Debido a la pandemia, más mujeres han tenido que asistir a clínicas privadas para iniciar su proceso de parto, el problema es que en estas instituciones se tienen mayores índices de nacimientos por cesárea. Como resultado, en 2020, por primera vez, este método superó al de partos naturales y llegó a ser más de 50%, de acuerdo con datos preliminares del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) de la Secretaría de Salud. Esto a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que dicho método no supere el 15% de los nacimientos en un país.
El aumento en la práctica de cesáreas coincide con los meses de contingencia por la pandemia de COVID-19. El problema de dicha práctica es que, someter a una mujer a una cirugía no justificada para tener un hijo, en lugar de seguir el curso de su embarazo hasta llegar a término natural, se considera por la ONU una posible forma de violencia obstétrica. Es decir, un tipo de violencia contra las mujeres.
Además, algunas mujeres solicitan practicarse una cesárea con el primer bebé para evitar el trabajo de parto o las posibles complicaciones de un parto vaginal, pero no se recomienda optar por este método si se planea tener varios hijos. Esto es porque las mujeres que se someten a varias cesáreas presentan mayor riesgo de tener problemas en la placenta y sangrado intenso.
Y, aunque no toda cesárea es violencia obstétrica, tener un alto porcentaje de estas operaciones puede ser un indicador de que la educación para la salud reproductiva no es la más óptima, pues las mujeres no tienen toda la información sobre las opciones y posibilidades que tienen para su parto.
Inversión en las clínicas privadas
Diversas mujeres han considerado cambiar de hospitales públicos a privados para su proceso de parto, pues consideran que estarán menos expuestas al virus COVID-19. Incluso, algunas de ellas han llegado enviadas por el propio sector público.
El gobierno de México firmó el 23 de abril un acuerdo con la Asociación Nacional de Hospitales Privados para referir a esos establecimientos a pacientes que requirieran atención de segundo nivel, y así tener más capacidad para recibir a los enfermos de COVID-19. Como resultado de ese acuerdo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó el 11 de septiembre que había transferido a más de 14 mil pacientes, de los que 11 mil 724 fueron por atención de embarazo, parto o cesárea y puerperio, es decir, el 82%.
El aumento de partos en el sector privado ha sido clave para entender el aumento global en el número de cesáreas, ya que, mientras los hospitales públicos resuelven por cirugía 4 de cada 10 embarazos, los particulares lo hacen con 8 de cada 10. Esto se debe a que muchas veces son clínicas muy pequeñas que ni siquiera son manejadas por especialistas en gineco obstetricia, sino por médicos generales.
La doctora gineco obstetra, María Fernanda Acevedo Vega, coordinadora de programas médicos del IMSS, explica en entrevista con Animal Político, que se refirió a privados a todas las mujeres a partir de 34 semanas de embarazo que estaban sanas, sin sospechas de contagio de coronavirus ni condiciones de riesgo, por lo que eran candidatas para tener un parto natural. Sin embargo, dice que el Instituto ya no tuvo injerencia en la atención posterior ni en la decisión de los médicos particulares de cómo resolver el nacimiento, si por vía vaginal o abdominal.
La posibilidad de elección de las mujeres se ha reducido debido a la crisis sanitaria que se está viviendo en la actualidad, sin embargo, es necesario cuestionar también el acceso a la información en cuestión de salud reproductiva. México ya era uno de los países con más cesáreas del mundo, el cuarto lugar, según un estudio de la OMS de 2010, con tasas que rondaban el 45%. En datos más recientes de la organización, actualizados hasta 2015, solo había cuatro países con porcentajes superiores al 50%: República Dominicana a la cabeza, seguido de Chipre, Brasil y Egipto.
Con información de Animal Político