Dicen que “obras son amores, no buenas razones”. Este dicho popular sirve para reflexionar lo que pasa con el presupuesto público y las prioridades del Estado mexicano, particularmente cuando se trata de analizar a quiénes están dejando fuera las instituciones (otra vez).
Las Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana , conocidas también como CAMI, son, de acuerdo con el propio sitio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, espacios cuyas acciones “constituyen una herramienta para el acceso a los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas… donde mujeres indígenas y/o afromexicanas brindan atención con pertinencia cultural, perspectiva de género y derechos humanos en las vertientes de derechos de las mujeres, prevención de violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos.” En el país hay 35 CAMIs, la mayoría de ellas articuladas en la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena.
Estas casas reciben subsidios de máximo un millón de pesos anuales según datos del INPI, en caso de encontrarse en su fase de consolidación. Es decir, menos de 100 mil pesos mensuales para brindar alojo, alimentación, atención psicológica, apoyo legal, servicios de interpretación y acompañamiento en salud a mujeres indígenas (y sus hijas e hijos) víctimas de violencia o en alguna situación de vulnerabilidad relacionada.
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Recortes al presupuesto federal
El 30 de abril pasado se anunciaron recortes al presupuesto federal, incluyendo al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Con ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió destinar esta partida del Programa de Derechos Indígenas a la “atención de la pandemia”, -como si las mujeres indígenas y afromexicanas no estuvieran también enfrentando la situación de salud por el covid-19-, dejando en la incertidumbre y el abandono esta política pública y a las cientos de mujeres que encuentran en ella una esperanza para las diversas situaciones de violencia doméstica y estructural que enfrentan. Lo anterior, sin que el titular del Instituto levantara la voz en defensa de un programa que ha mostrado ser positivo para un sector de la población al que históricamente se le ha negado acceso a la justicia y la protección de sus derechos humanos.
De acuerdo con Cristina Solano, integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indigenas, con el recorte del 75% al INPI solo se puede cubrir su operatividad administrativa, es decir, no puede llevar a cabo ninguna de las actividades sustanciales que debe realizar, como sucede con muchos otros casos en la Administración Pública Federal.
Tras la articulación de estrategias políticas de incidencia, y sin el apoyo inicial del INPI, las mujeres de la Asamblea Nacional y sus aliadas lograron que Hacienda comprometiera el 35% de los recursos, pero esto es claramente insuficiente. No sólo porque el 100% de los recursos ya era de por sí escaso, sino porque frente a la pandemia del covid-19, aunque el gobierno federal lo niegue, la violencia contra las mujeres ha aumentado y muchas de ellas quedan en absoluta desprotección del Estado, con el riesgo que ello implica para sus vidas y, en su caso, las de sus hijas e hijos.
Como lo comenta Cristina, quien también dirige la organización mediadores interculturales e integra la Red Nacional de Intérpretes, el recorte de recursos presupuestales pone en falta al Estado mexicano respesto a sus compromisos internacionales con los pueblos y las mujeres indígenas; sumándose a las de por sí enormes brechas en acceso a salud, justicia, educación y tecnología -mismas que se han hecho aún más visibles en la actual crisis de salud-.
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En riesgo mujeres indígenas
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La falta de capacidades y voluntad para coordinar las acciones entre autoridades federales, estatales y las del sistema normativo interno (conocido como usos y costumbres) pone en mayor situación de riesgo a estas poblaciones y particularmente a las mujeres y a la infancia. Al hablar sobre las constantes referencias del actual gobierno federal a los pueblos indígenas, Cristina es clara: “lo simbólico es importante, pero debe impactar en presupuestos.” En otras palabras, la frase ´primero los pobres´ debe reflejarse en políticas públicas que además consideren sus demandas y las experiencias de lo que ha funcionado y lo que no, así como las condiciones que enfrenta cada grupo.
El presidente de la República y el titular del INPI, Adelfo Regino pidieron a las mujeres no dejar de hacer tequio -un sistema de trabajo colectivo y de beneficio mutuo- y lo cierto es que ni las comunidades ni las mujeres han dejado de hacerlo, pero se requieren políticas que garanticen los derechos humanos de las personas que habitan esas comunidades y, en este caso, vean por la integridad de las mujeres. El Estado no puede desentenderse de sus obligaciones y deudas históricas.
El llamado de Cristina y las mujeres que integran la Asamblea Nacional Política de Mujeres al gobierno es que se reintegre el 100% de los recursos a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana. A la sociedad, nos piden que no dejemos de ver la situación que enfrentan y nos solidaricemos para exigir que en los pueblos se garantice una vida libre de violencia.
*Maria Fernanda Salazar Mejía es politóloga y maestra en derecho constitucional y derechos humanos. Feminista. Me gusta bailar, la playa y el deporte. Mezcalera y cervecera.