiva del CONAPRED respecto a las personas institucionalizadas y el respeto a sus derechos humanos, así como atender las recomendaciones de la Resolución 01/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con información de: GIRE